Navarra llevará a la Fiscalía a una fundación ultracatólica que educa sin autorización oficial a 55 menores

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra va a enviar a la Fiscalía a la fundación Maestro Ávila, una comunidad ultracatólica y vinculada a la extrema derecha en la que están escolarizados 55 menores de entre 3 y 18 años, pese a que el centro “no cuenta con una resolución administrativa estatal que reconozca oficialmente la enseñanza impartida dentro del sistema educativo español”. Así lo ha anunciado este viernes el consejero Carlos Gimeno.

La fundación Maestro Ávila llegó a la localidad de Arguiñano, situada en la Meridad de Estella, en el año 2009. En los últimos años, han ido adquiriendo varios inmuebles, el más reciente el antiguo internado de Andéraz donde ahora imparten las clases. Tras haber recibido varias denuncias por desprotección de menores, EH Bildu ha llevado a la comisión de Educación el caso de esta fundación para que el Ejecutivo explique qué actuaciones planea impulsar.

El consejero Carlos Gimeno, que ha reconocido estar “preocupado” por la situación de los menores, ha lamentado que su Departamento “no puede cerrar” el centro ni “sancionar a las familias que voluntariamente llevan a sus hijos a esas instalaciones aunque estén en edad de escolarización obligatoria” por no tener competencias para actuar al no ser “un centro docente”.

Por ello, ha explicado que va a solicitar una reunión con la Fiscalía de Navarra para “explicarles las competencias del Departamento de Educación” y “con la intención de resolver las posibles irregularidades apreciadas haciéndolo de manera imprescindible por medio de una actuación de la Justicia que pudiera habilitar la actuación del Departamento”.

Gimeno ha detallado que “los responsables de la entidad manifiestan que el citado centro desarrolla su actividad educativa dirigida a estudiantes en edad de escolarización de familias residentes en las localidades de la zona” y que “el centro de estudios atiende a 55 alumnos y alumnas en edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, organizados en cinco agrupamientos correspondientes a los niveles de segundo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato”.

Según ha expuesto, los responsables del centro manifiestan que el centro de estudios “cuenta con un acuerdo de colaboración con un centro educativo privado situado en Michigan”. “Respecto al procedimiento de acreditación académica, se informa que la entidad no expide títulos oficiales con validez académica en el sistema educativo español, limitándose a realizar actividades educativas a distancia con el citado centro y vinculando a la acreditación de su alumnado a la certificación oficial de títulos del sistema de Estados Unidos”, ha explicado Gimeno, que ha añadido que “al finalizar los estudios, el alumnado obtiene un diploma de High School de Michigan, con la posterior homologación ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte de España, permitiendo obtener la equivalencia oficial al título de Bachillerato español, una cuestión que se está revisando y podría ser revocada o revisando cuando menos esa homologación”.

En estos momentos, ha comentado, “tienen planteada la posibilidad de constituirse en centro asociado o adscrito al centro de Michigan, tramitando en Navarra la homologación del mismo como centro de enseñanza extranjero”. Y ha aseverado que “a la entidad se le traslada e informa expresamente que la impartición de enseñanzas correspondientes a etapas del sistema educativo de carácter obligatorio requiere la preceptiva autorización administrativa conforme a la normativa vigente”.

“Los responsables del centro de estudio señalan que están trabajando en el proyecto de traslado de la actividad educativa a las instalaciones del antiguo centro privado Andéraz, que refieren haber adquirido recientemente”, ha apuntado el consejero, para apostillar que “no se ha acreditado la validez académica oficial de los estudios impartidos, más allá de los posibles mecanismos individuales de acreditación de su alumnado, vinculando a la certificación oficial de los sistemas de títulos del sistema de EEUU”.

Necesidad de identificar a los menores

La consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, por su parte, ha explicado que para valorar una posible situación de desprotección es indispensable poder identificar a los menores que están escolarizados en la fundación para así poder contactar con sus familias. Por ello, también han solicitado la colaboración al Ministerio Fiscal “ya que el Departamento y la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia no tiene competencia para realizar dichas identificaciones”.

Según ha detallado, el Departamento solo tiene capacidad de actuar si tiene conocimiento de una denuncia, “bien sea por parte de familiares, centros educativos sanitarios o servicios sociales” y se interviene si es necesario después de analizar el caso. Con todo, ha dicho que desde el Departamento han trasladado toda la información a Fiscalía, “que ha archivado el procedimiento”. “En cualquier caso, los Servicios Sociales de la zona son conocedores de la situación y todos estamos alerta ante posibles situaciones de riesgo que pudieran identificarse”, ha asegurado.