Les confieso que llevo una semana entre la rabia, el asco y la frustración. Cuando leí en la prensa regional que siete empresarios se librarían de la cárcel pese a reconocer haber abusado de menores me vinieron a la boca varias expresiones que mejor no reproducir aquí. Entré en X (antiguo Twitter) y vi que no era la única. Poco a poco, la marea de indignación crecía ante lo macabro de la noticia. Volví a leerla. Los hechos estaban claros: a través de una red de mujeres que captaban a las menores más vulnerables a las puertas de discotecas y colegios, siete empresarios desarrollaron una red para abusar de menores a cambio de dinero. Buscaban “chicas jóvenes y nuevas”. Y gracias a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, los siete puteros pagarán multas irrisorias y se irán de rositas. Quién sabe si pensando en que la próxima vez tienen que organizarse mejor. Atar más fuerte los cabos.
Lo de la conformidad se me quedó en la cabeza. ¿Conformidad para quién? ¿De verdad la Justicia considera que puede existir algún tipo de conformidad entre un empresario (un poderoso, a fin de cuentas) y una menor prostituida? ¿De verdad nadie con toga va a recurrir a esos principios deontológicos con los que tanto se llenan la boca cuando ven en sus morros cómo se compra a una familia para que la acusación se diluya, se retire y brote de la nada un acuerdo escandalosamente beneficioso para los pederastas? ¿De verdad nadie va a remangarse para limitar esta autopista sin peaje que son los acuerdos de conformidad entre partes tan desiguales y, de paso, sacar a la Justicia de su pozo de inmundicia?
A poco que cualquiera revise la hemeroteca, verá que el de los siete puteros no es el único caso. Ahí va otra: 6 de octubre de 2022. La Audiencia Provincial de Murcia condena a dos años de prisión y siete de libertad vigilada a un hombre que reconoció en el juicio haber abusado de forma continuada, durante tres años, de una sobrina menor de edad, que se intentó quitar la vida en dos ocasiones “por la rabia e impotencia que le causaba la conducta del acusado”. En este caso también hubo conformidad y los padres retiraron la denuncia. Y nadie levantó una ceja.
Hace dos años, los jueces murcianos firmaron un manifiesto condenando unas declaraciones en las que yo acusé al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, de poco amigo de la causa feminista. La verdad es que pienso que me quedé corta. Después de varios meses hablando de regeneración de la Justicia con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, no estaría de más que recordáramos que, aunque ya esté desbloqueado, esa regeneración no será completa hasta que no quede una sola toga machista en la judicatura. En Murcia tienen por dónde empezar.
Y acabo con una nota optimista. Los cientos de personas que nos manifestamos el domingo a las puertas de la Audiencia Provincial de Murcia no somos otra cosa que la sociedad de esta tierra. Una sociedad que, a veces, avanza más lento de lo que debería, pero que rara vez se detiene. Una sociedad que ha visto cómo hace unas semanas Gisèle Pelicot hizo Historia en Francia al poner la primera piedra para que la vergüenza en un juicio caiga sobre los violadores. Una sociedad que tomó nota y que no va a permitir que ninguna estructura de eso que el periodista Pablo Elorduy llama ‘Estado feroz’ se interponga en su camino. Somos más, estamos hartas y tenemos razón.
*María Marín es es portavoz y diputada por Podemos en la Asamblea Regional de Murcia
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