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Ayuntamiento de Murcia: hercúlea tarea

José Antonio Serrano (PSOE), Mario Gómez (Ciudadanos) y Ginés Ruiz (Podemos)

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Hace mal el alcalde Ballesta ofreciendo su cabeza para salvar la del PP en la capital murciana, si hemos de creer la verdad publicada y pensar que es real. Su ofrecimiento de retirada doble ––de querella y de sillón–– llega tarde después de dos años de legislatura en la que sus socios de gobierno han sido ninguneados e ignorados como gestores de la cosa pública municipal. Quizá no por él personalmente, o sí, pero a buen seguro que por la actuación de bastantes miembros de su equipo de Gobierno.

Era de esperar. Pues tampoco es muy creíble que los ahora dolidos "ciudadanos" no supieran desde hace mucho tiempo que, tanto en la Comunidad como en los municipios, los llamados 'populares' no son nada proclives a compartir el poder. 'Su' poder, según la clara concepción patrimonialista que la derecha en general tiene del ejercicio de la gestión pública. No es demasiado creíble, digo, porque las prácticas confusas y favoritistas de los responsables municipales murcianos han sido publicitadas y notorias desde hace años. Tantos como los que se cuentan desde la gran victoria electoral que desalojó a los socialistas.

Cualquiera que haya tenido los ojos abiertos en el último cuarto de siglo puede atestiguar que los gobernantes desde 1995 han practicado un solipsismo político a ultranza de carácter colectivo, puesto que era todo un grupo político numeroso el que no quería ver más allá de su propia realidad subjetiva. También es innegable que esa peña ha conseguido tener apoyo social, desde el minuto uno, distribuyendo pródigamente las muchísimas migajas que se desgranan de un gran pan presupuestario como es el que tiene a su disposición el Ayuntamiento de una población que pasó de apenas 350.000 hace 25 años a los más de 450.000 actuales.

Durante ese periodo hemos observado grandes escándalos sin consecuencias judiciales aparentes, como aquel asunto relacionado con los tejemanejes urbanísticos en el norte de la ciudad que hizo dimitir a un concejal de Urbanismo y exíntimo del alcalde Cámara; o la imparable ascensión de un pequeño vivero de plantas de la carretera de Alcantarilla hasta el cielo reservados a grupos empresariales omnipotentes y acaparadores de contratas oficiales de cualquier sector económico con beneficios asegurados, fueran obras de jardinería o ambulancias.

Esos dos asuntos son 'de los gordos'. Por debajo en montante e intereses han ido quedando cientos, si no miles, de pequeños contratos de cosas que se han ido haciendo en las muchas pedanías de la ciudad, que eran troceadas habitualmente entre los amigos y conocidos aplicando torticeramente las normas de contratos oficiales y dejando contenta a mucha gente allegada a los gobernantes… o que se convertían en afines gracias al maná de supervivencia que les caía desde la Glorieta y sus oficinas delegadas.

Ese ambiente, generalizado además a toda la región, es el que hacía que cundiese la sensación, si no la convicción, de que para prosperar o mantenerse próspero no había otra que arrimarse al árbol que mejor sombra daba ––es decir, el poder del PP––, o prestarse a componendas de las que siempre quedaba algún beneficio extra para el prestatario: bien fuera quedar colocado de cara al futuro o bien sacar buen rédito directo en lo inmediato.

Durante años quedaba constatada, además, la realidad de que el centro urbano en el que viven solo la mitad de los habitantes del municipio era favorecido notoriamente por la atención de los ediles gobernantes, mientras que las pedanías quedaban relegadas y hundidas en condiciones impropias para la oficialmente séptima ciudad de España. Y esa tendencia ha sido especialmente notable durante los últimos seis años de gobierno 'popular'.

Así, se puede pensar que todos esos polvos son los causantes más o menos directos de estos lodos que revelarían la prolija documentación entregada por el concejal Mario Gómez a la UDEF y que denunció hace ya meses el grupo municipal del PSOE. La derivada necesaria es la moción de censura contra el gobierno local del PP y de Ballesta, pero que atañe también retrospectivamente a los sucesivos equipos encabezados por Miguel Ángel Cámara con la eficaz e indispensable colaboración de Antonio Sánchez Carrillo, especialmente, y algunos otros que han sido citados por los jueces.

Si nos quitamos las orejeras localistas, veremos que en otros municipios regionales ––Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro, Alcantarilla, Cartagena, y un bastante largo etcétera–– los esquemas de funcionamiento han sido los mismos, con lo que las responsabilidades y problemas no son exclusivos de la capital murciana. Un rosario interminable de casos judiciales atestigua y corrobora la estadística del Consejo General del Poder Judicial que coloca a la Región como la más corrupta de España en 2019.

Los firmantes de la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia tienen solamente dos años para demostrar que otra manera de gobernar es posible aquí y ahora, con la espada de Damocles de los próximos comicios municipales (y autonómicos) de 2023 pendiente sobre sus cabezas políticas y el ensordecedor ruido mediático y social que irremediablemente desatarán los perdedores de la votación de mañana en el salón de Plenos de la Glorieta. Si todo se desarrolla como parece que está previsto. Hercúlea tarea. Vale.

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24 de marzo de 2021 - 06:00 h

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