En las poco más de 24 horas que llevamos desde que los del común nos enteramos de que el nieto de Alfonso XIII, de nombre Juan Carlos, ha decidido abandonar el territorio estatal, tras acordarlo ––o en connivencia, que habrá que aclararlo–– con una parte del actual gobierno de coalición, la que corresponde al PSOE, todavía estamos esperando que se plantee lo que habría de plantearse en cualquier sistema que presuma de democrático.
Ese carácter democrático del que ahora los portavoces y opinadores sistémicos afirman que el recién exiliado sirvió con fervor y dedicación desde que ejecutó su segunda traición ––la primera fue a su padre––.
Pues bien, llevaríamos oídas, si les prestáramos atención, miles de opiniones, visiones, predicciones y prospecciones sobre las causas y consecuencias del autoexilio huyendo de la Justicia ––si ésta pudiera ser escrita con mayúscula en este Estado democrático–– del ínclito y excelso mujeriego y trapisondista coronado, sin que aún se haya planteado la verdadera cuestión.
Todo parece diseñado, a juzgar por los innumerables mensajes oficiales y oficiosos que llegan a los oídos de todos los portadores de pasaporte o dni –– incluyendo a los que no quieren escucharlos––, con el objetivo de conseguir que el hijo del tantas veces traidor a tantas cosas y, ahora recién nombrado corrupto oficial, siga teniendo como herencia legítima la jefatura de un Estado que se pretende democrático.
Así parece que el heredero de quien viene a culminar el hat-trick de borbones exiliados, y no precisamente por su gusto, es la verdadera encarnación de todas las bondades y la gran esperanza blanca ––no mentemos al Elefante en esta ocasión–– de la continuidad de la convivencia social al sur de los Pirineos.
Parece también que es intocable esa Gran Transición que, se oye en las bocas y se lee de las plumas de esos cientos de opinadores sistémicos, fue obra y gracia del trapisondista mujeriego coronado que ahora se va ––como el caimán de la cumbia–– para el mismo lugar cercano que su padre que nunca reinó; pero no demasiado lejos de su querida y europeísima Centroeuropa, donde aparentemente guarda su oro.
Pero aún se espera que a alguien se le ocurra que quizá ––aunque fuera por una vez y sin que siriviera de precedente–– va siendo hora de que nuestros electos que, según ellos representan a la mayoría social, se planteen que a lo mejor convendría preguntar a sus electores –– es decir, a nosotros que votamos–– qué pensamos de este sistema que en la historia contemporánea del Estado español ha decepcionado una y otra vez las expectativas que en él depositaron esos mismos que van obedientemente a meter el papelito en la urna cada vez que hace falta.
No sería necesario un referéndum, instrumento maldito cuando se teme que el resultado no sea el deseado. Bastaría con que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ––que no siempre ha estado en manos de Tezanos, por cierto–– incluyera en su batería de preguntas periódicas a una muestra representativa de los ciudadanos de este país la cuestión que lleva evitando incluir desde 2015: ¿Cree usted que España debe seguir siendo una monarquía? O, más suavemente: ¿Opina usted que la monarquía es la forma de Estado que conviene ahora a España?
O, incluso, alguna similar, pero inequívoca. Entonces, podrían nuestros cientos de opinadores y tertulianos sistémicos hablar todavía más sesudamente de lo que ya lo hacen, supuestamente. Mientras tanto, todo es artificio y “palicos y cañicas” para sostener algo que se desmorona a ojos vista. Y, si no, al tiempo. Vale.
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