El Moroccogate

Cuando “il bello del palazzo” se encontró con la eurodiputada Eva Kaili en los pasillos del Parlamento Europeo, nunca imaginó que acabaría junto a ella, no solo a bordo de un yate surcando el mar Adriático que separaba sus países de nacimiento, sino también en los calabozos contiguos de la sede de la policía judicial federal en el número 202 de la Rue Royale de la capital belga. En casa quedaba su hija, una bebé de año y medio, al cuidado de sus familiares. Francesco Giorgi, asesor parlamentario, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, siguen pendientes de juicio desde julio de 2022, tras pasar varios meses en prisión preventiva acusados del conocido como Qatargate o Moroccogate. Lobbistas marroquíes idearon una trama que implica ya judicialmente a 20 miembros o exmiembros del Parlamento, entre eurodiputados y asesores, a los que sobornaban para lograr resoluciones favorables de la Unión Europea (UE).

Tan bien lo hizo Marruecos que, en un inicio, el caso llegó a denominarse exclusivamente el Qatargate para desviar las miradas hacia el país que en aquel momento organizaba el Mundial de fútbol. No lo consiguió y, de hecho, la Fiscalía Federal ordenó la detención de dos de los acusados: uno de ellos el ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri, que había co-presidido la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Marruecos. Entre medias de este culebrón, la policía había detenido en un hotel del barrio europeo en Bruselas al padre de Eva con una maleta que contenía 750.000 euros en efectivo. Nunca imaginé que podía caber tanto dinero en una maleta, ahora que solo vemos billetes de 50 euros.

Estas prebendas, que la Fiscalía belga calificaba hace tres meses de corrupción pública, blanqueo de capitales y organización criminal, se habrían traducido en resoluciones favorables al Reino alauita. En nuestra memoria reciente está el conflicto de los derechos de pesca del Sáhara Occidental, tan codiciados por Marruecos y cuyas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea rompían con sus expectativas. El Parlamento podía ayudar. El control de la inmigración ilegal o el reconocimiento de otras soberanías siguen estando en juego. Por el camino, Rabat consiguió una resolución contra Argelia, que desapareciera su mención como violador de los Derechos Humanos e incluso que la UE no reconociera a los opositores al régimen.

Pero no todo podía salir bien. Tras el primer asalto a Ceuta en el verano de 2021, con 9.000 marroquíes cruzando impunemente la frontera española, el Parlamento Europeo adoptó una resolución justo un año antes de las detenciones del Moroccogate. Adoptada por una abrumadora mayoría, el Parlamento Europeo aprobaba en Estrasburgo una Resolución sobre “la violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la explotación de menores por parte de las autoridades en la crisis migratoria en Ceuta” (2021/2747/RSP). Como hemos comprobado en este segundo round a Ceuta del 31 de julio, la respuesta de la Unión Europea y nuestros socios de los Estados miembros no ha sido la misma.

Volviendo al entramado del Moroccogate, poco después de las detenciones y con la cúpula corrupta en prisión, el Parlamento Europeo adoptaba otras posiciones respecto a Marruecos que no fueron de su agrado. El parlamento del Reino de Marruecos respondía y hacía pública una declaración en la que condenaba “la campaña malintencionada contra nuestro país, cuyo último desarrollo fue la votación por parte del Parlamento Europeo de una Recomendación el 19 de enero de 2023”. Asimismo, decía recibir “con gran asombro y descontento esta recomendación, que ha destruido el nivel de confianza entre las instituciones legislativas marroquíes y europeas”, anunciando el fin de sus relaciones. En esa votación, el Parlamento Europeo denunciaba presiones e intentos de corrupción de Marruecos a la Eurocámara.

De ahí que estudios académicos hayan afirmado que “el Comité Parlamentario Conjunto UE-Marruecos, aunque establecido en 2010 como un instrumento regular de la diplomacia parlamentaria, terminó convirtiéndose en un conducto para conexiones y prácticas corruptas”. Un ejemplo de ello es la misión oficial del Parlamento Europeo al Sáhara Occidental en 2018, antes de las votaciones sobre los derechos comerciales saharauis, cuando se descubrió que el jefe de la Delegación estaba en la junta directiva de una fundación vinculada a Marruecos.

Pero la sorpresa mayúscula golpeó incluso a la Comisión Europea, cuando el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que “ningún acuerdo comercial con Marruecos puede incluir el Sáhara Occidental sin el consentimiento explícito del pueblo saharaui”. En juego estaban los derechos de pesca en su línea de costa. En términos generales, el Moroccogate, aún vivo en los tribunales, revela una flagrante falta de supervisión del Parlamento Europeo. Hoy, con la crisis de Ceuta aún humeante y la Unión Europea mirando hacia otro lado, hay que recordar el lamentable papel de algunos de nuestros representantes en las instituciones europeas. Como apuntaron fuentes del Parlamento Europeo en medio del escándalo hace ya cuatro años, tras anunciar su personación como perjudicado, “siempre habrá alguien para quien una bolsa de dinero en efectivo merezca la pena”.