Nos situamos en el acto celebrado por la Fundación Ingenio (FI) el día 26 de octubre de 2022 en el magnífico parque de celebraciones Acuarius en Torre Pacheco, con una asistencia masiva de agricultores convocados previamente por esta Fundación. Podemos decir que la convocatoria fue un éxito, al menos un éxito en la asistencia: 'Desmontando la gran mentira contra los agricultores' es como ha llamado la FI a este acto.
Entregaron a los asistentes una ficha de adhesión a la fundación y un folleto que se constituye como una proclama de negacionismo acerca de las causas que están ocasionando los impactos en el Mar Menor y su cuenca, negando que sean los nitratos procedentes de la agricultura y afirmando que por motivos esotéricos; nunca dijeron el móvil de este crimen: “El agricultor está perseguido, criminalizado y señalado”, erigiéndose, no solo como agricultores, sino, ni más ni menos, como representantes y defensores de los intereses de este colectivo. El lobo representando y defendiendo a las ovejas.
En los discursos, que por cierto, no tuvieron la oportunidad de participar los agricultores sino, solo como receptores pasivos de los mensajes y soflamas, achacan toda la responsabilidad a los vertidos urbanos y a los fosfatos procedentes de estos vertidos, esto en contra de la evidencia ratificada por publicaciones en prestigiosas revistas científicas en canales de divulgación científica que ofrecen garantías de rigor en cuanto a metodología y resultados y que pasan los controles establecidos a nivel mundial para este tipo de publicaciones, con supuestos informes técnico-científicos que no han sido publicados, sino difundidos por canales afines, pagados y pseudocientíficos, más propios de los canales de misterio que de publicaciones académicas.
Esto es algo que nos muestra que, más que ante estudios científicos, nos encontramos ante una estrategia de dar apariencia científica a datos que no ofrecen las mínimas garantías y que no han pasado los controles necesarios para ser considerados como científicos. Una estrategia que obedece, como afirma la propia Natalia Corbalán, directora de la FI, a “generar un relato”, un relato montado sobre la base de defender los intereses de los agentes que practican este modo depredador de actuar sobre el Campo de Cartagena y no en datos e interpretaciones generados bajo las más mínimas garantías de algo que pueda llamarse científico.
Dentro de este contexto entran en escena el colectivo autodenominado Agroingenieros por el Mar Menor, integrado, según ellos, por 250 ingenieros que trabajan en el Campo de Cartagena que han emitido un informe titulado: “Estudio técnico de caracterización del perfil de nutrientes de la rambla del Albujón y su relación con la EDAR Torre Pacheco”, no publicado en los canales científicos y que carece de todas las condiciones necesarias para ser considerado como lo que pretende ser, un informe técnico-científico, donde afirman la tesis de los vertidos urbanos como causa del estado actual del Mar Menor.
Este colectivo no defiende al Mar Menor, esto es evidente, están viendo en peligro sus trabajos y defienden sus medios de vida, algo que podemos entender fácilmente, pero esto convierte a este colectivo en una cosa bien diferente a lo que dicen que son y llevan inscrito en su nombre, recordemos Agroingenieros por el Mar Menor y nos hace contemplar que sus conclusiones están guiadas, más que por la búsqueda de una objetividad científica en otro tipo de búsquedas guiadas por intereses particulares, ideológicos y subjetivos. Eso si objetivos afines a los de la Fundación.
En esta misma línea, la FI ha puesto en funcionamiento el Observatorio del Mar Menor, financiado y por tanto, mediado por la propia Fundación, cuyas afirmaciones, precisamente por esta dependencia y pertenencia, resultan de parte con apariencia científica y con nulas garantías de objetividad.
El evento, muy acertadamente, pienso, denominado la Gran Mentira, se constituyó como un aquelarre negacionista, presentándose la FI como la única esperanza: “la esperanza se escribe con dos palabras: Fundación Ingenio” proclamaba Natalia Corbalán en un grito mesiánico dentro de un discurso lleno de soflamas incendiarias dirigido a los agricultores, quienes, por si fuera poco y, no tuvieran bastante con tener que competir con fondos de inversión, grandes consorcios agroindustriales, productores de semillas y productos agrotóxicos, intermediarios, distribuidores, agencias de exportación, cooperativas, no tan cooperativistas, administraciones, locales, nacionales y europeas, dentro de un contexto de subvenciones, normativas, regulaciones, y demás “cosas” horribles que tradicionalmente, por un lado, han favorecido el gran negocio agroindustrial y facilitado el modelo productivo agroextractivista hoy generalizado en el Campo de Cartagena, y por otro, han herido de muerte al agricultor, sometiéndolo a las condiciones de un mercado marcado por desigualdades abismales y condiciones normativas y económicas que favorecen a los grandes consorcios, un ecosistema que los agricultores no pueden soportar.
Dentro de este contexto normativo, además de las diferentes tipificaciones de protección , la ley 3/2020 de protección del Mar Menor propiciada por el estado de la laguna y por la generalización del modelo agroextractivo y no por los agricultores, nos encontramos ante una ley que afecta principalmente a los agricultores como los elementos más débiles de la estructura agraria, tal como ha sido modificada e integrada en una regulación que no ha sido propiciada por los agricultores, ni siquiera por la tecnología empleada, sino por la proliferación desmesurada de una actividad agrícola guiada por una avaricia desmesurada dirigida a la producción sin descanso para abastecer los inmensos y voraces mercados internacionales. Cuál puede ser la consecuencia de que un pequeño territorio, el Campo de Cartagena, transformado en la “Huerta de Europa”, abastezca de vegetales a un territorio inmenso el centro y norte de Europa, sino el agotamiento de los recursos y el colapso del territorio que comprende el Mar Menor y su cuenca.
Es ampliamente aceptado entre las personas científicas que estudian las sociedades, que una sociedad dividida es una sociedad débil incapaz de defender sus intereses y sus territorios. La Fundación Ingenio constituida como un lobo (traducción libre de “lobby”) dirigido a favorecer actividades agroextractivistas depredadoras en el Campo de Cartagena, produce un relato vacío de contenidos y desconectado de las afirmaciones de procedencia científica dentro de una estrategia dirigida a continuar haciendo lo mismo.
Una estrategia trazada para dividir y de esta manera polarizar a la sociedad murciana en dos ejes de demarcación principales:
- Por un lado, separando y dividiendo a los agricultores y al resto de la sociedad, asimilando la actividad extractivista con la agricultura y a los agentes agroextractivistas con los agricultores.
- Y por otro lado, dividiendo a la sociedad murciana en su conjunto, entre los partidarios de los nitratos y los partidarios de los fosfatos como causas del desastre en el Mar Menor.
Esto lo hacen situando las discusión dentro de un contexto reduccionista y visceral donde les interesa que las personas y los colectivos de la sociedad murciana no puedan distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la realidad y la ficción en un debate que se hunde en lo irracional y se aleja de la reflexión científica, mucho más compleja, calmada y racional.
En este sentido, salvando las distancias, escribía Hanna Arendt: “El sujeto ideal del totalitarismo no es el nazi convencido o el comunista dedicado, sino personas para quienes ya no existe la distinción entre realidad y ficción, verdadero y falso”. “Somos agricultores, defendemos a los agricultores” es la soflama más repetida por el discurso de la Fundación Ingenio, pero, la obstinada realidad nos muestra que, no son agricultores y no defienden los intereses de este colectivo ampliamente arraigado en la Región de Murcia, pues representan a agentes con intereses muy distintos a los intereses de los agricultores a los que están arengando con soflamas sectarias e incendiando con arengas partidistas.
Los agricultores y agricultoras de la región, ante los acontecimientos extremadamente graves que se están dando actualmente en el entorno del Campo de Cartagena, merecen y necesitan, ahora más que nunca, el amparo de las instituciones públicas que los tienen históricamente abandonados a su suerte y atrapados en relaciones basadas en desigualdades abismales.
En un contexto donde los agentes a los que representa esta Fundación se apropian de los territorios y los recursos en la persecución de intereses que tienen su origen en una avaricia desmesurada y se traducen en prácticas depredadoras en el territorio donde se asientan nuestras sociedades ribereñas y a costa de los recursos y de las tierras sacrificadas con el único afán de la ganancia particular que se materializa en el modelo agroextractivista. La transición a otro tipo de modelo productivo agrario en el Campo de Cartagena es inevitable pues, es una transición que se está produciendo a nivel global y europeo. Ojalá los agricultores y agricultoras sepan ver bien este hecho y busquen los aliados acertados.
El lobo extractivista, disfrazado de abuelita trata de patrimonializar a nuestros agricultores, nuestro bello, querido y particular trozo de naturaleza y nuestros territorios. Es por este motivo que necesitamos, ahora más que nunca, a las instituciones de todos los niveles del Estado del lado de los agricultores y agricultoras.
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