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El Congreso evita declarar “genocidio” los crímenes de ETA, rebajando la condena del Parlamento navarro
El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves una moción en la que se vuelven a condenar los crímenes de ETA pero, a diferencia de lo que se aprobó en el Parlamento navarro y pretendía refrendar UPyD en Madrid, no da por sentado que sean delitos de genocidio y por tanto imprescriptibles, sino que remite su consideración jurídica a los tribunales.
El grupo parlamentario de UPyD intentó aprobar en el Congreso la declaración institucional aprobada el 17 de marzo en la Junta de Portavoces del Parlamento navarro en la que se daba por sentado que los crímenes de “la izquierda abertzale y su brazo armado ETA” han supuesto actos de genocidio y de “limpieza nacional”.
Pero el PP, el PSOE y UPN, que fueron quienes aprobaron ese texto en Pamplona, presentaron junto con Coalición Canaria y Foro Asturias una enmienda conjunta en la que rebajaban la declaración institucional.
UPyD, a quienes los partidos mayoritarios avisaron que no apoyarían su moción original, acabó aceptando la nueva redacción, que este jueves se ha aprobado en el Pleno del Congreso con el voto en contra de Izquierda Plural, los nacionalistas de CiU, PNV y BNG, y los independentistas de Amaiur y ERC.
YA NO HABLAN DE LIMPIEZA ÉTNICA
Así, mientras que en Navarra se aprobó condenar la “limpieza nacional”, los crímenes contra la humanidad y actos de genocidio cometidos por “la izquierda abertzale y su brazo armado, ETA”, en el texto aprobado en el Congreso desaparece la mención expresa a la izquierda abertzale y el texto se queda en una condena de los crímenes de ETA, a sus autores y a quienes les apoyaron.
Además, desaparece la expresión “limpieza nacional” y ya no se da por hecho que los crímenes de ETA fueron un genocidio, sino que se anima a la Justicia a “determinar si, además de su consideración en el ámbito moral y social, fueran constitutivos jurídicamente de delitos de genocidio o lesa humanidad”.
Lo que el Congreso añade es un mandato al Defensor del Pueblo para que “elabore un estudio sobre la afectación de los Derechos Humanos de todas las víctimas de estos delitos y su situación actual, con recomendaciones dirigidas al conjunto de las instituciones”.
En aquella declaración de Navarra, a la que se opuso Bildu, se proclamaba también el 11 de febrero como “Día en memoria de los desplazados forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la humanidad”, y se instaba a tener en cuenta el relato de este genocidio en el material didáctico de todos los niveles del sistema educativo.
TAMPOCO INCLUYE EL RELATO DE LAS VÍCTIMAS EN LA EDUCACIÓN
Sin embargo, en la enmienda de PP, PSOE y UPN aprobada en el Congreso y recogida por Europa Press, ya no hay mención alguna a incorporar al sistema educativo el relato de las víctimas del terrorismo.
Al texto navarro, UPyD añadió un mandato al Gobierno a impulsar en Naciones Unidas la adopción de un Convenio Global contra el Terrorismo y a promover en el ámbito del Derecho Internacional “el reconocimiento de los crímenes cometidos por ETA y la izquierda abertzale como crímenes contra la humanidad y actos de genocidio, y cuyo enjuiciamiento y reglas de prescripción responda a la normativa internacional para ellos aplicable”.
El objetivo del partido magenta era que, una vez acordada la correspondiente definición consensuada terrorismo en el ámbito internacional, “proceda promover la inclusión del crimen de terrorismo en el Estatuto de Roma, en el contexto de una futura Conferencia de Revisión”.
El Estatuto de 2012 de la Corte Penal Internacional no contempla la posibilidad de juzgar los crímenes de terrorismo y si se logra incluirlos se evitaría que los terroristas se refugiaran en un Estado extranjero y se impedirían la prescripción de los delitos y los bloqueos a las peticiones de extradición.
En su enmienda alternativa refrendada por el Congreso, PP, PSOE y UPN se limitan a reiterar los acuerdos adoptados en marzo de 2009 y en octubre de 2014 para la inclusión de los delitos de terrorismo en el ámbito de competencia de la Corte Penal Internacional.
La moción es consecuencia de la interpelación que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, dirigió al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En su debate de este miércoles, el PP y buena parte de los grupos de la oposición acusaron al partido magenta de usar la política antiterrorista con fines electoralistas.
