Los mayores de 65 años sin cargas familiares y los inmigrantes sin papeles, los 'olvidados' por la RIS
Una ley injusta, reformada para seguir siendo injusta. La plataforma en defensa de la renta básica valora que, con los cambios aprobados la semana pasada en el Parlamento de Navarra, la Renta de Inclusión Social llegará a más solicitantes, la cuantía será mayor y durante más tiempo; sin embargo, también lamenta que hay colectivos que se quedan fuera tras la modificación aprobada. Y, en concreto, habla de las personas mayores y de los inmigrantes en situación administrativa irregular.
La nueva ley, aprobada en la Cámara con el apoyo de todos los grupos menos UPN y PPN, permite ampliar las posibles personas beneficiarias al permitir el acceso a la renta a partir de los 18 años y hasta los 65, si hay cargas familiares. Además, también prevé ayudas para personas extranjeras en caso de que pierdan su trabajo y cambie su situación administrativa. No obstante, desde la plataforma ven dos grandes pero a estas condiciones. El primero, se pregunta qué pasa con las personas mayores de esa edad que no tienen cargas familiares, ya que las que sí las tienen son un porcentaje muy limitado. Y, además, critica que muchos extranjeros se queden fuera pese a no tener cubiertas sus necesidades mínimas.
Estas son dos de las razones por las que el colectivo ha mostrado, a través de una conferencia de prensa, su “alegría amarga” tras los cambios introducidos en la ley sobre la Renta de Inclusión Social. La plataforma ha recordado que el objetivo inicial, y que fue apoyado por 30 colectivos sociales y recogido en una propuesta de los grupos parlamentarios Aralar, Bildu, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai, era recuperar el espíritu de la renta básica, reducir el requisito de acceso de 24 meses de empadronamiento de la persona solicitante a 12, facilitar la prórroga de la prestación y otorgarla independientemente de la situación administrativa del solicitante.
Contra el criterio “economicista”
Esta propuesta no salió adelante en su totalidad, porque el PSN presentó una alternativa, que sí prosperó. En ella, se optó por una solución intermedia entre la ley hasta ahora vigente, que fue modificada precisamente a propuesta del grupo socialista, y de las pretensiones de la mayoría de la oposición en la Cámara foral.
Como ya adelantó eldiarionorte Navarra, esta solución permite ampliar las cuantías, su extensión y sus posibles beneficiarios, pero no ha contentado a la plataforma en defensa de la renta básica, que ha insistido en que se queda corta y que seguirán luchando para que se mejore. Y, por ello, ha cargado tanto contra el PSN como contra UPN. Contra los primeros, por en su opinión haber presentado su propuesta a última hora y por haber limitado la ampliación de los cambios; contra los segundos, por haber criticado desde el Gobierno Foral estos cambios con un criterio “economicista” de la pobreza: “Su valoración de la ley no fue cómo se combate la pobreza, sino cuánto cuesta”. Desde el Ejecutivo valoraron que estos cambios supondrían un gasto en la RIS de otros 32,3 millones. En la actualidad, según los datos del Gobierno, una de cada 25 personas en Navarra acede a esta renta.
