Receta para revertir el deterioro del sistema público de salud

La pandemia de COVID-19 ha desbordado nuestro sistema de salud y ha expuesto el deterioro y desmantelamiento de la sanidad pública gestado durante años. No cabe duda de que esta degradación ha contribuido al elevado número de fatalidades de la pandemia que en gran medida podrían haberse evitado si hubiéramos contado con un sistema de salud pública mejor estructurado y dotado, y adecuadamente gestionado.

Las causas del deterioro de la sanidad pública son bien conocidas: unos presupuestos claramente insuficientes, un número reducido de personal sanitario inadecuadamente distribuido, contratos laborales precarios y bajos salarios, aumento deliberado de las listas de espera, equipos técnicos obsoletos que necesitan renovación, una sanidad centrada en la Atención Hospitalaria que absorbe los recursos de una Atención Primaria crónicamente infrafinanciada, y administradores que desconocen los temas sobre los que tienen que tomar decisiones, entre otras. La única motivación de este catálogo de despropósitos es la privatización de la sanidad y el ánimo de lucro.

Así pues, las declaraciones de apoyo a la sanidad pública por las distintas administraciones tanto estatales como autonómicas denotan una tremenda hipocresía e irresponsabilidad política y, aún peor, un desprecio por la ciudadanía y sus derechos. Un ejemplo reciente lo encontramos en el Proyecto de Ley de Contratos de Servicios a las Personas en Catalunya, también conocida como Ley Aragonès, que pretendía privatizar prácticamente todo lo concerniente al Estado del bienestar, incluida la sanidad. Esta Ley, a pesar de haber sido duramente criticada por los sindicatos y movimientos sociales, y de ser rechazada por el Parlament de Catalunya en febrero de 2020, fue de alguna forma reactivada unos meses más tarde, en julio de 2020, por el Govern de la Generalitat mediante la publicación de un Decreto Ley que permite la privatización de los servicios sanitarios públicos.

Recientemente, un grupo de profesionales sanitarios defensores de la sanidad pública difundimos un documento en el que se exponían los “criterios para la mejora de la atención sanitaria pública en el Siglo XXI”. La contrapartida a estas propuestas no se hizo esperar y posteriormente otro grupo de profesionales sanitarios, posiblemente con propósitos diferentes, han divulgado una declaración denominada “30 medidas para fortalecer el sistema de salud”, en la que apoyan la “cooperación público-privada”, lo que en realidad supone el desvío de los recursos de la sanidad pública a la privada. La publicidad engañosa y la complicidad de estos profesionales con la Administración no es oportuna durante la pandemia de COVID-19 y sus propuestas han sido duramente criticadas y rechazadas por los movimientos sociales.

Es difícil entender este empecinamiento de las distintas administraciones y de ciertos sectores profesionales en defender la privatización de la sanidad bajo el confuso término “colaboración público-privada” después de que en el 2018 el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) criticara duramente este tipo de asociaciones para acometer infraestructuras y servicios públicos debido a insuficiencias generalizadas, gastos ineficaces, falta de transparencia, retrasos y sobrecostes, entre otras deficiencias. En este sentido, el TCE fue contundente al declarar que la Unión Europea no debe seguir financiando infraestructuras o servicios públicos con participación privada.

Los movimientos sociales y distintos grupos de opinión han insistido en la necesidad de aumentar el presupuesto dedicado a la sanidad pública equiparándose a la media europea. Sin embargo, un incremento de los presupuestos por sí mismo no garantiza que estos se gestionen de forma apropiada. El Decreto Ley del Govern de la Generalitat de abril de 2020 por el cual se dedican elevadas cantidades de dinero al sector privado por la asistencia de pacientes infectados por COVID-19 o la innecesaria construcción de nuevos hospitales, en lugar de fortalecer la Atención Primaria, son ejemplos de que las administraciones seguirán expoliando los recursos públicos. Es igualmente preocupante que parte de los futuros fondos europeos de recuperación de la pandemia puedan acabar en manos privadas.

En mi opinión, una regeneración efectiva y sostenible del sistema público de salud pasa obligatoriamente por:

-Una estructura sanitaria pública única que propicie una mejor distribución de los recursos existentes, lo que en Catalunya comportaría la desaparición del SISCAT

-La participación activa de la sociedad civil y de los profesionales sanitarios en los órganos de gestión, que permita una óptima asignación de los recursos a las necesidades sanitarias reales de la ciudadanía

-El apoyo incondicional de los ciudadanos al sistema público de salud y su rechazo a los esquemas de salud privados

-El cumplimiento del código deontológico por parte de los profesionales sanitarios que han de garantizar la calidad del cuidado como primer y único objetivo. 

La salud y la sanidad son un derecho de todos los ciudadanos sin exclusión, como se especifica en el artículo 43 de la Constitución Española. Los innumerables escritos y las manifestaciones presenciales en la vía pública y centros sanitarios en defensa de este derecho no han sido suficientes para convencer a la administración y revertir la degradación de la sanidad pública. Por tanto, la sociedad civil y los profesionales sanitarios no pueden continuar siendo ajenos a estas obligaciones y dejar en manos de las administraciones de turno decisiones esenciales que determinan la salud de todos.