Fiscalía advierte del aumento de abusos sexuales cometidos por menores

La Fiscalía de Cantabria ha mostrado su preocupación por el aumento de los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores, en especial los abusos sexuales, en los que es “especialmente preocupante” no solo la escasa edad de los autores, la mayoría de ellos de 14 y 15 años, sino además que en ocasiones las víctimas tenían muy corta edad, entre 7 y 10 años, y que en algunos supuestos existe vínculo familiar entre agresor y agredido.

Así lo señala la Fiscalía en su memoria de 2015, consultada por Europa Press, en la que se destaca que no existe un parámetro común a todos los casos de delitos contra la libertad sexual detectados pues se dan en entornos familiares y sociales “muy diversos y no desestructurados”.

La Fiscalía subraya que la tendencia creciente constante en la evolución de este tipo de delincuencia en Cantabria desde 2012 hasta la actualidad “nos debe llevar a plantear un abordaje conjunto a nivel no solo sancionador sino educativo y en ocasiones terapéutico”. Por ello considera “de gran utilidad” los programas de educación sexual implantados en Cantabria.

Acoso escolar

Asimismo, la Fiscalía también constata un “muy notable incremento” de los delitos que se engloban bajo la denominación genérica de “acoso escolar” o “bullying”, materializados con actos de acoso directo tanto físico como verbal así como con actuaciones a través de dispositivos de telefonía móvil, ordenadores y relacionados con redes sociales.

La postura de la Fiscalía es la de calificar como delito aquellos casos que por su gravedad y persistencia se han prolongado en el tiempo y no hay un reconocimiento, por la parte denunciada, de los hechos ni de su responsabilidad. Se tiene en cuenta también la intervención que desde los centros escolares se haya realizado a nivel tanto disciplinario como conciliador entre las partes. Desde la Fiscalía se destaca al respecto la correcta implicación de los centros escolares en la lucha contra este tipo de conductas.

Por otro lado, desde la Fiscalía se observa “con preocupación” el aumento de datos de absentismo escolar entre la población gitana en nuestra comunidad, y el mantenimiento, en cifras similares e incluso algo más elevadas que en años anteriores, para el resto de la población.

También alude a los “frecuentes” casos de menores que sin ser encuadrables en lo que se denomina “absentismo escolar”, bien porque tiene más de 16 años o bien porque el porcentaje de ausencias no es el requerido, pero que sin embargo abandonan su formación académica definitivamente o bien cambian con frecuencia en poco tiempo de centro de estudios, “sin tener perspectiva alguna sobre su futuro académico ni profesional y con gran desmotivación”.

Según la Fiscalía, son menores en los que el abandono escolar y el inicio de la actividad delictiva “van simultáneos en el tiempo”.

Por lo que se refiere a las infracciones en el ámbito familiar, tanto violencia domestica como de género, la Fiscalía señala que han experimentado un notable aumento en 2015, pasando de 15 a 45 en el caso de violencia filo parental y entre hermanos, más del doble y de dos a ocho en el caso de la violencia de género, con un “preocupante incremento”.

En cuanto a delitos de contenido patrimonial cometidos por menores, la Fiscalía señala que en algunos casos de robos, “la violencia ejercida sobre las víctimas ha revestido una intensidad y brutalidad inusitada y desproporcionada para el apoderamiento efectivamente obtenido con resultados lesivos en ocasiones de notable gravedad”.

Añade que esos menores se ven “amparados” por el hecho de actuar en grupos bien organizados y definidos con frecuencia integrados también por mayores de edad.

Según la Fiscalía, estos grupos tuvieron “su mayor pico de actuación” en los meses de final de primavera y principios de verano (2015), “aprovechando en numerosas ocasiones las fiestas patronales y festivales musicales celebrados en nuestra Comunidad en tales fechas”, finalizando su actuación tras la detención de sus principales integrantes y adopción de medidas cautelares de internamiento con respecto a los menores de edad.