En el año 2012, la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, promovió una reforma laboral que actualmente está siendo revisada, con lo que resulta previsible que en próximas fechas afrontemos un nuevo cambio del marco legal que regula el trabajo en nuestro país.
Cada una de estas leyes establece un marco regulatorio complejo, con múltiples aspectos que merecen análisis independientes. De todos ellos me interesa especialmente la modificación de 2012 según la cual el convenio de empresa prima sobre el convenio sectorial. A día de hoy parece previsible que esta modificación se mantenga en la nueva ley.
Haciendo una breve revisión de las circunstancias que han vivido los que con su trabajo han sostenido la economía, hemos de recordar que la esclavitud ha sido más la norma que la excepción a lo largo de la historia. Aristóteles reconocía que la condición de esclavo era inadecuada, pero acababa justificándola al considerarla un mal necesario para poder mantener el funcionamiento de la sociedad.
El cristianismo llevó a la abolición de la esclavitud en el Imperio Romano. Sin embargo, en el Renacimiento, un Occidente necesitado de mano de obra para explotar el Nuevo Mundo pasó a competir con, e incluso a sobrepasar, al mercado de esclavos de Oriente Medio.
La justificación de la esclavitud en una cultura cristiana, o defensora de los Derechos Humanos en el Occidente postcristiano, resulta complicada. El desarrollo de un racismo científico ayudó a mantener en la esclavitud a las personas de raza negra en un intento de funambulismo ético que acabó colapsándose. En cualquier caso, un elemento fundamental en la abolición, tal vez definitiva, de la esclavitud en Occidente fue la necesidad de los estados del norte de los EEUU, que basaban su economía en la energía producida por combustibles fósiles, de competir con los estados esclavistas del sur en la expansión hacia el oeste.
Aún habiéndose superado la esclavitud, otras formas de explotación (más benignas en comparación) han tomado su lugar. Dejando al margen la servidumbre feudal, la explotación del proletariado que se desencadenó con la Revolución Industrial ha provocado un inmenso sufrimiento a los trabajadores. Precisamente, las condiciones de trabajo de los obreros fueron las que provocaron la denuncia de Karl Marx, quien describió vívidamente la penosa situación del proletariado y planteó el comunismo como solución a este problema.
La mejora de la situación de los trabajadores no ha venido directamente de la mano del comunismo, sino de una lucha sindical que, pese a tener inspiración marxista, se ha planteado unos objetivos más modestos que la reorganización de todo el sistema sociopolítico propia de sistemas como el soviético. La otra clave de la mejora laboral ha sido la intervención del estado, cuya regulación ha limitado los excesos más groseros de la explotación laboral.
La lucha sindical se ha apoyado en la fuerza que adquieren los trabajadores cuando se unen frente a condiciones laborales inaceptables y van a la huelga. En esta situación extrema, los trabajadores renuncian a llevar un sueldo a casa para paralizar un sector laboral que los explota, con un órdago consistente en plantear que, o se reorganiza el sistema de modo que tanto el proletariado como los propietarios de los medios de producción obtengan una situación ventajosa, o se hunde el barco y todos pierden.
En ausencia de la unión de los trabajadores, al menos de los de un sector, la huelga no resulta efectiva. De hecho, hay empresas poco productivas que sólo pueden ser rentables a costa de la explotación de los trabajadores y a las que la huelga lleva a la quiebra.
Éste es el argumento de la reforma laboral de 2012, mejorar la economía, y mantener puestos de trabajo, permitiendo una flexibilidad de las condiciones de trabajo que haga posible la supervivencia de las empresas menos productivas. Eliminar la unión de los trabajadores de un sector para que cada empresa llegue a su propio arreglo particular. Como unas empresas compiten con otras, esto conduce a un progresivo deterioro de las condiciones de trabajo para maximizar el beneficio empresarial. La lucha sindical queda anulada y la única protección que le queda a los trabajadores es la del estado.
Ante la evidencia de que es el estado (a nivel nacional o europeo) el que promueve la aniquilación de la fuerza sindical, no supone un gran salto de imaginación suponer la indefensión del trabajador en este marco laboral.
Para defender la reforma, queda el argumento de que es necesario que los trabajadores asuman condiciones penosas por el bien de la economía, que éste es un mal necesario para sostener el funcionamiento del sistema socioeconómico. Éste es el mismo argumento que utilizó Aristóteles para defender la esclavitud. ¿Lo vamos a aceptar?
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