En el Derecho Ambiental Internacional quedó establecido hace tiempo como unas de las bases en la acción reinvindicativa ante los poderes públicos la necesidad de cumplir el axioma “el que contamina, paga”. Esto es, aquel cuya labor destructiva en cualquier grado y a cualquier nivel de cualquier entorno ambiental debería ser condenado, al margen de otras consecuencias legales, a pagar la restauración y retorno al origen del ecosistema dañado o destruido. Así quedo igualmente reflejado en el Artículo 45.3 de la Constitución española de 1978.
La aplicación de ese axioma ha sido, de hecho, comúnmente aceptada en la práctica por muchos poderes públicos ejecutivos y legales. Así, muchas sentencias condenatorias por deterioros intencionados o no del medio ambiente recogen la obligatoriedad de devolver el entorno deteriorado a su estado primigenio, el anterior a la destrucción causada por la intervención humana.
Podría citar cientos de ejemplos, pero no vienen al caso porque de lo que se trata es de intentar prever quien pagaría por el deterioro brutal de la laguna del Mar Menor y su entorno. Lo que se adivina no invita al optimismo.
Simplificando necesariamente y al margen de otras consideraciones, asistimos a toda una maniobra orquestada por los voceros y representantes de los causantes directos y mayoritarios de la ruina ambiental del lago interior para que estos eludan, lisa y llanamente, sus responsabilidades.
A las lágrimas de cocodrilo iniciales de los responsables, es decir, de los dueños y accionistas de las empresas agroindustriales del Campo de Cartagena (y Murcia), han seguido muy recientemente las maniobras propagandísticas para intentar por todos los medios desvirtuar las enmiendas introducidas por la oposición parlamentaria regional al inicialmente contemporizador Decreto Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor.
El PSOE y Ciudadanos parecen haber picado en esta última maniobra y se han mostrado dispuestos a reexaminar las enmiendas. A menos que, como me aseguran por otro lado, ambos partidos simplemente “postureen” una posición entreguista y realmente no tengan intención de variar un ápice las enmiendas aprobadas en la Asamblea con el concurso de Podemos.
En cualquier caso, con tanto lamento de los empresarios agroindustriales y tanta crítica a la supuesta radicalidad de las enmiendas desde el PP, se está olvidando -lo estamos olvidando todos- lo fundamental. Que no es otra cosa que la agroindustria establecida en la zona circundante al Mar Menor es la principal responsable de la ruina actual de la laguna. Y lo viene siendo desde hace años con la aquiescencia de los Gobiernos regionales y locales del PP, con alguna colaboración espontánea de regidores socialistas en la zona.
No hay que criminalizar exclusivamente a la agroindustria, como piden, dolidos, sus voceros. Cierto, no es la única responsable ni causante del gran problema. Pero a la hora de repartir las velas para que las aguanten los palos, a la actividad agroindustrial le corresponde al menos el setenta por ciento (70%) de la responsabilidad de la destrucción de la laguna y de su entorno.
Son difíciles de cuantificar los porcentajes de “culpa” en este asunto, también es verdad. Quizá a los denostados, con razón, agroindustriales les toque el 80%, o el 60%. Según quien lo diga o lo evalúe. Pero queda suficientemente instalada la idea real de que ese sector es el principal responsable de lo que viene pasando en el Mar Menor desde hace al menos treinta años. Recuérdese, por cierto, que la fecha de puesta marcha efectiva del Trasvase Tajo-Segura que convirtió en regadíos las grandes extensiones de secano del Campo de Cartagena es… 1980.
Como claman los voceros de la agroindustria, entre los que habría que incluir más de un insigne medio de comunicación, ellos no son los “únicos” causantes del mal. Hasta llegar a completar el 100% de responsabilidad hay que contar con la presión demográfica y urbanística, es decir, ese modelo turístico de alpargata, tartera y campo de golf traducido en miles de segundas residencias que rodean la laguna y que se usan, como mucho, durante un 20% de los días que tiene cada año del señor.
¿Habría que decir aquí no ya aquello de “quien esté libre de pecado...” que soltó hace unos días el concejal más chulesco que se ha sentado en la Glorieta? No. Habría que pedir simplemente que levante el dedo quien no tenga casica, apartamento, duplex, triplex, cuadruplex; pisito, piso o pisazo; chalecico, chalet, chaletazo o casoplón en las orillas marmenorenses. ¿Estamos todos, o casi todos, verdad? Y a ver cuántos propietarios de cualquier tipo inmobiliario citado puede decir que usa su cubículo playero durante 73 días al año, que son el 20% de 365.
Para no aburrir demasiado, solo citaré también la densa concentración que presenta la laguna de puertos deportivos y similares repletos de embarcaciones a motor que, igualmente, navegan… ¿el 20% de los días del año? Pero los pantalanes y muelles están los 365 allí, alterando corrientes, dificultando la circulación del agua, vertiendo residuos petroquímicos, acumulando suciedad…
Como dicen los agroindustriales, pues, no son “solo” ellos los responsables. Lo que han hecho, lo han hecho en compañía de otros. Sin embargo, hay unos cooperadores necesarios en el asesinato ambiental de Mar Menor, que no son otros que la práctica totalidad ––con alguna honrosa excepción–– de los representantes políticos elegidos en cada uno de los municipios ribereños. Que han sido muy mayoritariamente miembros egregios del Partido Popular, con algunos adláteres socialistas cuyas actuaciones conniventes con las de aquellos han sido especialmente notorias en sitios como la querida trimilenaria o los dos pueblos con base aérea.
Junto a todos ellos es necesario colocar ineludiblemente en lugar preeminente a los prebostes regionales de ese mismo partido que ha sido durante muchos lustros mayoritario en la Región. Hay quien está convencido, por otro lado, de que esa colección de valcárceles, cerdás, bascuñanas, y sus segundos y terceros escalones comparten responsabilidad a partes iguales con la agroindustria y sus amiguetes.
Con lo cual hemos de volver a concluir que, efectivamente, los agroindustriales ––no confundir con los agricultores–– no están solos, sino muy bien acompañados. Pero a la hora de aplicar el principio aquel del inicio –– quien contamina paga–– habrá que comprobar quienes son, si no son los que ahora se lamentan de su soledad, los que se han estado llevando cruda la parte del león. Queda claro además que, desde luego, pagar, lo que es pagar, no lo quieren hacer. Y está por ver si hay fuerza en la tierra capaz de obligarles a que lo hagan y compensen el daño hecho.
