Recuperar la cogobernanza

Durante las últimas semanas la pandemia se ha reactivado, si bien con ritmos desiguales, en la mayoría de los países europeos. Según el ECDC, España ocupaba el pasado 25 de julio el sexto puesto (por detrás de Luxemburgo, Rumanía, Bulgaria, Suecia y Portugal) en incidencia acumulada de casos durante los últimos catorce días.

En la actualidad hay en España más de trescientos brotes activos, y el número total de nuevos casos no deja de aumentar. Pero la situación epidemiológica española presenta dos escenarios muy bien diferenciados que es importante tomar en cuenta para las decisiones de cómo enfrentar el problema y de qué hacer para interrumpir la cadena de transmisión en cada uno de ellos.

Ciertamente, la mayoría de los brotes contabilizan pocos casos, la gran mayoría de ellos son asintomáticos y de curso leve y, de momento, se están controlando. En esta situación lo que hay que hacer es llevar a cabo una contención reforzada de manera intensiva, frenar la transmisión y aislar a los positivos asintomáticos que podrían extender la transmisión. Esto supone tener más que a punto el sistema de atención primaria, de vigilancia epidemiológica reforzada, de rastreadores y de capacidad para hacer pruebas de PCR. Y redoblar las medidas de protección desincentivando especialmente las aglomeraciones y las interacciones sociales sin distancia física y sin mascarilla

 Sin embargo, en algunas Comunidades Autónomas existe ya transmisión comunitaria y se percibe un incremento en la presión asistencial. Especialmente preocupante es la situación en Aragón, Cataluña y Navarra. Esta situación demanda un abordaje diferente, en el que no basta con la contención reforzada y hay que adoptar medidas de mitigación, de reducción de la interacción entre personas, de contención de la movilidad y si fuese necesario de confinamiento y sellado perimetral de las zonas afectadas.

Como era previsible, esta situación ha tenido un impacto negativo en el sector turístico. El Reino Unido y Noruega han establecido la cuarentena para los viajeros procedentes de España. Y países como Francia, Bélgica Alemania y los Países Bajos han recomendado a sus nacionales no viajar a determinadas regiones españolas. De poco han servido las gestiones del Gobierno recordando a los países que han tomado estas acciones que la mayoría de las Comunidades Autónomas tienen incidencias acumuladas inferiores a las de esos Estados. El daño a la imagen exterior y a los flujos de visitantes en esta temporada turística está ya hecho. Acelerar el final del estado de alarma y correr en la desescalada, poniendo por delante la reactivación de la economía a la seguridad sanitaria, como muchos hicieron desde finales de mayo, ha tenido costos económicos y sanitarios. Y se están pagando.

Acelerar el final del estado de alarma ha tenido costos económicos y sanitarios

Ahora toca plantearse, con un sentido de urgencia, qué hacer en la fase en que nos encontramos. Una fase que, desde un punto de vista sanitario, debería contemplar al menos cuatro objetivos fundamentales: a) atajar los rebrotes evitando, si ello es posible, volver a un confinamiento generalizado; b) diseñar un regreso al curso académico lo más ordenado y coherente posible; c) plantear la campaña de vacunación frente a la gripe estacional con criterios de máxima eficiencia y aceptación por la ciudadanía; d) asegurar la disponibilidad para España e ir estableciendo los criterios de distribución y uso de la(s) vacuna(s) frente a la Covid-19 que se anuncian para finales de año o comienzos del año próximo.

Estas son las tareas en las que sin lugar a duda deberá concentrarse el sistema sanitario español, con acciones tanto del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas. Todo ello, remediando cuanto antes las indudables carencias que se han observado hasta aquí en aspectos claves para el control de la pandemia: el escaso refuerzo de los dispositivos de salud pública; el insuficiente rastreo y aislamiento de los contactos de riesgo; las debilitadas capacidades y la poca coordinación con la atención primaria de salud; y la deficiente colección, consolidación y comunicación de la información sobre casos nuevos, ingresos hospitalarios y fallecimientos. A estas alturas, nada puede justificarlos. Todos nos estamos jugando mucho en ellos.

Por todo lo anterior, pensamos que la Conferencia de Presidentes convocada para próximo 31 de julio llega en un momento que ofrece una oportunidad fundamental: restablecer la cogobernanza efectiva para gestionar la respuesta a esta fase de la pandemia para evitar seguir como hasta ahora y anticiparnos a un agravamiento de la situación que obligase a hacer retrocesos que tendrían un gran impacto económico y social

En nuestra opinión no hay más opción que restablecer un esquema formal de cogobernanza como el que se vivió durante el estado de alarma precisamente para no llegar a una situación que exija tener que declararlo de nuevo. E incluso para gestionar de buena y debida forma la eventual declaración de estados de alarma selectivos que puedan estar justificados en determinadas partes del territorio.

La limitación de un derecho fundamental como es la movilidad de los ciudadanos solo puede establecerla el Congreso

No hay mejor alternativa. La reciente propuesta del PP de iniciar una serie de modificaciones legales que permitieran restringir la movilidad de los ciudadanos (o de una parte de ellos) sin llegar a declarar el estado de alarma, adolece de dos problemas fundamentales. El primero es la complejidad de su anclaje legal, que exigiría un amplio consenso político previo. Y el segundo es que habría de tramitarse como una ley orgánica, por lo que no podría ser exprés como pretenden. Y todo para, al final, acabar llegando al mismo punto de partida, a saber: que la limitación de un derecho fundamental como es la movilidad de los ciudadanos, solo puede establecerla el Congreso a propuesta del Gobierno. Cualquier cambio de este planteamiento básico exigiría reformar la Constitución.

Por tanto, si la coordinación tal como se ha desarrollado hasta ahora, está resultando insuficiente y no se quiere llegar a un nuevo estado de alarma generalizado, solo queda que la Conferencia de Presidentes se comprometa formalmente con un esquema de cogobernanza que, entre otras cosas, implica la lealtad institucional suficiente como para no vivir como un problema político lo que debería ser visto como un mecanismo adecuado para el control de la pandemia: que un Presidente o Presidenta autonómico(a) solicite, si lo considera adecuado, al Gobierno la declaración del estado de alarma en todo o parte del territorio de su Comunidad Autónoma, y que el Gobierno lo declare, delegando al tiempo en dicho Presidente(a) las facultades necesarias para gestionarlo. El necesario control por parte del Congreso de los Diputados ofrece las mayores garantías democráticas y de constitucionalidad al proceso.

Este compromiso de cogobernanza debería extenderse, al menos, a los cuatro ámbitos de insuficiencias que mencionábamos antes. Y trasladarse a la opinión pública como un esfuerzo de responsabilidad y transparencia en la gestión presente y futura de la pandemia, evitándose así la sensación de desorientación y la cacofonía de mensajes de las últimas semanas. Apoyar el trabajo pendiente en el consenso técnico (en todo aquello que se pueda) y en el consenso político, es clave para hacer las cosas bien en la gestión de los retos actuales y futuros de esta pandemia. Y en salud pública, una buena comunicación de prioridades y mensajes a la ciudadanía, a los medios y al exterior, es un elemento fundamental para gestionar cualquier crisis. Y esto también está fallando en los últimos tiempos.