La Comisión CAN señala a Enrique Goñi y a la “dejación” del control institucional como causas de la desaparición

La Comisión de investigación constituida para esclarecer motivos y depurar responsabilidades en torno a la desaparición de la Caja Navarra acaba como empezó: con el cuatripartito culpando a Enrique Goñi y los anteriores gestores públicos de su desaparición y con UPN, PSN y PPN expicándolo por la crisis económica. Hoy se ha aprobado el informe de conclusiones suscrito por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e I-E, que han hecho valer su mayoría y han rechazado las críticas de UPN y PSN. El texto imputa la extinción de la entidad financiera al “cambio de modelo de negocio impulsado por Enrique Goñi” y a la “dejación de las funciones de control que correspondían a las instituciones forales”, habla de una “pérdida patrimonial del 80%, muy superior a la sufrida por otras entidades del entorno”. UPN, PSN y PPN han votado en contra.

Las conclusiones, eso sí, incluyen dos votos particulares, uno firmado por UPN y otro por PSN, que coinciden a la hora de destacar el carácter electoralista de la Comisión, y la convicción de que, “atendiendo a la realidad económica, Caja Navarra en ningún caso habría podido continuar su actividad en solitario”. Los socialistas, no obstante, coinciden con el cuatripartito al observar una “clara dejación de funciones en la tarea de supervisión de los gobiernos forales”, crítica que desde UPN se rebate apuntando que la “fiscalización corrió a cargo del Banco de España”.

Constituida el 27 de abril de 2016 a iniciativa de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, la Comisión de Investigación se ha centrado en determinar si las actuaciones de Caja Navarra, su Corporación Empresarial y el resto de entes vinculados fueron acordes a los principios fundacionales, así como en esclarecer la situación actual del conjunto del patrimonio resultante de la extinción.

El informe concluye que “no existe evidencia, ni desde el punto de vista financiero ni regulatorio, de que CAN no pudiera haber continuado en solitario de no haber mediado la dejación de la tarea de inspección que correspondía al Gobierno -al que acusa de no realizar esa tarea ”desde 1978“-, ni la adopción de decisiones estratégicas que, como la integración de Caja Sol (noviembre de 2010) en Banca Cívica (constituida en junio de 2010 con Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias) o la salida a Bolsa de ésta en 2011, resultaron fatales para el patrimonio de la CAN”, llegándose a cifrar la pérdida patrimonial en “mil millones de euros”.

Así, tras repasar la trayectoria de una entidad que, centrada en el negocio bancario tradicional, llegó a 2001 siendo una de las más sólidas del sector, se cuestiona el nombramiento de Enrique Goñi como director General de CAN y se pone en solfa el cambio de modelo de negocio “en los años de mayor burbuja inmobiliaria” (multiplicación de oficinas, prejubilaciones, incremento de plantilla), estrategia que, a su entender, “acentuó la caída del ratio de solvencia y la dejó a merced de las fusiones impulsadas por el Banco de España”.

Los votos particulares. UPN: “Una pérdida sentimental”

El voto particular insertado a instancias de UPN defiende que, si bien Caja Navarra “experimentó una mejora en su gestión a partir de 2002, con valoraciones crecientemente positivas por parte del Banco de España, la crisis económica y financiera afectó a sus resultados”.

En ese contexto, se alega que su transformación en Fundación bancaria y el hecho de que sea una de las 14 que existen actualmente con esa denominación (de entre las 45 de 2009) “refuerza la conclusión de que su desempeño estuvo por encima de la media de sus semejantes”. Si a eso se añade que “la obra social en Navarra es la más elevada de España en euros/habitante”, cabe colegir que “no existen razones que evidencien una pérdida de capacidad y calidad financiera real para los navarros”.

“Como mucho y aunque la Fundación Caja Navarra tiene derecho a un puesto en el Consejo de Administración de Caixabank, cabe asumir que el centro de decisiones ya no está en Navarra, algo que ya era así cuando el 6 de junio de 2010 se constituyó Banca Cívica. La pérdida, por tanto, es puramente sentimental, similar a la que supuso en su día la desaparición de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona”.

PSN: falta de ética, pero no delitos

 El voto particular agregado a instancias de PSN sitúa en el plano propagandístico el “único fin de esta Comisión”, empeñada en “alargar hasta la vergüenza sus conclusiones para convertirlas en un arma electoral”.

 A partir de ahí y tras dejar patente que lo que se investiga son “responsabilidades políticas, nunca de gestión empresarial”, marca distancias con el cuatripartito, que “pretende hacer creer lo que no es más que una quimera, que la CAN hubiera podido subsistir sola o cercana a lo que hoy es Kutxabank”. Y también con UPN, que “justifica todas y cada una de las acciones de gobierno que realizaron los Ejecutivos previos a las fusiones y absorciones”. 

En materia judicial, enfatiza el archivo de todas las acusaciones elevadas a os tribunales por la asociación Kontuz, y se rehúsa valorar los sueldos de los diferentes ejecutivos, así como las indemnizaciones de despido que se cobraron. En ambos casos no vislumbran “responsabilidad política ni administración desleal”.

Y en lo concerniente a las dietas, “legales, tal y como se ha constatado en los órganos judiciales competentes”, se achaca “falta de ética a los responsables del Ejecutivo que cobraron esas retribuciones”.

Finalmente, se destaca la capacidad de inversión de la Fundación Caja Navarra, unos 13 millones de euros anuales, “muy por encima del resto de territorios que también vieron cómo sus cajas de ahorro se transformaban en fundaciones bancarias”. Y se constata que la transformación por mandato legal ha supuesto una “merma en sentido de pertenencia y simbología que difícilmente podrá ser suplida”.

En el curso de sus trabajos, la Comisión de Investigación ha recabado testimonios, valoraciones y propuestas de diferentes entidades, expertos y altos cargos. En sus casi tres años de actividad ha realizado numerosas sesiones, la primera el 20 de mayo de 2016. En total, 47 reuniones, 15 comparecientes y 23 sesiones.

Tras su aprobación en el seno de la Comisión de Investigación constituida al efecto, el informe de conclusiones será elevado al Pleno del día 28, para definitivo debate y votación. Las conclusiones aprobadas por el Pleno, que no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento y comunicadas a la Diputación Foral, sin perjuicio de que la Mesa del Parlamento dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunasLas Comisiones de Investigación se extinguen a la finalización del trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura.