El binomio agua-sequía aparece de un modo recurrente en el marco de un ecosistema árido como es la Región de Murcia. El período electoral nos ha traído muchos discursos contradictorios sobre este tema y algunos que bordean la demagogia. La cuenca hidrográfica del Segura tiene un nivel de explotación hídrica por encima del 100%, el más alto de todo el estado español; cuando un 40% puede considerarse como estrés hídrico severo. Además de tener unos acuíferos muy contaminados por nitratos de origen agrícola. En este contexto, el aumento del regadío consume el 85 % de todos los recursos hídricos de la cuenca. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha detectado, hasta ahora, 6.105 hectáreas de regadíos ilegales, una punta del iceberg de un problema mucho mayor. El cambio y la emergencia climática aumenta la intensidad y frecuencia de estos períodos de sequías. Las situaciones de alerta y emergencia por escasez son el triple de frecuentes que las propias sequías climáticas. El principal elemento no es la escasez sino el crecimiento insostenible de la superficie de regadío que se sitúa muy por encima del agua de la que se dispone
La CHS ha presentado el borrador del Plan Especial de Sequía de la Demarcación del Segura (PES) que tiene el objetivo de prevenir y mitigar los impactos de la sequía sobre los usos del agua y sobre los ecosistemas para evitar su deterioro. El plan describe la raíz de la escasez coyuntural de agua que es la reducción temporal en los recursos disponibles derivados de la reducción de aportaciones derivada de una sequía climática. Los recursos procedentes de otras fuentes, como el agua desalada, son bastante constantes y no están sujetos a variaciones coyunturales. Las situaciones de escasez coyuntural vienen causadas por una sequía climática, como reconoce el plan, pero no toda sequía necesariamente ha de derivar en escasez. Es necesario un plan que reduzca las demandas hídricas, especialmente la superficie de regadío descontrolada y que ayude a paliar las consecuencias de la sequía que sufrimos.
La Directiva Europea Marco de Agua (DMA) establece una condición fundamental para un deterioro temporal por sequía y es que se apliquen el conjunto de todas las medidas posibles para evitarlo. Sin embargo, la única medida significativa que pretende aplicar el plan de sequía, en situación de sequía prolongada, es la reducción de los caudales ecológicos. La emergencia climática va a suponer un aumento de la sequía y la escasez en todas las cuencas hidrográficas.
El Plan señala que la declaración de sequía prolongada supone reducir los caudales ecológicos en masas de agua que no estén en espacios protegidos. La reducción es una medida sin sentido y contraproducente. La Ley de Aguas establece que los usos ambientales son prioritarios frente a otros usos, con la excepción del consumo humano. Solamente cuando este consumo esté en riesgo y no existan otros usos sobre los que reducir dotaciones se podría reducir los caudales ecológicos mínimos para garantizar el abastecimiento humano en una situación de sequía excepcional. La reducción de los caudales ecológicos provocaría un daño ambiental significativo a las masas fluviales, al reducir unos caudales que son insuficientes en muchos casos. Es una medida mínima para contrarrestar la sobredemanda exponencial de agua que hay en nuestra cuenca. La gestión del agua debe integrar las sequías ordinarias y minimizar los impactos de las sequías excepcionales al reducir las demandas habituales, realizando una adaptación específica de cada sector, incluyendo el agrario.
Repensar y abordar de una manera sostenible cómo se gestionan los recursos hídricos disponibles, en un ecosistema árido, es una necesidad apremiante. Hay que evitar también la compraventa privada de agua en situaciones de escasez y sustituirla por el control de instituciones públicas para asegurar que se asigne el agua con criterios ambientales y de equidad social. Es necesario desmontar la narrativa demagógica sobre el agua que se manifiesta a través de los poderes públicos, fundaciones y lobbies agroexportadores.
Un objetivo fundamental de cualquier plan de sequía debiera ser que las medidas y procedimientos tengan en cuenta criterios ambientales y de equidad social que excluyan la reducción de los caudales ecológicos fundamentales para el mantenimiento de los ecosistemas y el mercado de compraventa privada de agua. Es necesaria una disminución mucho mayor de las dotaciones de agua en los regadíos intensivos y grandes empresas hortofrutícolas y, junto a esto, desarrollar una mayor protección de los regadíos históricos y los pequeños productores agrícolas.
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