Cada cual por su lado. O cada uno en su casa y dios en la de todos, diría cualquier apostólico y romano. Mientras el Gobierno central presume de unidad más o menos soldada, a pesar de las diferentes visiones que se registran ––ojo a la próxima: sobre la “derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral” de Rajoy––, en Murcia seguimos siendo diferentes. No se sabe muy bien si socialistas y podemitas unidos se toman el chocolate o el café de espaldas. Pero lo parece.
La aprobación por consenso de PP, PSOE y Ciudadanos de la Ley de Protección Integral del Mar Menor, el miércoles en la Asamblea Regional, con los votos negativos de Unidas Podemos (y Vox) ha sido la última muestra de que en la Región no hay motivo para pensar que las políticas comunes del Gobierno de coalición tienen una traslación local adecuada, por mucho que tanto Partido Socialista (PSRM) como Unidas Podemos en Murcia (UPRM) las apoyen.
Muy curioso ha resultado ver cómo desde Unidas Podemos se ponía el acento en el apoyo sin ambages a la decisión de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de declarar contaminado químicamente el acuífero el Campo de Cartagena, en tanto que el Partido Socialista mantenía su foco en la aprobación de la franja de 1.500 metros sin nitratos en las riberas del Mar Menor, sin apenas referirse ni explícita ni tácitamente a la medida de aquel organismo de cuenca, directamente dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), dirigido por la socialista Teresa Ribera.
Fuentes del grupo parlamentario socialista en la Asamblea mantenían ayer que, a pesar de la ausencia de ese apoyo explícito a la medida de la CHS frente a las críticas de López Miras y los suyos, “hemos trabajado mano con mano con Mario Urrea (presidente de la CHS)”, abundando en que “lo que propone la CHS y lo que aparece en la Ley (aprobada el miércoles) ”es convergente“.
Sin embargo, los apoyos más explícitos y contundentes que la CHS ha cosechado en este asunto han venido tanto del grupo de UPRM en la Asamblea, como de sus portavoces mediáticos. Incluso, el coordinador regional de IU Región de Murcia, José Luis Álvarez-Castellanos, se descolgó el miércoles por la mañana con un artículo sumamente crítico con la Ley que fue aprobada horas después en la Asamblea con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, e igualmente muy crítico hacia el partido que tiene su sede regional en la calle Princesa (PSRM).
Antes de este último episodio de desencuentro, las dos formaciones se han planteado por separado los recursos de inconstitucionalidad a las nuevas normas regionales derogatorias aprobadas por el PP para dar barra libre frente a los requisitos proteccionistas y así, supuestamente, contribuir a la reactivación de la actividad económica. Aunque lo lógico, en clave de gobierno de coalición estatal, hubiera sido esperar que el Partido Socialista y Unidas Podemos de la Región se propusieran recíprocamente sumar sus diputados en el Congreso de los Diputados para llevar al Tribunal Constitucional esa nueva normativa del gobierno regional popular-ciudadano, no se ha dado ese supuesto.
Desde el grupo socialista en la Asamblea no rechazan que esa acción conjunta se pueda producir en un momento determinado por venir, puesto que, precisan, el recurso de inconstitucionalidad no está más que planteado a los servicios jurídicos del grupo socialista del Congreso para que estudien su forma y viabilidad. “Cuando las normas del PP estén aprobadas en firme en Murcia, existe la posibilidad de consensuar los recursos y hacerlos conjuntamente”, señalan. Aunque eso se habría de hacer en el Congreso en Madrid, no en la Región de Murcia.
En Podemos son más reticentes, basándose en experiencias pasadas. “Hemos celebrado reuniones con PSRM sobre diversos temas, pero siempre prefieren perseguir a Ciudadanos: todo lo negocia con ellos, o lo intenta, y nos deja al margen”, dicen en UP. Pero al final, como en el caso de los recursos de inconstitucionalidad, los socialistas prefieren hacer las cosas por su cuenta, señalan.
Al margen de estas divergencias puntuales, el desencuentro PSOE-UP viene de lejos, de bastante antes de las recientes divergencias. Ya en la última campaña electoral autonómica, el secretario regional socialista, Diego Conesa, dejó claro que su objetivo de cara a pactar Gobierno, si hacía falta, era Ciudadanos. Luego ganó las elecciones sin mayoría absoluta y necesitó a los diputados regionales entonces dirigidos por Albert Rivera. Estos prefirieron pactar gobierno con el PP, en la línea de Rivera. El intento de pacto con Ciudadanos de Diego Conesa no fue de extrañar para los actuales dirigentes regionales de UP: alguno señala que los dirigentes socialistas murcianos son los más “socioliberales” de todo el Estado.
Otro dato: en el grupo socialista en la Asamblea recuerdan que el entonces líder de Podemos, Óscar Urralburu, les mostró su comprensión si el PSRM pactaba con Ciudadanos para sumar 23 diputados y tener gobierno, “porque lo importante era desalojar al PP”, destacan. Pasó lo que pasó: gobierna el PP con, ahora, los de Inés Arrimadas, apoyados más o menos por Vox; Urralburu abandonó la formación conjunta de la izquierda no socialista, y la brecha entre PSRM y UPRM se va agrandando, por mucho que con buenas palabras se intente mostrar una disponibilidad a negociar y caminar juntos que, en la práctica, no se traduce en realidades tangibles.
Falta por ver, a medio plazo, que deparará a la izquierda murciana en general la reaparición en la política regional del autodefenestrado Urralburu, anunciada oficiosamente para septiembre. En principio, su única palanca institucional son los dos concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, urralburistas convencidos, aunque de momento se mantienen bajo la etiqueta con la que consiguieron electoralmente sus puestos. A falta de Feria de Septiembre y de Carthagineses y Romanos, ya veremos entonces. Vale.
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