El Gobierno recorta a un año el plazo de las empresas para cumplir la Ley de Movilidad Sostenible
El Gobierno ha acelerado mediante un real decreto la implantación de los planes de movilidad sostenible al trabajo que aprobó en diciembre pasado. Si hasta el momento se concedía un periodo de 24 meses para que las empresas con más de 200 trabajadores tuvieran lista una hoja de ruta definida sobre el desplazamiento y retorno al hogar de sus empleados con fines sostenibles, ahora dicho plazo se recorta a un año.
Así lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado el sábado 21 de marzo a través de la modificación de dos apartados -1 y 3- del enunciado original, en la que especifica que todas las Administraciones Públicas y los centros de trabajo con más de 200 empleados, o 100 por turno, deberán contar con planes de movilidad sostenible al trabajo “en el plazo de 12 meses”.
Además, en lo relativo al apartado 3 de la normativa, ahora se indica que “los planes de movilidad sostenible al trabajo incluirán soluciones de movilidad sostenible que contemplen, por ejemplo, el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa, soluciones para facilitar el uso y recarga de vehículos cero emisiones, el teletrabajo en los casos en los que sea posible, entre otros”.
También señala esta disposición, dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que “se incluirán medidas relativas a la mejora de la seguridad vial y prevención de accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo, por lo que se fomentará la formación en ambas vertientes”.
En este sentido, la norma apunta que “se tendrán en cuenta no solamente a las personas trabajadoras del centro sino también a los visitantes, proveedores y a cualquier otra persona que requiera acceder al centro de trabajo”.
Estos planes tendrán la peculiaridad de que tanto empresas grandes como Administraciones Públicas podrán compensar la huella de carbono emitida por el tipo de transporte utilizado -que emita gases de efecto invernadero- “sobre el que no se haya podido actuar”.
El Boletín Oficial del Estado indica también que, de haberse solicitado ayudas públicas por parte de las empresas para ejecutar los planes de movilidad y no ser estos aplicados antes de los próximos 12 meses, aquellas tendrán que ser devueltas.
Conviene recordar a este respecto que la Ley de Movilidad Sostenible tenía un plazo de ejecución hasta diciembre de 2027 y que la tramitación de la norma ha abierto la puerta a una inyección de fondos públicos europeos por importe de 10.000 millones de euros.
Un minucioso estudio previo
Las empresas que cumplan con los criterios exigidos por la Ley deberán efectuar un diagnóstico inicial de movilidad mediante el que determinen y recopilen todos los datos posibles sobre el modelo de desplazamiento al trabajo de sus empleados, entre ellos los del tipo de transporte que utilizan, las distancias que recorren, los horarios, las zonas que cubren y los patrones marcados al acceder y salir del trabajo.
Sobre estas premisas, el objetivo de estos planes es que se fomente la movilidad que el Ejecutivo califica de “activa”, esto es, centrada en caminar o en el uso de la bicicleta cuando sea posible, así como a través del uso del transporte público.
Asimismo, entran en escena modelos de transporte colectivo como el carsharing corporativo y el uso de lanzaderas de movilidad comunes para empleados, en los que las alternativas electrificadas deben erigirse en las de carácter dominante.
Tras desarrollar el programa, se debe registrar en la entidad pública correspondiente, a la que se reportarán informes de seguimiento y cumplimiento con carácter periódico.
Según leemos en Fleet People, publicación de referencia en el ámbito de las flotas, las empresas de renting han trabajado durante los últimos años en “tratar de inocular la inminente llegada” de la Ley de Movilidad Sostenible en las empresas de tamaño grande. En principio, las propuestas que más encajan para el universo del renting se centrarán en el uso del carsharing corporativo entre empleados y, en menor medida, la bicicleta eléctrica.
Para llevar a buen puerto esta normativa, las empresas del sector están impulsando sus canales digitales a fin de que los empleados de una empresa puedan disponer a través de su smartphone de una app digital que incluya todas las opciones de movilidad disponible con que cuenta en cada momento para ir o volver de su lugar de trabajo.
