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Es la hora de que el Gobierno arriesgue frente al cambio climático

Investigador científico, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y coordinador político de Más País en el Congreso
La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera

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La semana pasada comenzó en el Congreso de los Diputados el debate sobre el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE). Este primer debate abordó un asunto clave: la ambición climática. Es decir, cuál es nuestro horizonte de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 y 2050.

Reducir las emisiones cuanto antes es clave para evitar los peores efectos del cambio climático. Cuanto más tarde lo hagamos y cuanto menor sea el ritmo al que lo hagamos peores serán las consecuencias para nuestras sociedades. Por eso la LCCTE es por tanto una de las leyes más importantes, no de la legislatura, sino sin duda de la próxima década.

El Gobierno llevó al Congreso de los Diputados la esperada LCCTE en mayo de 2020. El artículo tercero de dicha ley es el que recoge los objetivos de reducción de emisiones ¿Cuáles son? Para 2030 plantea al menos tres objetivos: un 20% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, que el 70% de la energía eléctrica consumida proceda de fuentes renovables y alcanzar en 2050 la neutralidad climática, es decir que España deje de contribuir al cambio climático.

Sin embargo, ya el G5, las cinco grandes organizaciones ecologistas del país (Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra y WWF) señaló que, aunque una LCCTE es más necesaria que nunca, los objetivos establecidos se quedaban cortos. La propuesta de los grupos ecologistas pasa por alcanzar en 2030 una reducción del 55% de emisiones respecto a 1990, un 100% de penetración de renovables en la energía eléctrica y alcanzar la neutralidad climática en 2040, 10 años antes.

Pero quizás lo más raro del anteproyecto de ley era que ni siquiera estaba a la altura de los propios informes del Gobierno. Para eso tenemos que hablar del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima: el PNIEC. Si la LCCTE es el marco general, el PNIEC es la hoja de ruta detallada que va a guiar la descarbonización de nuestro país. Un documento de casi 400 páginas que recoge en detalle el modelo económico computacional utilizado, las políticas a implementar así como su impacto económico. Presentado originalmente en febrero de 2019 y actualizado en enero de 2020, el PNIEC propone para 2030 una reducción de al menos el 23% de las emisiones respecto a 1990, un 74% de renovables en energía eléctrica y la neutralidad climática en 2050. Es decir, el anteproyecto de ley presentado en mayo consideraba objetivos menos ambiciosos que el PNIEC que el propio Gobierno había presentado en enero.

Obviamente esto no tiene ningún sentido técnico y de hecho, causó bastante sorpresa entre ecologistas y expertos. Pero sí tiene un sentido político claro. En octubre de 2020, al finalizar el proceso de enmiendas, los Grupos Parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos presentaron una enmienda al artículo que recogía exactamente los objetivos del PNIEC. De esta forma, aparentemente, la ley ha aumentado su ambición en el trámite parlamentario. Esta enmienda ha sido la base del acuerdo alcanzado por mayoría el pasado lunes en la primera ponencia del debate de la ley, acordando una reducción del 23% de emisiones en 2030 respecto a 1990. Durante el proceso de enmiendas, desde Más País-Equo trasladamos al debate en el Congreso las reivindicaciones de los grupos ecologistas (55% de reducción de emisiones y electricidad 100% renovable en 2030, neutralidad climática en 2040) porque son las únicas en línea con lo que exige la ciencia, con los acuerdos internacionales y con actuar como si realmente hubiese una emergencia climática.

Es por esto que marcarse como objetivo al menos un 23% de reducción de emisiones en 2030 nos parece un error y, por tanto, hemos decidido mantener hasta el final nuestra enmienda que apuesta objetivos más ambiciosos, esperando que el Gobierno recapacite y acceda a aumentar la ambición de la LCCTE.

Desde Más País-Equo somos conscientes de que reducir el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 es un reto mayúsculo: en lo técnico y lo político. De hecho, ahora mismo probablemente ni sepamos cómo hacerlo. ¿Es una locura fijarlo por ley entonces? Bueno, es lo que han hecho en Dinamarca los socialdemócratas estableciendo como objetivo reducir un 70% las emisiones en 2030. Como dice el ministro del Clima Dan Joergensen, "normalmente fijas un objetivo del que estás seguro que más o menos puedes alcanzar, pero nosotros lo estamos haciendo al revés. En lugar de preguntar lo que es posible, hemos preguntado a los científicos lo que es necesario, así que la tarea es hacer lo necesario".

Por contra, el Gobierno de España parece que se conforma con establecer un suelo seguro antes que fijarse un techo al que apuntar. El problema es que en lo que respecta al cambio climático ya no estamos a tiempo de ir sobre seguro: tenemos que arriesgar. Tenemos que marcarnos objetivos que pueden parecer descabellados. Tenemos que hacer como cuando Kennedy dijo en su famoso discurso de 1962 que Estados Unidos llegará a la Luna antes del final de la década. Ese objetivo, precisamente por su enorme ambición, genera una señal muy poderosa, capaz de marcar un camino que orienta la investigación, la innovación, la inversión privada y, por qué no, la movilización social. Hoy la transición ecológica debería ser nuestro proyecto Apolo.

Por supuesto, el Gobierno puede no compartir esta visión de la función de los objetivos climáticos. Pero incluso así, lo que no debería hacer es enrocarse hoy en el 23% de reducción de emisiones y en las metas que marca el PNIEC. Principalmente por tres razones: En primer lugar, el PNIEC es un plan cuya primera versión data de febrero de 2019, es decir, sus análisis tienen como mínimo dos años. ¡En transición ecológica eso es muchísimo! En lo económico, según IRENA sólo entre 2019 y 2021 los precios de la fotovoltaica habrán caído un 42% y los de la eólica un 20%. Pero es que 2019 fue el año de las grandes movilizaciones climáticas de los jóvenes, que culminaron en la enorme manifestación durante la COP25 celebrada en Madrid, y que, junto con eventos como Filomena, las DANA o recurrentes las olas de calor del Ártico, han hecho avanzar mucho en poco tiempo la conciencia climática de nuestro país.

En segundo lugar, el PNIEC es anterior a la COVID. Sin entrar en los cambios puntuales que ha provocado la pandemia o en la temporal reducción de emisiones provocada por el confinamiento, es muy importante considerar el cambio del marco macroeconómico general. Por ejemplo: el PNIEC asume cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, hoy en suspenso hasta 2022. Finalmente, el PNIEC no tiene en cuenta los 140.000 millones de los Fondos Europeos React-EU y Next Generation, de los que el 37% debe dedicarse a Transición Ecológica ¿Realmente tenemos que suponer que los fondos no van a tener ningún impacto en los objetivos de reducción de emisiones o la penetración de las renovables? En definitiva, los objetivos de ambición climática son el primer gran nudo de la LCCTE, que, sin embargo, no se agota ahí (esta ley tiene muchos aspectos en los que puede y debe mejorar) pero son muy importantes tanto en la práctica como en lo simbólico. La crisis climática es el gran reto de nuestro tiempo y nos merecemos una ley que lo refleje clara y vigorosamente.

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Publicado el
16 de febrero de 2021 - 06:30 h

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