Todo cuanto rodea al incendio de las discotecas en Murcia despide un hedor insoportable. Lo más grave, las 13 vidas cercenadas. Eso, por delante y ante todo. Y luego, lo demás. Lo que extraña es que haya tardado tanto en producirse una tragedia en aquella zona a la que llaman de ocio, en ocasiones más parecida al Far West o al Bronx. Una noche, hace como un año, recalé por allí, por cuestiones que no vienen al caso, y lo pude comprobar personalmente.
Atalayas lleva tiempo convertido en un punto conflictivo del extrarradio de la capital, con locales, en su mayoría, de dudoso cumplimiento en lo que a la normativa legal se refiere. La punta del iceberg ha sido la tragedia del Teatre y la Fonda Milagros, dos emplazamientos sobre los que aún pivotan las dudas sobre por qué permanecían abiertos si desde enero de 2022 pesaba sobre ellos un decreto municipal de cese de actividad. El recurso del empresario no prosperó y en octubre de 2022, es decir, un año antes de la tragedia, un inspector del Ayuntamiento levantó acta de que aquello tenía que clausurarse. La duda estriba en si eso se comunicó o no a la Policía Local para que procediera a precintar los dos locales, que administrativamente solo era uno, ya que no existía autorización oficial para dividir la nave original de Teatre, algo que, según parece, finalmente realizó por las bravas el propietario.
La esperpéntica rueda de prensa que este lunes ofrecieron de manera conjunta los concejales Antonio Navarro Corchón (PP) y Andrés Guerrero (PSOE), actual y anterior responsable de Urbanismo, respectivamente, desveló el despropósito que a veces impera en la burocracia de las Administraciones públicas. La sensación de seguridad y cumplimiento de la ley que se les supone a las mismas cayó por los suelos cuando un periodista preguntó a Guerrero por qué si había una orden taxativa, esta no se ejecutó, y él se encogió de hombros. El clímax del desatino llegó cuando se dejó traslucir que al Ayuntamiento no le constaba si los dos locales estaban abiertos o cerrados. Máxime cuando su Policía suele ser requerida, con excesiva asiduidad, para solventar los numerosos problemas de orden público que se generan en el entorno, sobre todo durante los intensos fines de semana. ¿Nos quieren tomar por tontos?, sugirió alguien a mi lado al escuchar esto. ¿Pero en qué manos estamos?, dijo otro.
Como en el Hamlet shakesperiano, algo huele a podrido en Atalayas. Si de verdad se quieren levantar alfombras, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, el hedor puede ser más que desagradable, putrefacto. Un juzgado de Murcia ya ha abierto diligencias por 13 homicidios imprudentes. Aunque ya veremos. Recuerdo lo que rodeó al caso de la discoteca Flying de Zaragoza, incendiada en 1990 y en la que murieron 43 personas. Lo viví muy de cerca porque entonces ejercía el oficio desde la radio pública en la capital aragonesa. Luego de dos décadas de pleitos, el propietario se declaró insolvente. Tras ello, los familiares de las víctimas intentaron exigir responsabilidades al Ayuntamiento zaragozano y al Gobierno aragonés por dar como válidas las inspecciones reglamentarias a pesar de que el sistema eléctrico del local era deficiente, siendo la posible causa del fuego. Me impresiono todavía cuando me acuerdo de lo que contaron los bomberos: hallaron a algunos de los fallecidos sentados en los sofás, asfixiados por el monóxido de carbono en aquella ratonera del casco viejo de la ciudad, de la que no pudieron escapar. La Justicia, después de un peregrinar por lo civil, penal y contencioso-administrativo a lo largo de 20 años, no apreció pruebas suficientes, limitándose a reconocer que no funcionaron correctamente los procedimientos administrativos. Por tanto, nadie indemnizó a nadie y ninguno fue a la cárcel. Tiempo al tiempo con lo que pudiera pasar en el devenir de la tragedia del Teatre y la Fonda Milagros. Hay abogados que, con aviesas estrategias, suelen ir allanando el terreno.
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