Tras la lamentable intervención de López Miras en la rueda de prensa motivada por la muerte masiva de peces en las orillas del Mar Menor el pasado 16 de agosto, en la que se autoproclamaba 'salvador' de la albufera, tirando balones fuera, sin un atisbo de autocrítica y responsabilizando al Gobierno central de su propia permisividad e inacción ante el aumento exponencial de regadíos ilegales y vertidos descontrolados, el Gobierno regional ha iniciado una campaña de desinformación a través de organismos y columnistas afines para descargar la responsabilidad a los principales causantes de la degradación a ojos vista del Mar Menor, aunque no los únicos: la agroindustria.
Así, la Fundación Ingenio, aparecida en mayo de 2020 como reacción de un sector de la agricultura, y cuyos objetivos teóricos son “poner en valor una agricultura responsable, comprometida e innovadora”, no ha tenido empacho en afirmar, a través de su directora, Natalia Corbalán, que “ya no hay vertidos de la agricultura actual hacia el Mar Menor”, como si el mero hecho de decirlo fuera a convertirse en realidad. Además, la directora de la Fundación no desaprovecha la oportunidad para acusar a los grupos ecologistas, a los que califica de “activistas radicales”, de ser un “lobby hiperfinanciado”. Esta organización se plantea, además, crear un movimiento de “chalecos verdes”, al estilo de los “chalecos amarillos” franceses, a través de un ente del que poco se sabe, denominado 'Ecologismo y Sociedad', pero que ya intuimos que de ecologista tiene poco.
También la Cátedra de Agricultura Sostenible del Campo de Cartagena (sic) de la UPCT, creada en 2017 con la colaboración, curiosamente, de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y con la participación de trece empresas y cooperativas agrícolas de la zona, se centra más en buscar soluciones tecnológicas, básicamente sistemas de desnitrificación de salmueras, antes que incidir en el origen del problema.
En otra categoría encontramos artículos de personas pertenecientes al ámbito universitario, pero no especialistas en la materia, y de la órbita del PP, como el exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara o el exdirector general de Transportes, Salvador García Ayllón, repitiendo el mantra oficial de que la culpa del deterioro del Mar Menor no es de la agricultura y que para solucionar el problema hay que dragar las golas y vaciar el acuífero cuaternario para depurarlo y echar los residuos salobres al Mediterráneo, soluciones ambas rechazadas por la amplia mayoría de científicos que, esta vez sí, han estudiado el ecosistema marmenorense desde hace décadas. El paroxismo llegó con la visita a la zona del líder de Vox Iván Espinosa de los Monteros declarando de forma provocadora que “se debería incrementar, y mucho, la zona de regadío” y acusando a los ecologistas de “responder a incentivos ideológicos, muy distintos a los de la preservación del medio ambiente”. No se me ocurre otra razón de ser de los ecologistas que la defensa del medio ambiente, pero en fin.
Ante esta ofensiva de carácter ideológico, con la que se persigue perpetuar un modelo agrícola contaminante y cortoplacista, basado en la propuesta de medidas ineficaces para salvar el Mar Menor y la descalificación de todo aquel o aquella que ose desmontar la versión oficial, se alzan voces autorizadas que gritan a los cuatro vientos que otro Mar Menor es posible, aunque con poco éxito. Entre el colectivo agrícola, no todos practican los métodos intensivos. Al contrario que las grandes empresas agropecuarias, hay pequeños agricultores que usan métodos agroecológicos y que intentan recuperar, además, variedades de frutas y hortalizas que están en peligro de extinción, aunque la superficie cultivada con estos métodos es aún pequeña, algo más de 3.000 hectáreas en el Campo de Cartagena, un 5% del total.
El Gobierno regional ha intentado dar un barniz científico a su intento de erigirse como 'salvador' del Mar Menor, montando un foro con el rimbombante nombre de 'Ciencia para recuperar el Mar Menor', en el que han participado científicos de las tres universidades de la Región (UMU, UPCT y UCAM) que no han hecho sino apoyar las medidas anunciadas por el gobierno regional, pero sin contar con los que proponen soluciones diferentes a la versión oficial. Muchos de estos científicos, pertenecientes a las Universidades de Murcia, Cartagena y Alicante, al CSIC, al Instituto Español de Oceanografía y a la Fundación Nueva Cultura del Agua, especialistas todos ellos en el estudio de la laguna, algunos de los cuales dimitieron del Comité Científico de Seguimiento del Mar Menor por desavenencias con la Comunidad Autónoma, firmaron un comunicado en 2019 en el que se reafirmaban en su postura de responsabilizar a los vertidos provenientes de la agricultura y otras actividades como el turismo de la agonía del Mar Menor.
El Gobierno regional y sus mensajeros insisten en no responsabilizarse de su obligación de vigilar y, en su caso, sancionar las actividades que han llevado a Mar Menor a su situación actual y, por supuesto, de desmontar las 8.500 hectáreas ilegales. Pero todavía hay una esperanza, si se atiende la opinión de los agricultores sensatos y sostenibles y al consenso de la mayoría de la comunidad científica, que hacen propuestas cuyo único fin es salvar al Mar Menor, no huir hacia adelante para continuar con esta carrera desenfrenada hacia el colapso de la laguna litoral más grande del Mediterráneo Occidental.
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