Hacia una nueva ley de universidades
El impacto mediático que está teniendo el escándalo de los másteres fraudulentos de determinados políticos no puede enturbiar el prestigio y el buen funcionamiento del conjunto del sistema universitario. Un caso muy circunscrito de corrupción académica y de falta de vigilancia y control no puede hacer desmerecer la gran función de las universidades españolas ni tampoco distorsionar el debate necesario que debe abrirse sobre sus problemas y necesidades reales.
Los socialistas defendemos cambios y reformas del modelo universitario español para responder adecuadamente a las necesidades y desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad y nuestra economía en la perspectiva de desarrollo sostenible para 2030. La actual ley está vigente desde 2007 (LOMLOU) y ha dejado de ser el instrumento normativo necesario para posicionar nuestras universidades ante la globalización del talento, el desarrollo científico, la transferencia de conocimiento y la formación de profesionales superiores en el mencionado horizonte 2030.
El principio fundamental es mantener la autonomía universitaria desde una gobernanza transparente basada en la confianza, la corresponsabilidad y la rendición de cuentas contando con los recursos económicos comparables a los de los países de nuestro entorno. El Gobierno ha asumido el compromiso de sentar las bases de una nueva ley orgánica de universidades, porque es imprescindible dotar a nuestro sistema universitario de un nuevo ordenamiento jurídico centrado en: a) eliminar rigideces burocráticas, b) potenciar y valorar la calidad docente sin precarizar al profesorado y c) permitir desarrollar la investigación con mayor eficiencia y más recursos, ganando en prestigio e internacionalización.
El objetivo ha de ser crear ecosistemas de innovación y conocimiento, ya sea desde universidades grandes o pequeñas, pero todas ellas con una fluida transferencia de resultados, ideas y outputs entre universidad, sociedad y tejido productivo. La creación de spin-offs, de empresas tecnológicas, de parques científicos, de plataformas de ciencia ciudadana y de proyectos con impacto social, artístico y cultural, enriquecen el emprendimiento y la innovación social situando la Universidad como centro de vanguardia de nuevas soluciones, ideas y debates, como centro irradiador y crítico de la sociedad del conocimiento y de la transformación para un futuro sostenible.
No podemos más que constatar que, a lo largo de los años de crisis y de implementación de políticas neoliberales por parte del PP, se ha disminuido claramente la capacidad financiera de nuestras universidades, se ha limitado su autonomía real y efectiva y se han erosionado de forma grave las plantillas de profesorado sin garantizar un relevo generacional digno y bien organizado. Cabe recordar que el Gobierno del PP en 2016 dejó de invertir el 62% del presupuesto en ciencia (un total de 3.155 millones de euros). En 2015 dejó sin ejecutar el 48% del gasto presupuestado que, comparado con la media europea, ya era modesto.
La desinversión en universidades y ciencia por parte de los gobiernos del PP ha sido duramente criticada por las sociedades científicas, sindicatos docentes y movimiento estudiantil. Por si fuera poco, el encarecimiento de las matrículas y la merma de las becas con la reforma Wert han disuadido el acceso a la universidad de muchos jóvenes de orígenes sociales humildes. El legado de política universitaria que nos dejan los casi siete años de Gobiernos del PP no puede ser más negativo y descapitaliza tanto esfuerzo de años anteriores. Sin embargo, las universidades españolas, a pesar de los recortes, han conseguido mantener un nivel de excelencia y calidad constatablemente elevado tanto en el terreno de la docencia como en la investigación.
Por todo ello, este Gobierno socialista está decidido a poner los instrumentos y a fijar los procedimientos que faciliten la construcción de una nueva ley orgánica de universidades. Pero queremos que esta construcción del armazón central de la ley nazca de un proceso en el cual participen activamente las universidades y sus comunidades universitarias, las administraciones, los estudiantes, los agentes sociales y las formaciones políticas parlamentarias. Estamos convencidos de la necesidad de armar una ley que tenga durabilidad y estabilidad, que haya nacido de un amplio consenso académico, político y social, y que, al mismo tiempo, sea suficientemente flexible para ir adaptándose a los cambios sociales, económicos, tecnológicos y culturales que se desarrollen en el futuro más inmediato.
En este sentido, la nueva ley es, en el fondo, el punto de partida para que entre todos podamos conseguir una política universitaria dirigida a fortalecer la continua modernización de la universidad española. Y para que, así, la universidad se convierta en un potente motor del cambio de modelo económico que necesita nuestro país. Las universidades, como instituciones sociales, son complejas, y están influidas por los cambios que contradictoriamente se desarrollan en la sociedad (local y global) de la que forman parte, por lo que siempre requieren impulsos y apoyos de los poderes públicos para fortalecer su capacidad de modernización permanente.
Para conjugar este planteamiento participativo en la construcción de la nueva ley, en estos 100 días de gobierno socialista se han creado tres comisiones de trabajo: una sobre la política de profesorado y el estatuto del PDI; otra que debata la ordenación y calidad de las enseñanzas universitarias; y finalmente una tercera sobre la internacionalización de la universidad española. Estas comisiones abordarán estos temas, que consideramos el armazón central de la nueva ley, y que una vez discutidos y consensuados conformaran la médula del borrador de esa ley que será trasladado entonces al Parlamento para su tramitación.
Detrás de esta propuesta está la firme voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de promover un modelo universitario construido desde los principios de la excelencia, la calidad y la equidad; que contribuya decisivamente a fortalecer una universidad dinámica, abierta a las demandas de la sociedad, transparente y participativa en la toma de decisiones, competitiva en los sistemas de educación superior internacionales, y robusta en su capacidad de profesionalizar el talento y la promoción social de los ciudadanos y de las ciudadanas.
