Presupuestos para construir país

Mientras los Presupuestos Generales del Estado 2023 siguen su camino antes de la aprobación a final de noviembre, aún hay margen para la negociación y mejoras durante la tramitación. Estos son los terceros Presupuestos de una legislatura marcada por sucesivas crisis que se han cebado con fuerza con las personas más vulnerables y que han hecho mermar a las llamadas clases medias trabajadoras.

Este complejo contexto no hace sino poner a prueba la capacidad del Estado para proteger no solo a las personas más débiles, sino a la sociedad en su conjunto. Y aquí es donde unos Presupuestos Generales marcan el camino por el que andar. Los PGE previstos para el próximo año presentan bastantes luces, pero también algunas sombras sobre las que seguir insistiendo. 

Vemos una clara vocación de frenar la pobreza y desigualdad creciente con propuestas que incrementarán el Ingreso Mínimo Vital y buscan controlar la inflación. También apuestan por  el apoyo a la crianza para familias con menores de 0 a 3 años a cargo, medida que resulta claramente insuficiente para hacer frente a la vergonzante cifra del 28,9% de pobreza y exclusión infantil que tenemos en nuestro país. 

Creemos que estos presupuestos pierden el foco en juventud. La inversión en gasto educativo nos hace mejorar como país, pero son necesarias políticas de juventud específicas que garanticen la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida no precario para las personas jóvenes. Mejorar el acceso a la vivienda, más allá del Bono Alquiler Joven, o poder acceder al IMV en igualdad de condiciones que el resto de la población, es fundamental para reducir las tasas de pobreza juvenil que se sitúan en el 35%.

Nuestro modelo de cuidados es aún muy deficiente, sostenido en gran parte gracias a las familias y a las personas que cuidan, en su mayoría mujeres migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular. Esperamos que el incremento para la dependencia se traduzca en mejoras laborales para las trabajadoras y en reducir las listas de espera. 

El compromiso con la solidaridad internacional y la apuesta por una verdadera recuperación justa e inclusiva en un contexto global, requiere dotar a la Ayuda Oficial al Desarrollo del presupuesto suficiente para afrontar los retos y desafíos a los que nos enfrentamos más allá de nuestras fronteras. A falta de conocer con detalle la memoria de presupuestos donde se detalla la contribución de cada ministerio a la Ayuda Oficial al Desarrollo, es importante recordar el compromiso de alcanzar el 0,5% de la Renta Nacional Bruta durante esta legislatura. Todavía estamos lejos. 

Las medidas anunciadas en el ámbito fiscal, y avanzadas por el Ministerio de Hacienda hace unos días van en la buena dirección. Suponen gravar más la riqueza y las rentas más altas, reducir los privilegios fiscales de las grandes empresas y aliviar la carga que soportan las rentas bajas (autónomos y pequeñas empresas). Resulta esencial la puesta en marcha, como recomiendan la OCDE, el FMI o la Comisión Europea, del impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, incluida la banca. 

Hay que seguir avanzando hacia una reforma permanente y estructural de la fiscalidad que permita al país equilibrar sus cuentas públicas y fortalecer un estado de bienestar que reduzca la vulnerabilidad y la desigualdad económica y social. En Oxfam Intermón nos preocupa que algunas de estas medidas se presenten como una solución temporal, ya que deberían ser el inicio de un camino que consolide un sistema tributario suficiente y progresivo, herramienta esencial para construir sociedades más justas y menos desiguales.