Bajar el IVA de la luz no soluciona el problema del alto coste de la energía

Pedro Sánchez ha anunciado, con cierto tono de satisfacción, que en el Consejo de Ministros extraordinario que tendrá lugar el próximo sábado, el Gobierno de España reducirá el IVA de la luz del 10% actual al 5%. Estoy seguro de que mucha gente lo celebrará, poniendo la mirada en un futuro cercano donde su complicada economía familiar no se verá cada vez más afectada por la factura de la luz. De igual manera que lo celebró cuando, hace apenas un año, el mismo Gobierno de coalición reducía dicho IVA del 21% al 10%. Sin embargo, y al igual que los beneficios de las eléctricas, la factura de la luz no ha dejado de incrementar.

Reducir el IVA de la luz per se, tal y como ha quedado demostrado durante este último año, no soluciona nada. ¿Por qué? Básicamente porque esta medida no actúa sobre el auténtico problema: el alto coste de la energía. Pero, además, hay otro gran problema del que la parte socialista -y mayoritaria- del Gobierno parece querer huir: los estratosféricos beneficios de las eléctricas. Pongamos números sobre la mesa.

Las seis compañías energéticas del IBEX, en el año 2021, cuadruplicaron sus beneficios con respecto al 2020. Si analizamos solamente a Repsol, Iberdrola, Naturgy y Endesa, observamos que en 2021 obtuvieron un beneficio conjunto de 11.054 millones de euros. Es decir, un 226% más que en 2020. Y habrá quien diga que es algo lógico ya que 2020 fue el comienzo de la pandemia ocasionada por la COVID-19. Sin embargo, si miramos al año 2019, las cifras aún asustan más. Los beneficios de estas cuatro empresas energéticas españolas en 2021 fueron un 247,5% superiores respecto al último año prepandémico.

Con toda tu buena voluntad podrás pensar que las eléctricas arrimarán el hombro y que, al darse cuenta de los estragos sociales que sufre gran parte de nuestra sociedad mientras ellos siguen forrándose, en 2022 tratarán de reducir sus beneficios en aras de conseguir una sociedad más justa donde todas las personas puedan tener sus necesidades básicas cubiertas. No seas iluso. Repsol, Iberdrola, Naturgy y Endesa, las mismas cuatro mayores empresas energéticas que batían récords en 2021, obtuvieron un beneficio conjunto de 3.135 millones de euros en el primer trimestre de 2022, suponiendo un incremento del 23% respecto al primer trimestre de 2021.

Ya sé que son muchos datos y algunos difíciles de digerir. Pero creo que es necesario hablar de ello. Más aún cuando Iberdrola acaba de anunciar que, tras su beneficio histórico cosechado en 2021, incrementará un 5% el dividendo que dará a sus accionistas en 2022. Es decir, se va a dar una redistribución desde la clase trabajadora y desde los pensionistas hacia los accionistas. Bienvenidos al capitalismo rentista, donde el peso de las rentas del trabajo es cada vez más pequeño, mientras aumenta a marchas forzadas el de las rentas del capital -claro síntoma de incremento de las desigualdades, por cierto-.

¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? ¿Por qué el Gobierno no toma cartas en el asunto o cuando parece que lo hace, según las declaraciones de ayer de la ministra Montero, lo hace con vistas a 2023? Es momento de actuar sobre los beneficios extraordinarios que están teniendo estas empresas. Es comprensible, entendible y deseable, en una economía globalizada y capitalista, que las empresas tengan beneficios y que éstos repercutan, cuando corresponda, en los bolsillos de los accionistas. No obstante, que el oligopolio eléctrico acumule tanto poder y que una pequeña élite económica tenga la capacidad de dar forma a las reglas económicas, sociales y políticas que estructuran la totalidad del sistema, es una auténtica amenaza contra la democracia.

¿Establecer un impuesto a los beneficios extraordinarios es una medida radical? Ni mucho menos. Es una medida que permitiría dar una solución a una anomalía que debería ser eventual. La propia Comisión Europea ha recomendado establecer un impuesto temporal que grave los beneficios extraordinarios de las eléctricas. De esta forma, los ingresos extraordinarios serían utilizados para abaratar la factura de la luz de los consumidores y no para llenar los bolsillos de los accionistas. El propio Mario Draghi en Italia o Boris Johnson en Reino Unido ya se han puesto manos a la obra. También Grecia, Hungría o Rumanía. El primer ministro De Croo, por su parte, está a punto de llevarlo adelante en Bélgica. 

En definitiva, volvamos a la medida anunciada por Sánchez. Hay dejar claro que, si bien la bajada del IVA reduce en ocasiones el precio de un determinado bien o servicio, esto depende de diversos factores como el tipo de producto o la competencia existente en el mercado. En un mercado oligopolístico -como es el mercado eléctrico- y con un bien cuya demanda es fuertemente inelástica, bajar el IVA con el objetivo de reducir el precio de la factura no tiene mucha lógica. Así que si queremos ver nuestra factura de la luz reducida, no queda otra que meter mano a los beneficios extraordinarios que tienen las grandes empresas eléctricas que, a nivel europeo y según la Agencia Internacional de la Energía, estarían ingresando 200.000 millones de euros extra al año.