La mentira del crecimiento verde y la devolución del proyecto de ley de cambio climático

El pasado mes de mayo tuvo entrada en el registro del Congreso de los Diputados el proyecto de “Ley de Cambio Climático y transición energética” elaborado por el Gobierno, cuya tramitación parlamentaria ha arrancado con la apertura de los plazos de presentación de enmiendas.

Pero este debate sobre la futura ley de cambio climático no es un debate más, como algunos lo quieren presentar. Es el debate de la ley que va a establecer el marco en el que se va a llevar cabo la actividad económica. Es el debate que posteriormente va a enmarcarlo todo. En este asunto por ello —más que en cualquier otro— las posiciones políticas entre quienes quieren tener la razón independientemente de que la tengan o no y quienes quieren decir la verdad a la ciudadanía, deberían caer del lado de la segunda. Pero, como veremos, la realidad es que a este último lado no hay ningún grupo parlamentario. Y al otro están todos los demás.

Un debate en términos de totalidad habría sido un servicio público a la ciudadanía. Habría servido para conocer la visión global que cada grupo político tiene de los principios y valores que deberían informar la actividad económica. Y de la transición ecológica. Este contraste de ideas habría sido muy positivo y habría ayudando a encontrar la mejor estrategia para afrontar la emergencia climática para nuestro país.

Pero este debate no se va a producir ya, a pesar de recoger el proyecto de ley un plan inservible para que España pueda enfrentar el “desafío ecológico, energético y climático”. El proyecto de ley desoye las recomendaciones de los expertos climáticos, que están pidiendo cambios sin precedentes en los modos de producir y consumir alimentos, de transporte, de ordenación urbana, como adición ineludible a la transición energética diseñada. Este debate era la ocasión para haber rebatido la mentira del “crecimiento verde y sostenible”, los intereses que oculta y la impostura de quienes lo defienden.

Los análisis efectuados por el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, evidencian que la fuerte demanda de recursos que requerirá la transición hacia las energías renovables en el sector eléctrico cuestiona la consistencia y solidez del 'crecimiento verde'. En el mismo sentido se pronuncia el manifiesto promovido por las profesores de las Universidades Andaluzas, para una salida a la crisis post COVID-19 desde la economía ecológica, que evidencia la inviabilidadad ambiental y social del crecimiento del PIB como objetivo económico.

Esta defensa a toda costa del ‘crecimiento verde y sostenible’ —incluso contra los criterios de la comunidad científica— ayuda a entender por qué empresas como Acciona, por ejemplo, califican el proyecto de ley como “una norma estupenda”. El proyecto de ley presentado por el Gobierno solo busca modificar algunas prácticas sin modificar los principios del sistema económico. Propone una adaptación táctica al cambio climático, pero no un cambio estructural.

No camina el proyecto de ley por la senda de  la adaptación a unos recursos —energéticos y de minerales estratégicos para la transición energética— decrecientes y escasos. Escasez que se va a traducir en dificultades para financiar los servicios públicos: por ejemplo, como ha pasado con la sanidad o asistencia social, que se ve en la decisión del ejecutivo de reducir la financiación por IRPF o por impuesto de sociedades a las ONGs estatales del sector social.

Un rápido análisis de los objetivos de reducción, de la transición energética que diseña o de la oferta de movilidad sin emisiones contenida en el proyecto de ley ratifica las razones expresadas anteriormente y deja al descubierto la profunda mentira del proyecto de ley presentado. Veamos.

El porcentaje de reducción de emisiones de CO2 que se recoge en el proyecto de ley es del 20%. Y aunque el Gobierno ha anunciado su incremento hasta el 23%, ambos son insuficientes y no sirven para cumplir las recomendaciones de la ONU y las peticiones de la comunidad científica. La necesidad de tener que realizar cambios drásticos en el plazo de una década hace que las posiciones intermedias como la del proyecto de ley no sirvan más que para hacer creer a la población que se están adoptando las medidas necesarias cuando no es así, pues estamos ante una elección binaria: o se cumple el objetivo de reducción de emisiones a tiempo o entramos en un escenario de impactos catastróficos sin vuelta atrás.

Anuncia el proyecto de ley una “movilidad sin emisiones”, pero el texto no plantea alternativas reales de movilidad que desarrollen el transporte público urbano e interurbano en alianza con la bicicleta y los vehículos de movilidad personal y con una previsión adecuada de financiación del transporte público. E ignora la apuesta europea por una red ferroviaria de velocidad alta, con doble vía, como articuladora del transporte en todas sus escalas. El Gobierno propone, sin embargo, rescatar aerolíneas y nos pide que compremos coches (eléctricos), cuando “lo que se necesita es menos coches y buscar salidas a los trabajadores y trabajadoras del sector automovilístico y dejar de sostener una industria moribunda que tiene unas posibilidades de reconversión limitadas”.

No es necesario exponer todas deficiencias del proyecto de ley —en una enumeración que sería demasiado extensa— para darnos cuenta de que con este proyecto no podremos adaptarnos a los cambios drásticos que pide la comunidad científica. Con el proyecto de ley presentado estamos lejos de alcanzar la reducción del 7,6% de emisiones entre 2020-2030 que la ONU establece como necesaria para poder evitar que el incremento de temperatura global supere los 1,5ºC. Y si la reducción de las mismas comenzara en 2025, la ONU cuantifica el porcentaje de la disminución necesaria en el 15,5% cada año, lo que haría que el objetivo de 1,5 °C fuera casi imposible. Con toda la razón Greta Thumberg ha reconvenido a los políticos, diciéndoles: “no son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son…”.

Equo, en vez de liderar una disminución de emisiones del orden del 65% para 2030 y emisiones netas nulas para 2040, en línea con las demandas de organizaciones ecologistas como Greenpeace, ha elegido no incomodar a su socio de coalición y hacer de incierto “conseguidor” de pequeñas mejoras del proyecto de ley, que continuarán siendo insuficientes, en vez de defender a los ciudadanos. Pero hay objetivos superiores a la consecución de objetivos políticos parciales. El tren de la emergencia climática ya ha salido de la estación y si queremos subirnos a él habremos de correr el doble. Y quienes firmamos este artículo hemos decidido no quedarnos callados observando impasible este circo, sino coger ese tren. El rey está desnudo y hay que decirle que lo está.