Cuatro guardias civiles declaran en la Audiencia por supuestas torturas a un miembro de Sortu
Cuatro agentes de la Guardia Civil han declarado esta mañana como investigados en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona por haber torturado presuntamente al miembro de Sortu Eneko Compains, que fue detenido junto con otras nueve personas en septiembre de 2010 acusadas de pertenecer a Ekin, el ilegalizado aparato político de ETA. Fue puesto en libertad en 2016 tras llegar a un pacto con la Fiscalía.
Las declaraciones se producen por orden del Tribunal Constitucional, que ordenó reabrir la investigación después de dos archivos de la denuncia en enero de 2013 y julio de 2015 al considerar que el detenido pudo ver vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.
Antes de la declaración, un grupo de personas se han concentrado a las puertas de la Audiencia de Navarra para denunciar la “impunidad” de las supuestas torturas tras una pancarta que rezaba Tortura, itzaletik argira. El propio Compains, natural de Pamplona, ha declarado a los medios de comunicación que se han denunciado “miles de casos de torturas y las condenas se han contado con los dedos de la mano y, en la inmensa mayoría de los casos, han terminado en indultos”.
En sus declaraciones, Compains ha considerado que en este país ha habido “múltiples violencias” y ha encuadrado la tortura en una “estrategia de Estado” impulsada en su opinión por PP y PSOE para “combatir el independentismo” . También ha responsabilizado “en menor medida” al PNV por su “responsabilidad sobre la Ertzaintza”. El activista ha considerado que los cuatro guardias civiles no actuaron “motu proprio”, sino “a sabiendas de que había una estrategia que les amparaba”.
Compains ha pedido a los partidos políticos navarros que “trabajen” con el informe sobre la incidencia de la tortura y malos tratos entre 1960 y 2014 presentado por el Gobierno vasco en 2017, y al Gobierno foral que realice un “reconocimiento público” de las víctimas citadas en el texto.
Según ha informado Naiz, los cuatro agentes habrían negado en su declaración las supuestas torturas y habrían relacionado la denuncia con “una estrategia de ETA para interponer denuncias falsas contra la Guardia Civil durante las detenciones”. Los agentes fueron los encargados de custodiar y trasladar a Madrid al detenido, que se acogió al derecho a no declarar y relató al médico forense que durante el periodo de incomunicación seguido a su detención sufrió golpes, amenazas y asfixia.
