¿Antigitanismo en el Congreso de los Diputados?
El colectivo feminista-antirracista “Imago Política”, apoyado por más de 150 organizaciones y activistas de derechos humanos de toda Europa, ha impulsado el martes pasado en el Congreso de los Diputados, a través del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú-En Marea, una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano.
El impulso de una declaración institucional es un pequeño ejemplo del derecho a la participación política que toda sociedad civil tiene en una democracia sana y plural. Sin embargo, algo que indica el inicio de un compromiso mínimo con una población históricamente discriminada y masacrada, parece suponer para el PP un grandísimo esfuerzo que finalmente no ha sido capaz de realizar.
En concreto, el Grupo Parlamentario del PP y su órgano colegiado para los asuntos gitanos no entendieron que con una declaración institucional se “inicia un acto democrático que reconcilia a la sociedad con una parte de la ciudadanía cuya realidad ha sido históricamente negada. Por tanto, este gesto responde a la intención de construir una memoria de Estado en la que se restituya lo sustraído”. No contento con esta negación, el partido de Mariano Rajoy también se cierra a reconocer que “los planes de integración para el pueblo gitano que se han venido implementando desde los años 80 son dependientes de los servicios sociales”.
Sin embargo, la propia web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad confirma que dentro de su organización institucional se encuentra el Programa de Desarrollo Gitano, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012 y la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España 2012-2020, incluyendo tanto la organización de jornadas y actividades como la publicación de informes y estudios. ¿Por qué el gobierno no querrá reconocer lo que publica en su propia web? ¿Será que no tiene idea de lo que gestiona su Ministerio?
Cuando parece que se ha llegado al fondo de la incredulidad, la incompetencia puede sorprender aún de manera escandalosa. En el hemiciclo, el PP se negó a reconocer dentro de la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano compromisos que, por contra, sí había respaldado en el Parlamento Europeo. Valore el lector el grado de incoherencia del gesto político.
Es importante destacar que se trata de compromisos a los que solo se opuso un partido de ultraderecha italiano. Compromisos recogidos en la resolución sobre los aspectos de la Integración de los Gitanos en la Unión, relacionados con los Derechos Fundamentales: Combatir el Antigitanismo (2017, UE) recogidos en 58 medidas, de las cuales la declaración española recoge solo cinco. Pese a ello, se rechazaron todas.
Los medidas aceptables para el PP en terreno europeo, pero inaceptables en ‘casa’, se centran en sumarse a “a respetar y garantizar a la población gitana los derechos humanos desde un enfoque integral, asumir como responsabilidad directa el ejercicio de las acciones políticas y legislativas necesarias para transponer el derecho internacional ratificado por el Estado español vinculante a la población gitana, instar a los partidos políticos a incluir a candidatos y candidatas gitanas en las estructuras democráticas de representación, impulsar medidas de acción positiva para la superación de la imagen estereotipada de las personas gitanas en los medios de comunicación y la industria cultural, adoptar la definición sobre antigitanismo aprobada por la recomendación número 13 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, 2011) e incluir el Antigitanismo como categoría de delito de odio en el código penal (artic. 510). Añadiendo a lo anterior, que interpretamos todos los compromisos adquiridos a la luz de la perspectiva interseccional”.
¿Por qué el PP muestra esta asincronía de compromisos? ¿Por qué le resulta tan complicado leer “población gitana” y “derechos humanos” en la misma frase?
Cuando parecía que los conservadores no podían caer más bajo, llegó el esperpento político: la “casualidad” hizo que la persona encargada de leer los jirones restantes de la declaración recortada, fuera ni más ni menos que Alicia Sánchez Camacho. La diputada del PP catalán es conocida entre las comunidades romaníes por su apoyo a García Albiol (Presidente de los populares en Catalunya) durante el proceso abierto por la Fiscalía por incitar al odio. En concreto por hacer unos panfletos racistas contra las familias gitanas rumanas.
La gestión del PP sobre la declaración institucional por el Día Internacional del Pueblo Gitano es una vergüenza, un “donde dije digo, digo Diego”, un “no quiero” a la espera de desmovilizar políticamente a la ciudadanía no complaciente con su gobierno, ni con sus afines. Pero ante todo es una oportunidad perdida en el avance democrático y sano de nuestro país. Con su gesto, el PP solo consigue fortalecer la necesidad de implementar con urgencia las medidas establecidas por el Parlamento Europeo para la erradicación del antigitanismo.
