La Constitución española de 1978 consolidó el Estado autonómico sobre tres principios que conviven en tensión permanente: autonomía financiera, solidaridad y coordinación. De esa tensión nace un sistema complejo, con dos modelos claramente diferenciados: el foral y el régimen común. Desde 1978, la financiación autonómica ha sido reformada en varias ocasiones, empujada por la ampliación constante de competencias, el crecimiento del gasto público —especialmente en sanidad y educación— y los cambios económicos. Entre 1978 y 1987 el sistema fue, en la práctica, transitorio: se trataba de cubrir el coste de los servicios transferidos, con comunidades muy dependientes del Estado y con escasa capacidad normativa real.
La segunda gran etapa arranca a mediados de los noventa y culmina en 2002, con las transferencias generalizadas en sanidad y educación producto de los acuerdos con Pujol por parte de González primero y luego con Aznar, el denominado café para todos. Aquello disparó el gasto autonómico y obligó a reformular el sistema para garantizar la suficiencia financiera, aumentando la cesión de impuestos y la corresponsabilidad fiscal. En ese contexto, la Región de Murcia, bajo el gobierno de Ramón Luis Valcárcel, aceptó competencias que el PSOE regional había rechazado por falta de financiación. Se aceptaron mal financiadas la Educación y la Sanidad y se pagaron caro: endeudamiento estructural, decisiones políticas ruinosas —como la desaladora de Escombreras— a cambio de controlar la construcción de la administración autonómica, una decisión que todavía pesa y explica muchas cosas en una región uniprovincial.
En 2001, con una economía boyante, el gobierno de Aznar, en el marco de sus pactos con Jordi Pujol, impulsó una reforma que reforzó la autonomía financiera y contó con amplio consenso. El PSOE criticó, pero no bloqueó. Aquella reforma, sin embargo, quedó pronto superada. La siguiente, en 2009, se negoció intensamente con Cataluña, entonces gobernada por el tripartito que desarrollaría el nuevo Estatuto, más tarde recortado por el Tribunal Constitucional. Esa reforma fallida del Estatuto catalán, unida a la crisis económica, abrió la puerta a una nueva fase del nacionalismo catalán, mientras la financiación autonómica salía adelante con la oposición directa de una parte del Partido Popular.
El sistema de financiación debía revisarse en 2014. No se hizo. Tampoco en 2017. La debilidad de los gobiernos de Rajoy, la falta de consenso y la tensión territorial lo paralizaron todo. En plena crisis, tras la reforma del artículo 135 de la Constitución bajo Zapatero, el Estado, con Montoro en Hacienda, creó mecanismos extraordinarios como el Fondo de Liquidez Autonómica. El FLA garantizó liquidez, sí, pero a costa de recentralizar de facto la financiación y vaciar de contenido la autonomía financiera que se decía defender.
En 2019, tras la caída de Rajoy, la reforma volvió a ser imposible: el conflicto territorial seguía abierto y la polarización política no dejaba de crecer. Tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, en las que el PSOE perdió una parte sustancial de su poder territorial, Pedro Sánchez convocó elecciones generales anticipadas. Logró mantener en el poder gracias a un acuerdo con diversas fuerzas parlamentarias entre las que se incluía la liderada por Puigdemont. Aquel era un pacto contra natura entre derecha e izquierda, aunque coherente con la lógica del Estado autonómico, en el que se intercambiaban votos con la pacificación de Cataluña a través de una amnistía por el intento de secesión catalana.
El acuerdo que sirvió para la llegada al poder de Pedro Sánchez paraliza, sin embargo, la acción de gobierno: las políticas de izquierdas no encuentran apoyo en una derecha catalana que observa cómo, en Cataluña, su espacio político es devorado por Aliança Catalana. El pacto denunciado como una traición por el mismo PP que pasó sin transición, ni pudor, del “¡Puigdemont a prisión!” al “Puigdemont, ¡apoya la moción (de censura)!”. Una incoherencia que, lejos de fortalecer al PP, ha acabado alimentando a la extrema derecha española, Vox.
Puigdemont, ya con la amnistía en el bolsillo, elevó la apuesta y exigió en la negociación un concierto económico para Cataluña, algo directamente inviable al no estar previsto en la Constitución. Mientras tanto, en una negociación paralela y mucho más realista, el Gobierno pactaba con ERC, ya con Salvador Illa al frente de la Generalitat tras las elecciones de 2024, un cambio en el sistema de financiación que beneficiaba al conjunto de las comunidades autónomas. Aquí está la clave que muchos no han querido leer.
Pedro Sánchez ha aprovechado la negociación con ERC para presentar un plan que, técnicamente, mejoraba de forma sustancial el modelo anterior y que ha sido avalado por organismos como Fedea, que lejos del gobierno. No era una cesión: era una jugada. Una forma de dejar a Puigdemont sin salida y, al mismo tiempo, abrir un debate que cuestionara el poder territorial del PP en comunidades donde su hegemonía se sostiene sobre un agravio permanente. Curiosamente, mientras en Cataluña algunos medios conservadores avalaban el cambio desde el dato, en regiones como Murcia, Castilla La Mancha o León se optaba por el grito.
El plan en estas regiones se ha presentado como una “cesión a Cataluña” porque en un clima de polarización eso da más votos que explicar cuánto dinero va a llegar y para qué sirve. A ese marco contribuyó incluso Emiliano García-Page, plenamente consciente de que, ante el ascenso de la ultraderecha, el mensaje emocional funciona mejor que la pedagogía fiscal. Importó más el titular que el contenido. Incluso medios que durante años publicaron informes técnicos sobre la necesidad de elaborar un cambio en el modelo fiscal reforzaron en portada una interpretación polarizante, desplazando el análisis de fondo. Una deriva reveladora: a ciertas cabeceras España les importa mientras gobiernan los suyos.
El caso de Murcia es paradigmático. Aunque el cambio podía beneficiarla de forma objetiva, permitiendo desbloquear proyectos hoy paralizados, la reacción dominante no fue un “por nosotros”, sino un “contra Cataluña”. De nuevo el “a por ellos” frente al “a favor de nosotros”. Quizá porque aquí casi nunca se discute qué nos conviene, sino a quién hay que castigar. Y mientras tanto, se aplaude como salvador al mismo Feijóo que nos dio gato por liebre con las transferencias de sanidad. Así nos va.