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Trabajo docente y salud mental, una relación oculta

Un profesor en un aula

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Mientras nos adentramos en un nuevo invierno de descontento, el deterioro de la salud mental y el consumo asociado de medicamentos psicotrópicos se extienden por el mundo; el asfixiante calor no protege a España de este viento helado, al contrario, de acuerdo con el último informe de la  Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE),  correspondiente a 2021, nuestro país ocupa el primer puesto mundial en el índice de consumo de benzodiacepinas, medicamentos psicotrópicos utilizados fundamentalmente para tratar la ansiedad, los trastornos de pánico, la depresión y el insomnio.

La sociedad capitalista antepone las necesidades de la economía a la de las personas y, cuando el adormecimiento “idóneo” que provocan el consumo y las distracciones constantes no es suficiente para ocultar el malestar, este distópico mundo feliz también tiene la solución para usted: la anestesia química que le permitirá seguir produciendo mientras ignora su insatisfacción vital o, en el peor de los casos, le podrá prometer una pronta recuperación de su salud identificada, cómo no, con la “vuelta al trabajo” convertida en medida estándar de la salud.

El preocupante deterioro de la salud mental ha alcanzado, especialmente tras la pandemia de la COVID-19, a niñas, niños y adolescentes, y ha hecho ineludible el abordaje del problema en los centros educativos, hasta el punto de que la Consejería de Educación, en colaboración con la Consejería de Salud, han considerado preciso publicar una Guía de prevención del suicidio para su utilización en los centros educativos que atribuye al profesorado una serie de responsabilidades, como son realizar un mapa de riesgo de su grupo, detectar situaciones de crisis, sensibilizar en habilidades tales como el autoconocimiento, la autoestima, o el manejo de emociones, tensiones y estrés. Habilidades para las que, sin embargo, no se contempla proporcionar al personal docente la necesaria formación ni la reserva de horas de trabajo específicas que serían precisas para ello.

El personal docente, por su parte, no sólo carece de preparación específica para tales tareas, sino que, desbordado por la sobrecarga de trabajo y agobiado por la creciente burocratización, tampoco dispone de tiempo y se encuentra tan afectado, sino más, como la media de la población por la epidemia. De acuerdo con la memoria del Servicio de Prevención de Riesgos de la Consejería de Educación en 2021, las enfermedades psiquiátricas son, con gran diferencia, la principal causa de baja entre el colectivo docente (4.004 bajas en 2021), seguidas de las reumatológicas, que en el pasado (hace apenas 10 años) solían ser, sin embargo, significativamente más numerosas.

El sindicato STERM-i viene señalando la aparente paradoja de que, siendo las enfermedades psiquiátricas las más frecuentes, no se haya reconocido la relación con el trabajo, en el ámbito de la Consejería de Educación, de ni siquiera una sola de las más de 4.000 bajas del pasado año. Es bien conocida, sin embargo, la existencia de centros educativos donde en momentos puntuales se acumulan este tipo de procesos de incapacidad temporal por lo que cabría sospechar cierta relación de éstos con el trabajo. 

Lo cierto es que, el incremento de horas lectivas, la creciente burocratización, la falta de espacios para el contacto personal en los centros, con la consiguiente dificultad para establecer relaciones personales significativas, o el propio contexto social adverso, provocan el deterioro de las condiciones laborales, y pueden causar crisis de salud en el personal docente cuya relación con el trabajo es preciso contemplar y reconocer.

De forma más específica, existen centros de trabajo en los que se generan situaciones tóxicas, perfectamente detectables; en estos casos, la Administración en lugar de investigarlas y buscar remedios específicos, se limita habitualmente a permitir, no sin dificultades, que el personal docente que alega conflictos de convivencia pueda cambiar de destino. Aunque se trata de crisis a menudo provocadas por abusos de autoridad la Administración tiende, de hecho, a tolerarlas, dejando impunes a los responsables, para después liberar parte de la presión facilitando la salida del personal agredido, que suele optar por el exilio con tal de evitar el deterioro de su salud. 

Desde STERM-i consideramos que es ineludible abordar una mejora de las condiciones de trabajo, con reducción de horas lectivas y descenso de la burocratización, que permita aliviar la presión sobre el profesorado y la cada vez mayor carga mental asociada a su trabajo. Por otra parte, la Administración tiene el deber de velar por la salud de sus trabajadoras y trabajadores, actuando cuando existe un conflicto, buscando activamente su origen para solucionarlo, sin recurrir, como única opción, al exilio de las víctimas.

Es imprescindible asignar de una vez por todas los fondos y el personal necesario al servicio de prevención de riesgos, a fin de que se pueda hacer un análisis real de los riesgos psicosociales presentes de forma específica cada centro educativo, y actuar cuando determinados factores, como el número de bajas psiquiátricas, la petición de comisiones de servicio por motivos humanitarios, o las denuncias de tipo disciplinario, aparecen. 

Si cualquier empresa es responsable de crear un entorno de trabajo seguro, más aún la Administración educativa, que tiene la obligación de ser un referente en este campo, para que sus profesionales puedan a su vez ayudar a una infancia y una juventud que necesitan su guía y apoyo más que nunca.

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