UPN ejercerá la acción popular contra Solana por pedir la suspensión del desalojo del gaztetxe Maravillas

De la bronca política a la judicialización. Los problemas con la gestión del desalojo del gaztetxe Maravillas parecen no tener fin para el Gobierno de Navarra. La Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo ha impuesto a UPN una fianza de 12.000 euros para ejercer la acción popular que pretende contra la portavoz del Ejecutivo, María Solana, contra quien se ha querellado por “delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos en relación con un delito de malversación y otro sobre el patrimonio histórico”.

La querella se refiere a la actuación de la consejera en relación a la actuación judicial sobre la ocupación del Palacio del Marqués de Rozalejo, en Pamplona, informa Europa Press de fuentes del Tribunal Supremo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona acordó el archivo de la causa abierta al considerar que la solicitud presentada por el Gobierno de Navarra de que se suspendiera la orden de desalojo decretada por el juez en un auto fechado el 16 de agosto supone una tolerancia de la ocupación y, por tanto, los hechos no pueden considerarse constitutivos de delito.

La portavoz del Gobierno explicó que la petición de suspensión se realizó para evitar problemas de seguridad en un hipotético segundo desalojo tras la reocupación del palacio en fin de semana.

La fijación de fianza se produce con carácter previo a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si procede o no la admisión a trámite de la querella. UPN tiene un plazo de ocho días para consignar en metálico la fianza.

En un auto, el Tribunal Supremo recuerda que “la acción popular lleva consigo la prestación de una fianza, que deberá ser proporcionada y equitativa de tal manera que no impida a nadie, en función de su condición económica, el acceso al proceso negándole así su derecho a la tutela judicial efectiva”.

El alto tribunal agrega que “no pueden exigirse fianzas que, por su inadecuación, impidan el ejercicio de la acción popular”. La Sala estima que una fianza de 12.000 euros “satisface las exigencias legales”.

Los regionalistas siguen adelante

UPN ha adelantado en un comunicado que va a consignar en los próximos días la fianza. El partido regionalista interpuso una querella el pasado 31 de agosto contra María Solana en la que se le acusa de “la posible comisión de tres delitos: prevaricación administrativa; malversación por omisión, al permitir con la tolerancia de la ocupación que terceros hagan un uso y disfrute irregular de un bien inmueble titularidad del Gobierno de Navarra; y omisión del deber de perseguir delitos, en este caso contra el patrimonio histórico”.

“El Palacio Marqués de Rozalejo es un edificio del siglo XVIII, propiedad del Gobierno de Navarra, que goza de un grado de protección especial por su valor histórico y arquitectónico en el que, según se ha sabido, los okupas han realizado obras ilegales sin control alguno por parte de la Administración”, ha remarcado UPN.

Según ha expuesto, “como partido mayoritario de Navarra, cumple con su obligación de denunciar ante la Justicia una serie de hechos que consideramos que podrían ser delictivos”. Además, para los regionalistas, “resulta intolerable que el Gobierno de Navarra esté permitiendo la ocupación ilegal de un edificio propiedad de todos los navarros, mandando así un mensaje de que con violencia y saltándose la ley en Navarra se consigue todo”.