El Parlamento de Navarra aprueba modificar la ley que obligó a dimitir al exconsejero del PNV Manuel Ayerdi

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una proposición de ley foral para modificar la ley del Gobierno que obligó a dimitir al consejero del PNV Manuel Ayerdi cuando se le comunicó que estaba siendo investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en el 'Caso Davalor'. El nuevo texto aprobado recoge que que la dimisión o cese de los altos cargos electos por motivos judiciales no se producirá en el momento de la investigación, sino cuando se abra juicio oral o se decrete prisión provisional.

En concreto, la proposición de ley modifica el artículo 68 de la ley foral del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente y ha sido propuesta por PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, con cuyos votos ha sido aprobada en la Cámara, con el rechazo de Navarra Suma. Las cuatro formaciones firmantes del acuerdo de Gobierno y EH Bildu han presentado esta ley tras la dimisión de Ayerdi por la presunta concesión irregular de ayudas por valor de 2,6 millones de euros a la empresa Davalor Salud durante los años 2015 a 2017, cuando la compañía se encontraba en crisis y él ocupaba el cargo de vicepresidente primero del Gobierno de Navarra de Uxue Barkos, así como el de consejero de Desarrollo Económico y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (SODENA). 

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha sido la encargada de defender esta proposición de ley con la que, según ha dicho, lo que se pretende “no es eliminar esa exigencia de transparencia, ética y de responder en el ejercicio de la acción política de un Gobierno, sino modificar el momento en el que un cargo público debe dimitir o ser cesado cuando se le atribuye en sede judicial delitos contra la administración pública”, recoge Europa Press.

Así, ha defendido delimitar este momento “con garantía de certeza y seguridad jurídica, sin dar lugar a interpretaciones” y “más allá de boceríos políticos y de la instrumentalización política que se ha hecho por Navarra Suma”. Se ha referido, en este sentido, al caso de Manu Ayerdi, y ha afirmado que “no se encuentra en un Gobierno en base a un artículo que establecía una serie de condiciones que sabemos todos que es necesario modificar”. “Este artículo no tiene pase, este artículo está mal y produce consecuencias indeseables porque permite una utilización torticera de la Justicia por parte de políticos”, ha sostenido.

Por el contrario, el parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha calificado de “deplorable” esta propuesta y ha acusado al resto de partidos de “ocultar el motivo real” de esta modificación de ley que, según ha dicho, es “la dimisión de Ayerdi tras acordar el Tribunal Supremo, y no Navarra Suma, abrir causa penal contra él por dos delitos de corrupción”.

“No pueden decir la verdad porque están llevando a cabo una modificación de la ley para servir a un interés particular”, ha sostenido Sánchez de Muniáin, para quien con esta decisión buscan “beneficiar a un número concreto y determinado de altos cargos de su Gobierno”, ya que “temen que en esos supuestos hechos delictivos que se están investigando” se haya contado con “la colaboración de algunos otros cargos y puedan afectarles esta normativa”. A su juicio, se trata de “una indecencia” que “debería avergonzarles” y ha considerado que “han ido a salvar al soldado Ayerdi de este asunto y a los que puedan venir”.

En representación de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha considerado “necesaria” la modificación de este artículo 68, si bien ha reconocido que “si de nosotros hubiera dependido, no hubiéramos escogido este momento, sino hubiéramos esperado a la resolución del tema judicial de Manu Ayerdi para poder debatir sin que se nos pudiera achacar ningún tipo de interés partidista en ello”.

En todo caso, ha defendido la nueva redacción propuesta, ya que “no da lugar a interpretaciones y recoge el espíritu” inicial. Y también ha sido crítica con el “uso espurio” que, en su opinión, ha realizado Navarra Suma de este artículo “no con fines altruistas de beneficio a la ciudadanía, sino únicamente con fines partidistas”. “Este texto legal ha generado una incertidumbre impropia de un texto legal”, ha planteado Regúlez.

Por parte de EH Bildu, Arantxa Izurdiaga ha afirmado que esta modificación de la ley del Gobierno y su Presidente “no es a favor ni en contra de nadie, sino que manteniendo el espíritu original del artículo, se pretende dotar al texto de una mayor seguridad jurídica para evitar diferentes interpretaciones”.

“Cuando por primera vez se ha tenido que aplicar este artículo se han puesto de manifiesto una serie de dificultades para poder aplicarlo adecuadamente, la redacción técnica no era lo más adecuada y esto dificultaba su aplicación”, ha sostenido Izurdiaga, quien también ha apostado por poner en marcha la Oficina Anticorrupción al ser “el mecanismo más efectivo y garantista para evitar que se den este tipo de malas prácticas”.

En representación de Podemos, Mikel Buil ha remarcado que “este artículo se gestó en un momento en el que el PP ya estaba superando los 1.000 condenados por corrupción y que en los informes de la Guardia Civil comenzaba a aparecer como una organización criminal, de ahí que esta Cámara votara por unanimidad una medida contra la corrupción”.

Y ha apoyado modificar ahora este artículo ante “estrategias de extender la marcha, de banalizar y apuntar a todo lo que se menea”. “A Podemos se le ha denunciado 16 veces, Vox, Manos Libres... y en todas hemos salido inocentes”, ha remarcado.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha considerado que con esta modificación “estamos dando un paso adelante porque se está poniendo límites a que se utilice este tipo de denuncias con intereses puramente partidistas y que se instrumentalice esta norma con intenciones un tanto espurias”.

Según ha expuesto, “un cargo público no debe ser solamente honesto, tiene también que parecerlo y la ética pública tiene que estar en este caso por encima de los conceptos jurídicos”.