El conflicto de El Prat o las externalizaciones 'low cost'
El Consejo de Ministros se ha reunido, con caracter extraordinario, para adoptar las medidas que permitan iniciar una solución arbitral, de carácter obligatorio, que ponga fin al conflicto entre los trabajadores encargados de realizar el control de filtros de seguridad en el aeropuerto de El Prat y Eulen, como empresa adjudicataria de este servicio. El conflicto se prolonga ya desde hace algunas semanas, sin que las partes hayan podido resolver sus diferencias mediante un acuerdo que contemple una mejora salarial y un refuerzo del número de trabajadores encargados de prestar el servicio.
Como en cualquier otro conflicto laboral similar al que ocupa ahora nuestra atención, también en este caso los trabajadores han hecho uso de su legítimo derecho a utilizar distintos medios de presión en defensa de sus pretensiones. Obvia decir que ello ha afectado, en determinados momentos, al buen funcionamiento del aeropuerto de Barcelona en uno de los momentos del año más críticos debido a la afluencia de pasajeros.
Aunque la presión ejercida por los trabajadores no ha quebrado el pulso a la empresa forzando una nueva propuesta que se acomodara mejor a las pretensiones de aquellos, la atención mediática del caso y las quejas de los usuarios sí han motivado la intervención del ministro de Fomento con la excusa, una vez fracasado el acuerdo entre las partes directamente implicadas, de garantizar la seguridad del aeropuerto.
Para ello, la administración ha reforzado la presencia de miembros del cuerpo de la Guardia Civil quienes, sin llegar a sustituir a los trabajadores de Eulen, han evitado situaciones que pudieran afectar al orden público, además de reducir de forma significativa el tiempo que los pasajeros estaban invirtiendo hasta el momento en superar los oportunos controles de seguridad. De ahí que la oposición no haya escatimado críticas al Gobierno por una actuación que si bien los usuarios han podido agradecer, parece claro que ha desequilibrado la posición de los trabajadores en el desarrollo presente y futuro de las negociaciones.
Durante las últimas semanas hemos podido conocer las distintas variables que deben considerarse para poder evaluar todos los elementos que están en juego en este conflicto que, sin duda, va más allá de las condiciones laborales que diseña Eulen para sus empleados. De hecho, quienes pretendieron analizar las reivindicaciones de los trabajadores de esta empresa como un desencuentro más en el marco de una reivindicación propia de toda relación laboral, ignoraban que, en realidad, este caso nos interpela sobre aspectos de mayor calado.
Me refiero, por supuesto, al modelo de gestión (público y/o privado) que resulta aceptable para la prestación de determinados servicios. Si además consideramos que el servicio en cuestión puede desarrollarse por empresas privadas, como es el caso de los filtros de seguridad en aeropuertos, parece necesario plantearse, a continuación, si la normativa que regula actualmente los procedimientos de licitación no hace sino incentivar, por parte de aquellas empresas que aspiran a ser las adjudicatarias de determinados servicios, la presentación de ofertas a la baja sólo asumibles a costa de un deterioro sobresaliente de las condiciones laborales del personal que será contratado al efecto. De ser así, parece imprescindible considerar este aspecto como un elemento importante a tener en consideración.
Atendiendo al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros celebrado este 16 de agosto, en los próximos días será designado un árbitro encargado de estudiar la situación y proponer a las partes una solución de obligado cumplimiento para El Prat. Obvia decir que las partes podrán discutir en los tribunales si, en realidad, se dan las circunstancias que la ley exige para someter este conflicto a una mediacion arbitral de carácter obligatorio. Si bien, en todo caso, se deberá acatar el laudo que el árbitro dicte al final del proceso. Será entonces cuando el conflicto de El Prat concluya, pero quién sabe cuántas licitaciones de cuántos más servicios se están tramitando en este mismo momento bajo similares condiciones a las que permitieron a Eulen hacerse con esta contrata.
De todo lo expuesto, podemos advertir, sin renunciar a la gestión privada de determinados servicios, acerca de la conveniencia de reconsiderar la viabilidad de procesos de externalización low cost mediante fórmulas de adjudicación asentadas en una precariedad laboral extrema que la administración debería estar en disposición de poder evitar. No en vano es quien, en último extremo, asume parte de los costes políticos que provoca la manera en la que el servicio en cuestión es prestado.
