Las preferentes de Egüés: cuando quien toma las decisiones alega no saber nada
Parecía un producto “beneficioso y seguro” pero, a la vista de lo ocurrido, “no lo hubiera hecho”. El exalcalde del municipio navarro del Valle de Egüés, Josetxo Andía, de UPN, ha alegado esto durante la primera sesión del juicio contra él en la Audiencia Provincial de Navarra, por un presunto delito de malversación, después de que invirtiera 100.000 euros de la sociedad pública Andacelay en la compra de participaciones preferentes de Catalunya Caixa que supuso la pérdida de un 70% de la operación. Desde la acusación y el actual equipo de gobierno, encabezados ambos por Alfonso Etxeberria (Geroa Bai), se critica precisamente que ni Andía ni nadie de los implicados en la toma de decisiones fuera consciente de los riesgos de esta operación, por la que él acabó dimitiendo.
Este nuevo juicio es, en realidad, una repetición del que ya se realizó por este tema el pasado 12 de mayo y 30 de junio, pero la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona tuvo que suspenderlo puesto que, al pedirse cinco años de prisión por las acusaciones, el órgano competente para dirimir el caso en realidad era la Audiencia Provincial de Navarra, como finalmente está ocurriendo ahora.
La repetición del juicio ha sido un inconveniente más para resolver lo ocurrido en el Valle de Egüés, un Ayuntamiento con muchas dudas por resolver y donde, por ejemplo, la Cámara de Comptos, el órgano que fiscaliza las cuentas públicas de Navarra, detectó “relevantes incumplimientos” en la normativa de diversas de sus sociedades públicas entre 2004 y 2012.
El caso ahora enjuiciado se centra en una inversión que Andía realizó en marzo de 2011 con 100.000 euros de la sociedad Andacelay, que destinó a la compra de preferentes de Catalunya Caixa, en la oficina de la que había sido director y entonces estaba en excedencia, y que en ese momento encabezaba Ángel Jiménez, que también era concejal de UPN en Egüés y miembro de Andacelay.
Andía ha alegado esta vez que tomó esa decisión porque las preferentes parecían un producto “rentable, seguro y con disponibilidad”, que según han declarado los testigos del juicio se venía comercializando en la entidad desde 1999. Sin embargo, Jiménez ha declarado precisamente en el juicio que Andía no podía conocer bien el producto.
Una sociedad sin control
Para uno de los testigos de la acusación, y actualmente edil por Izquierda-Ezkerra en el Valle de Egüés, Álvaro Carasa, este tipo de contradicciones ponen en evidencia que muchas personas formaron parte en órganos como el consejo de Andacelay (menciona a concejales, también de UPN, como Estefanía Clavero y Alberto Idoate) y, sin embargo, “ahora nadie sabe nada”. Carasa lamenta, además, que este tipo de decisiones se tomaran en las sociedades públicas, que carecían del control de los servicios jurídicos o la intervención municipal.
Para el actual primer edil, de Geroa Bai, según ha declarado en el juicio, este caso pone en evidencia la gestión de su antecesor, que en su opinión intentó prácticamente “jugar a la Lotería” con dinero público. La Fiscalía finalmente ha pedido tres años y tres meses de prisión por presunta malversación por parte de Andía, seis años y seis meses de inhabilitación y una indemnización de 61.381 euros para la sociedad municipal (dado que las preferentes lograron finalmente venderse por algo más de 38.000 euros). La acusación particular, por su parte, ha solicitado además otros diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. En origen, se habló de que el Ministerio fiscal pediría cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación, sin embargo esa petición, así como la de la acusación particular, finalmente se han rebajado por una reparación de daño, después de que Andía lograra resarcir el quebranto económico cometido, al consignar en el Juzgado esos más de 61.000 euros. La defensa, por último, ha solicitado la absolución.
