De Guindos nos debe 35.000 millones de la Sareb

Hoy es un buen día para recordar la promesa del ministro De Guindos, uno de los grandes pensadores económicos que ha dado este país y que nos tranquilizó sobre la posible herencia de la Sareb sobre el gasto público. Su afirmación de que dicha institución no nos costaría ni un euro a los españoles pasará a la historia como una de las más desafortunadas dichas por un mandatario público, lo que no es óbice para que hoy sea Vicepresidente del Banco Central Europeo. 

En 2012, a instancias de la UE y formando parte del MoU (documento condicionado que nos exigió la UE para recibir los fondos concedidos) que se nos exigió para poder recibir el préstamo para el rescate bancario, se creó el llamado banco malo para recibir todos los activos tóxicos que minaban los balances de una parte muy importante del sistema financiero. El objetivo era minimizar las enormes pérdidas que por fin reconocieron las entidades, con el beneplácito del supervisor tras la miopía deliberada durante muchos años.

La entidad fue creada con una fórmula de capital mixto, un 55% de capital privado (los grandes bancos, salvo el BBVA) y un 45% de capital público, a través del FROB. El objetivo era poder enajenar en un plazo que vencía en 2027 los inmuebles y los créditos hipotecarios con riesgo que las entidades financieras fueron incapaces de engullir.  La cuantía recibida alcanzó los 200.000 activos, con un valor de casi 51.000 millones, un 80% en forma de préstamos y un 20% en inmuebles. Asimismo, en el pasivo se anotaron los bonos avalados por el Estado que respaldaban dicho traspaso desde las entidades cedentes.   

Los creadores de esta figura, con Luis de Guindos a la cabeza, aseguraron que esta entidad no costaría un euro al erario público, lo cual da idea del grado de conocimiento que tenían del mercado y de la magnitud del problema. Esto fue corroborado con el nombramiento de gestores afines políticamente, como Belén Romana o Antonio Carrascosa, pero con escaso bagaje profesional en la gestión de este tipo de activos, así como un nulo conocimiento de la dinámica inmobiliaria. 

El capital inicial puesto por el FROB fue de 2.192 millones, entre efectivo y deuda subordinada, lo que unido al valor del patrimonio neto negativo a día de hoy, 7.511 millones sumarían unas pérdidas totales de más de 10.000 millones, cifra a la que habría que añadir el rescate financiero que el Banco de España cuantifica en 42.561 millones aunque otras fuentes lo elevan casi a los 100.000 si se suman los avales financieros. Este cálculo del BE es muy benevolente. Se refiere a fecha de 31 de diciembre de 2018, y para su cálculo considera que el sistema financiero ha recibido 56.679 millones de ayudas de las que descuenta 4.477 (recuperados) y 9.560 (recuperables), que no es lo mismo. La diferencia es 42.642 que con 81 de ajustes, saldría la cifra de 42.561 millones.  Por otra parte, y con independencia de lo anterior, Eurostat proporciona el dato que ha tenido que reconocer el Estado como aumento del déficit por las pérdidas de las ayudas bancarias entre 2007 y 2019 que ascienden a 48.515 millones de euros. La deuda avalada en su día por el Estado suponía unos 48.000 millones, que, tras las ventas de activos llevadas a cabo hasta ahora, arroja un saldo deudor de 35.000 millones, cuya magnitud ahora debe ser contabilizada como deuda pública, a instancias de Eurostat, lo que es un problema añadido en tiempos de pandemia y con el endeudamiento en máximos, aunque ello no conlleve ningún riesgo de impago para el Tesoro español.

Uno de los principales problemas en su inicio fue el valor de transmisión de los activos, que fue demasiado elevado, en parte por el desconocimiento riguroso de los métodos de valoración y por no tener un esquema hedónico de cuantificación de precios. Con este esquema, la SAREB ha estado vendiendo a pérdidas, 1.000 millones, lo cual le obliga a aflorar minusvalías y ello va comiendo el capital inicial y, por ende, el patrimonio neto ha tornado en negativo, incurriendo en un caso de disolución o ampliación de capital, aunque se ha estado haciendo oídos sordos por parte de las distintas administraciones. 

Adicionalmente, los costes operativos de mantenimiento del parque de viviendas, junto a los costes financieros que supone la remuneración de la deuda subordinada a las entidades cedentes de los activos también están lastrando las cuentas anuales. Pero lo más llamativo sigue siendo las pérdidas asociadas a las coberturas de tipos de interés que suscribieron los primeros gestores, lo que ha generado unas pérdidas teóricas de más de 3.000 millones, lo que demuestra la falta de pericia de los gestores impuestos por el ministro De Guindos, pero que no han tenido que responder ante las instituciones públicas y democráticas, y se han ido de la institución a otras, sin la lógica repulsa de la ciudadanía. Solo en 2019 se pagaron 127 millones por esta permuta, aunque hubo ejercicios en los que llegó a desembolsar más de 500 millones. 

Las pérdidas futuras dependerán de la velocidad de liquidación del stock pendiente y su valor de venta. Una vez que el swap se extinga y se mejore la valoración de los activos, las minusvalías serán menores, aunque es cierto que lo que presumiblemente queda son los activos menos atractivos, muchos de los cuales no se venderán nunca. Pero más allá de los problemas financieros y contables, este experimento fallido ha tenido otro tipo de fallos e insuficiencias. Para empezar, una absoluta falta de transparencia sobre la realidad de los activos traspasados, cuantía, localización,  precio de traspaso, etc. Se han incumplido las mínimas reglas de transparencia que sí han tenido otras instituciones similares en Europa o en el mundo anglosajón. Adicionalmente, han seguido desahuciando familias y no han cumplido con una mínima función social, algo que no sorprende porque muchos de los gestores provienen de la banca privada, donde están acostumbrados a los lanzamientos sin solución habitacional sin despeinarse. 

En segundo lugar, el proyecto ha adolecido de un plan estratégico definido desde el principio. No se sabe si era únicamente un repositorio de la basura inmobiliaria en manos de la banca privada, con el beneplácito del supervisor, o por el contrario podría haber sido el embrión de un verdadero banco público al servicio de la sociedad, como pedíamos algunos. Su opacidad crónica no ha dejado ver si realmente era eficiente que jugase ese papel en función de la calidad, localización y tipología de viviendas traspasadas. Algunas aproximaciones parciales nos dicen que, salvo excepciones, la calidad de los inmuebles, la localización y la tipología de viviendas no hubiesen permitido jugar ese papel, pero sí ha servido para aliviar la carga de la gran banca y vender inmuebles de cierta calidad a un segmento de la población muy afortunado, casi siempre cercano al poder. Es verdad que tampoco se ha explorado el trasvase de todo el patrimonio inmobiliario y de suelo que tienen las distintas administraciones, lo que podría haber sido una excelente vía de comienzo para cubrir el déficit histórico de vivienda pública en alquiler. 

Después de este gran fracaso, y como suelo ocurrir, el Estado se dispone a tomar el control de la SAREB modificando la norma que la creó, ahora que la banca privada nos ha endosado todas las pérdidas del modelo, una vez han saneado sus balances traspasando la porquería inmobiliaria al sector público, que ahora no puede vender.  

En esta película de terror todos los agentes han despreciado al bien común, han buscado los intereses privados y se ha demostrado que los supuestos grandes gestores privados y los ministros milagro, como Rato y De Guindos son muy aficionados a quebrar sociedades públicas y privadas y endosar las pérdidas al resto de  los ciudadanos. 

Estos supuestos buenos gestores deberían  haber estudiado cómo solucionaron los suecos la crisis bancaria de los años 90. Primero una auditoria pública de verdad, cese inmediato de todos los responsables bancarios, luego fueron juzgados por dolo financiero y algunos fueron a la cárcel. Y sólo después se metió dinero público para el rescate, quedando hoy un banco público de verdad, no como el sucedáneo de la Caixa (antes Bankia) o el engendro de la SAREB que nos va a costar casi 35.000 millones en forma de deuda que asumiremos todos sin rechistar. 

Espero que alguien le recuerde algún día a los responsables (De Guindos entre ellos), por qué nos ha costado la SAREB lo que nos ha costado. Yo no espero una respuesta sincera.