Aparten sus tentáculos del periodismo

1995. Era una noche de agosto, la redacción estaba a medio gas por las vacaciones de verano y el Abc ya había cerrado su primera edición. El equipo de cierre andaba con los cambios para segunda y la corrección de erratas cuando de repente el redactor jefe de noche leyó en el teletipo una noticia de última hora. Fernando Lara Bosch, vicepresidente del Espanyol y consejero delegado de la editorial Planeta, había fallecido en accidente de tráfico en la autopista de Terrassa a Manresa, a unos 40 kilómetros de Barcelona. Telefoneó de inmediato a Luis María Anson para recibir instrucciones sobre los cambios de portada, las páginas de huecograbado, las de Cultura y los artículos de opinión que había que pedir de urgencia. 

El trabajo fue distribuido rápidamente entre la docena de redactores que había aún en la redacción, ninguno de Cultura. Mientras uno bajaba al archivo en busca de fotografías, otro llamaba al taller para retrasar el montaje de la última edición, un tercero escribía la crónica principal y un cuarto montaba las piezas de apoyo. Este último, adscrito a la sección de Sucesos, no recordaba el nombre de pila del fallecido en el momento en el que estaba escribiendo uno de los pies de foto y a voz en grito preguntó: “¿Cómo era el nombre de pila del fulano?”. En ese momento, le entró una llamada de teléfono del archivo para que bajara de inmediato a seleccionar imágenes del hijo del fundador de Planeta. Nadie contestó a su pregunta y puso bajo la caja de la fotografía el siguiente pie: “El fulano Lara, acompañado de unos amigos en un partido del Espanyol”. Se olvidó de cambiar al “fulano” por Fernando y aquel maldito texto, que nadie revisó, por despiste o por las prisas, salió publicado bajo una fotografía a cuatro columnas. 

Al día siguiente, los gritos de Anson en busca del “botarate”, “irresponsable”, “atolondrado” e “inculto” redactor se escucharon desde la primera a la última planta del edificio del periódico. La bronca fue similar a la que soportó la sección de Madrid al completo el día que en un texto de una muy veterana redactora –sobre cuyos textos había una instrucción tajante de no corregir una línea– a cuenta de la moción de censura fallida contra el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, apareció publicada la siguiente frase: “Fuentes cercanas al diputado Castedo aseguran a este diario: mi marido no es un tránsfuga”.  Ni el inexperto autor del “fulano Lara” ni la redactora curtida en mil batallas fueron despedidos ni relevados de sus funciones jamás. 

En las redacciones de los diarios y las televisiones pasan cosas raras. Más de lo que cualquier lector o telespectador puede imaginar. Y no siempre hay una mano negra ni una conspiración detrás, por más que la política no ceje en su empeño de extender sus tentáculos sobre los medios de comunicación, ya sean públicos o privados. Que levante la mano el dirigente de un partido político que no haya pedido la cabeza de un redactor, se haya quejado del enfoque de una noticia o impuesto el nombre de la persona que debía entrevistarlo para un determinado medio. Hasta donde alcanza la memoria no se encuentra ni uno. De quienes alardean de que algunos tertulianos les deben su presencia en las televisiones podríamos hablar largo y tendido, y no sólo de los políticos, sino también de los jefes de gabinete que se pavonean con su lista de peticiones en el bolsillo. Ha pasado y sigue pasando.

Lo grave no es lo que plantean o lo que exigen, sino que haya directores de medios públicos y también privados que acepten lo que les piden los políticos. Unas veces por agradarles, otras para que les deban favores y alguna que otra, a cambio de unos miles de euros en una campaña publicitaria. En periodismo, como en política, en medicina, en economía y en cualquier otra profesión, hay gente íntegra y honesta que no se deja intimidar ni comprar, y hay gente que nunca ha conocido los límites de la moral, la decencia y la necesaria independencia del poder. 

Y viene todo esto a cuenta de la polémica por el rótulo  “Leonor se va de España, como su abuelo”, que apareció en el programa La hora de La 1, de TVE, el día que Zarzuela anunció que la princesa de Asturias estudiaría en Gales los dos años de Bachillerato. La noticia, emitida en el tramo de actualidad del programa, se había tenido que preparar rápidamente puesto que se trataba de una última hora, según han explicado desde el equipo del programa. Todas las fuentes consultadas por Vertele reconocen que el texto no fue acertado y lo califican de error. También han contado que una parte de la explicación está en que desde hacía dos semanas nadie estaba ejerciendo como coordinador de guionistas. La persona que estaba en ese puesto abandonó esa responsabilidad por desavenencias sobre sus atribuciones y el cargo quedó vacante hasta solventar las diferencias. 

No hubo conspiración, ni una maquiavélica operación orquestada desde las entrañas de Unidas Podemos para seguir su supuesta ofensiva contra la Monarquía, como habrán visto publicado. El problema de RTVE no es un rótulo de los más de 1.000 que cada día aparecen en pantalla, que ha motivado una acción disciplinaria de todo punto excesiva porque ha acabado en un despido. El problema es que se ha desatado una auténtica cacería –una más– contra los profesionales de la televisión pública y que la administradora provisional que dirige la empresa desde hace tres años haya entrado al trapo de la vergonzosa campaña de quienes pretenden dar lecciones de ética periodística desde la política y desde un determinado tipo de periodismo que no es ejemplo de nada. 

Cuando la exigencia de regeneración democrática es un clamor social, se hace más necesaria que nunca también la fortaleza de una información honesta que alimente una opinión pública exigente y de unos profesionales –redactores y directivos– capaces de resistir las presiones del poder político. Y sí, el periodismo claro que debe buscarse a sí mismo en la necesaria autocrítica, a pesar de tener muchas veces redacciones exiguas donde escasea la experiencia y pese a contar con directores que se pliegan demasiadas veces ante los políticos y actúan con criterios de trincheras doblegables. 

Y lo que deben hacer los partidos es dejar en paz a las televisiones públicas en particular y apartar sus tentáculos del periodismo en general. Esto además de cumplir con su compromiso, en el caso de RTVE, de elegir por concurso público, como obliga la ley, al Consejo de Administración y la Presidencia de la televisión pública. Les corresponde en esta ocasión al PSOE y a Unidas Podemos por estar en el Gobierno. Y al PP, no dar lecciones de independencia a una televisión sobre la que ejerció todo tipo de injerencias y manipulaciones. No tiene autoridad moral y sí muchos ejemplos que le desacreditan. Unos lejanos en el tiempo ya y otros tan cercanos como el de las autonómicas donde gobiernan. De bochorno absoluto.