Un detenido por tocamientos en el quinto día de fiestas

La Junta de Protección Civil es un órgano interinstitucional en el que se ubican también diferentes servicios de Gobierno de Navarra y de la Delegación del Gobierno y es la única fuente oficial de información sobre los casos de agresiones sexistas. Por tanto es la que centraliza los datos sobre agresiones sexistas y solo la información que se comparte en ella y que sale de ella confirma posibles casos y activa la puesta en marcha del protocolo de respuesta conjunta entre las instituciones, el tejido asociativo y la ciudadanía.

Tras las denuncias se han puesto a disposición de las mujeres los recursos municipales de orientación y atención judicial y psicológica y de acompañamiento de los que dispone el Ayuntamiento para estas situaciones.

Uno de los objetivos del Ayuntamiento Pamplonés tras la puesta en marcha del nuevo protocolo es la protección de las víctimas tanto desde el punto de vista de la atención y el acompañamiento como desde el punto de vista informativo. La premisa inicial parte de que lo importante es la protección y la atención a la mujer agredida y a su entorno, aspectos que se tienen en cuenta a la hora de dar datos concretos e información sobre las denuncias. Se trata de evitar en todo momento que las mujeres agredidas sean revictimizadas por la sociedad o los medios de comunicación y se sientan estigmatizadas o culpabilizadas.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, las denuncias, además de permitir la labor policial, refuerzan el mensaje municipal de la campaña 'Pamplona libre de agresiones sexistas' que exige la implicación social por la igualdad de género, también en el escenario de la fiesta.

El Ayuntamiento ha destacado que Pamplona, sus instituciones y su ciudadanía muestran su “compromiso decidido e inequívoco por erradicar esta lacra de la ciudad y de sus fiestas en la línea de lo que expone la campaña puesta en marcha este año: Pamplona libre de agresiones sexistas”.

Por tanto, el Ayuntamiento ha animado a las mujeres agredidas y a la ciudadanía en general a denunciar este tipo de conductas tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista social, “desde la convicción de que una postura de rechazo activa es la mejor vía para acabar con estos comportamientos execrables”.