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El juzgado avala el convenio urbanístico suscrito por el Ayuntamiento de Castro con Anchoas Lolín

El Consistorio aprobó en mayo un polémico acuerdo urbanístico para trasladar la conservera al polígono de Vallegón para instaurar un centro comercial

Conservera Lolín en Castro Urdiales | RUBÉN ALONSO

Conservera Lolín en Castro Urdiales | RUBÉN ALONSO

El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 ha avalado el convenio urbanístico suscrito por el Ayuntamiento de Castro Urdiales con la empresa Anchoas Lolín, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento aprobó en el Pleno de mayo de 2017 un convenio urbanístico con Anchoas Lolín para facilitar el traslado de esa industria del entorno urbano al polígono de Vallegón y permitir el desarrollo comercial de la parcela de Brazomar, debiendo la empresa ceder al Consistorio un local de 950 metros cuadrados en el edificio, además de construir una pasarela de peatones y ciclistas entre Leonardo Rucabado y la vía verde de Traslaviña.

Tras el acuerdo de Pleno, que contestó a las alegaciones hechas a la exposición pública previa del texto del convenio, uno de los alegantes interpuso un recurso al juzgado Contencioso Administrativo, cuya sala segunda ha desestimado mediante sentencia fechada el 7 de enero, que da por buena la tramitación llevada a cabo por el Ayuntamiento y condena en costas al alegante.

Contra la pretensión del recurrente, que alegaba falta de motivación del convenio, la sentencia entiende que se ha justificado el interés general, ya que sacar fábricas del centro de la ciudad redunda en el beneficio de la ciudadanía, ha explicado el Ayuntamiento.

También se desestima la alegación que denunciaba una ocupación de suelo público de la fábrica, primero porque hubiera sucedido hace más de 20 años y además no es objeto del convenio, y segundo porque da por buena la investigación abierta por el Ayuntamiento en 2017 al respecto que concluyó que no se produjo usurpación alguna.

En otras de las alegaciones, como la de un supuesto estudio de tráfico de 2004, a cuya prueba pericial renunció el propio alegante, aprecia el juez que el recurso no obedece tanto a la defensa del interés general como a que el recurrente tema verse afectado por una futura reordenación viaria, la cual tampoco se contempla en el convenio.

La sentencia viene a ratificar la tramitación urbanística llevada a cabo por el Ayuntamiento, que sigue con el procedimiento de modificación del Plan General según lo estipulado en el convenio, y que permitirá trasladar la industria molesta al polígono de Vallegón, la ampliación de dotaciones públicas en la parcela de Brazomar y la conexión ciclista/peatonal de Leonardo Rucabado con la vía verde de Traslaviña.

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