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El sector de la dependencia acusa a Gobierno de publicar "in extremis" una norma para "maquillar 4 años de abandono"

Asegura que el Ejecutivo pretende "exhibir un interés por la mejora en la atención a las personas en situación de dependencia que es rotundamente artificial"

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EFE

Las asociaciones del sector de la dependencia consideran que, con la publicación "in exremis" de la nueva normativa, el Gobierno de Cantabria trata de "maquillar cuatro años de abandono" a estas personas y una legislatura de "absoluta inoperancia" en la que el PRC-PSOE ha dejado "en la estacada" al colectivo.

Así lo consideran la Federación Cántabra de la Dependencia, la Asociación Lares y Pad Cantabria en un comunicado, en el que opinan que regionalistas y socialistas pretenden con esta nueva normativa "exhibir un interés por la mejora en la atención a las personas en situación de dependencia que es rotundamente artificial".

A su juicio, esto lo demuestran los datos del Imserso, que colocan a Cantabria "en las últimas posiciones de España" en atención, a pesar de ser la región "con mayor gasto público" en la materia.

El sector censura que "en el tiempo de descuento" de la legislatura, a poco más de dos meses de las elecciones autonómicas, la Consejería del ramo -dirigida por la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos- ha aprobado unas órdenes en las que "hablan de decoración de habitaciones, de elección de opciones de ocio y de internet gratuito en los centros", cuando "continúan sin resolver los problemas endémicos del sector".

Al hilo, apuntan que en las reuniones mantenidas con el Ejecutivo han expuesto de forma "recurrente" las "dificultades" en la actividad y el "deterioro" de la calidad en la atención a las personas usuarias, derivados de la falta de coordinación socio-sanitaria, la inseguridad jurídica, la sobrecarga burocrática, la desigualdad en la prestación del servicio, etc.

Por otro lado, el sector considera "incomprensible" que desde la administración hablen de los "beneficios" de la atención centrada en la persona como algo "novedoso" y se atribuyan su "concepción", cuando está plasmado en la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria de 2007 y los centros ya operan en base a ese modelo.

"Pretender adjudicarse la idea de respeto a la dignidad y a los derechos de la persona es vender humo a dos meses de concluir su legislatura", sentencian.

De igual modo, creen que la subida de precios del 10% es "ficticia" porque en ese porcentaje está incluido el IPC, luego "no se trata de una inversión, sino de una adecuación a los costes de mercado".

Asimismo, ese incremento "no alcanza a compensar la bajada de precios que se realizó durante la crisis económica, ya que hubo plazas cuyo coste cayó hasta un 19%", recuerdan.

Es decir, "en cuatro años de la que bautizaron como 'la legislatura de la dependencia' no se han revertido los recortes sufridos como consecuencia de la crisis".

Sobre el aumento en la ratio de personal, recuerdan que es una medida en la que el sector ha venido insistiendo desde el comienzo de la legislatura, añadiendo, por otra parte, que la situación laboral de los trabajadores es "precaria" y que, siendo una actividad importante por el empleo que crea para Cantabria, "hay grandes dificultades para encontrar personal".

De todos modos, señalan que "no se puede calcular una ratio adecuada sin revisar los grados de los usuarios", cuestión -apuntan- que "solo se ha abordado en esta legislatura para aumentar el copago de los mismos".

Además, para poner de manifiesto la "falta de criterio" de los responsables de la nueva norma, se refieren al aumento del ancho de los pasillos de 120 a 150 centímetros cuando, en la actualidad, la norma ya exige que estos sean de 220.

Al hilo, apuntan que "no es de extrañar" que esta legislatura el único centro residencial que ha abierto sus puertas no cumpla con el Código Técnico de Edificación, por lo cual el sector ha emprendido acciones legales.

"La deriva de la legislatura en materia de dependencia así como la falta de respuesta a las necesidades del sistema se ilustra con hechos como que no se haya facilitado un estudio económico de los costes de construcción a pesar de haberse solicitado en numerosas ocasiones.

También el hecho de que la Consejería incumpla sus propias leyes en cuanto al transporte adaptado pone de relieve la discrecionalidad con que ésta actúa", lamentan desde el sector.

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