La corrupción de nuestro tiempo

Ignoro si José Luis Rodríguez Zapatero acabará siendo condenado por los delitos que se le atribuyen, entre ellos el de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Pero, a medida que avanza la investigación y algunos de sus antiguos socios buscan aliviar su propia situación procesal, emulando la estrategia de Aldama, resulta cada vez más difícil sostener que todo se reduce a una campaña de difamación.

Sea como sea, los indicios han permitido que Zapatero aparezca ante el imaginario público al mismo nivel que Ábalos o Santos Cerdán. Es decir, un ex secretario general del PSOE y antiguo presidente del gobierno se encuentra en el mismo tenebroso lugar que dos de los últimos secretarios de organización del PSOE, estos últimos acusados —y condenados parcialmente— de una riada de delitos. Habrá quien argumente que el modus operandi de los acusados, así como las prácticas juzgadas en ambos casos, son técnica y legalmente muy diferentes. Sin embargo, si la gente las mete todas en el mismo saco es porque comparten algún rasgo elemental. Para entenderlo bien no podemos olvidar que la corrupción es también un fenómeno cultural, una determinada manera de relacionarse con el poder y con lo común; y que esa es una esfera diferente de la meramente legal.

La idea de la corrupción como forma cultural aparece formulada con especial claridad en Metamorfosis, el magnífico último libro de Yayo Herrero, donde la autora nos recuerda que la palabra corrupción proviene del latín clásico de donde nacen dos sentidos —la degradación de algo y la compra deshonesta de voluntades— que le permiten concluir que hoy «estamos ante la alteración y degradación y tergiversación del mundo que conocíamos y ante nuestros ojos se produce un proceso de seducción y compra de voluntades global que desemboca en una impotencia e indiferencia ante el mal». Ella tiene el foco puesto en algo mucho más amplio, ya que nos habla de la corrupción de la consistencia humana estimulada por un sistema económico que no atiende a cosa distinta que no sea la maximización de la ganancia privada, pero esa imagen también está constituida por una multitud de pequeños casos locales e, incluso, mundanos.

Sin duda vivimos tiempos de corrupción. Donald Trump representa hoy la materialización de muchos de los temores de Thomas Jefferson. El redactor de la Declaración de Independencia advirtió en más de una ocasión durante el siglo XVIII que el sistema político estadounidense podía degenerar en una oligarquía donde los intereses privados terminaran imponiéndose sobre el bien común. Trump ha llevado esa confusión entre intereses públicos e intereses privados hasta un extremo difícil de imaginar hace apenas unas décadas. No es simplemente un empresario gobernando con mentalidad empresarial sino una persona que entiende el ejercicio del poder como una prolongación natural de sus negocios. Quienes lo rodean han aprendido rápidamente la lección. Y por eso se multiplican los casos de enriquecimiento debidos a información privilegiada, como ocurrió durante las primeras semanas de la guerra contra Irán o como acaba de conocerse tras descubrirse que uno de los redactores de sus discursos se embolsó 100.000 dólares apostando sobre las palabras que el presidente iba a pronunciar; y que él conocía mejor que nadie. Por no hablar de proyectos político-empresariales como el Gaza Resort, que condensa todo lo que está mal en esta forma de ver las cosas.

No obstante, Trump no está solo. Javier Milei, en Argentina, también ha convertido en discurso público lo que antes era una caricatura en los círculos de filosofía política y teoría económica; su insistencia dogmática en las interpretaciones extremas del liberalismo lo lleva a sostener que la defensa del interés privado basta, por sí sola, para producir el mayor bienestar general. En ese camino desaparecen todos los matices presentes en Adam Smith, quien popularizó la metáfora de la mano invisible, pero nunca dejó de reconocer numerosas situaciones en las que el mercado necesitaba límites, regulación o intervención pública. Normalizada esta interpretación, ya pocos se preguntan por las formas en las que los millonarios amasaron sus fortunas; al contrario, estos se han convertido en los nuevos semi-dioses que todo el mundo desea imitar. La frontera entre lo privado y lo público se ha difuminado, quedando sólo una despiadada legitimación de la invasión de lo público a manos del poder privado, esto es, de la corrupción.

En esto no está claro si fue antes el huevo o la gallina, pero que las democracias estén languideciendo en todas partes está sucediendo al mismo tiempo que la legitimación de estos discursos. El éxito cultural del fenómeno “crypto-bro” revela hasta qué punto la especulación ha sustituido al trabajo como ideal de ascenso social para una parte de la juventud. Lo mismo ocurre con quienes conciben la vivienda o las finanzas exclusivamente como instrumentos para enriquecerse a costa del esfuerzo ajeno. La lógica dominante es la del “sálvese quien pueda”: acumular hoy todos los recursos posibles porque nadie confía ya en que exista un futuro compartido. Y lo que rige entre individuos rige también entre Estados: la misma lógica de acaparamiento explica la carrera de las grandes potencias por asegurarse la energía, los minerales y las cadenas de suministro que garanticen su supervivencia.

Lo verdaderamente grave, sin embargo, no es que Trump o Milei se comporten del modo arriba descrito. Al fin y al cabo, de ellos ya no se espera otra cosa. Lo realmente grave para nosotros es que esa misma lógica haya terminado contaminando a quienes debían ser su antítesis. Porque es en ese contexto de auge reaccionario y de trumpismo internacional en el que el número dos del PSOE decidió organizar una trama de corrupción aprovechando su privilegiada posición en el partido y en el ministerio. No le importó que fuera durante la pandemia y desde dentro del primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia; ni que millones de personas hubieran depositado sus esperanzas en este proyecto. La investigación describe una trama de mordidas, contratación irregular, favores personales, prostitución, gastos sufragados con dinero ajeno y un entramado de beneficios privados incompatible con el ejercicio de responsabilidades públicas. ¿Qué queremos que piense la clase trabajadora si, en un mundo donde ya casi nadie cree en la política, quienes orquestan estas tramas son líderes que se dicen de izquierdas?

Poco importa que, desde el punto de vista jurídico, las causas de Ábalos y Cerdán no sean equiparables a la de Zapatero. El daño político pertenece a otro plano. Cualitativamente, todas estas causas son primas hermanas, porque transmiten la misma idea: que el acceso al poder puede convertirse en una vía de enriquecimiento personal a costa de lo que es de todos. Y así es como es visto por la inmensa mayoría de los españoles, quienes han sufrido un enorme mazazo con estos casos. Para el votante conservador, esta es la demostración de que “todos son iguales” (de corruptos, de ser gente que aprovecha la mínima oportunidad para llevarse al bolsillo propio lo que es de todos); para el votante progresista, esta es la claudicación moral ante la ofensiva reaccionaria: ¿qué sostendrá de ahora en adelante la confianza en nuestros líderes, aquellos votados para preservar y ampliar las conquistas sociales?

Se puede objetar que buena parte de lo que hacen Trump o Milei es perfectamente legal, mientras que a Ábalos, a Cerdán y a Zapatero se les acusa de delitos. Pero la corrupción, entendida como forma cultural, no se mide solo por la frontera de la ley. Lo que comparten todos estos casos es una misma operación: tratar el poder público como una extensión del interés privado. Milei y Trump lo hacen reescribiendo las reglas para que la apropiación resulte legal; Ábalos y Cerdán, pero también parece que Zapatero, saltándoselas. Sin embargo, la lógica es idéntica, y es esa lógica —no su encaje penal— la que corroe la idea de lo común.

Quizá por eso la corrupción resulta hoy especialmente grave. No solo consiste en desviar dinero público o infringir la ley; expresa una transformación mucho más profunda, a saber, la desaparición de la frontera entre lo que pertenece a todos y lo que puede ponerse al servicio del interés particular. Al desvanecerse tal distinción, la corrupción pasa a convertirse en una forma de entender la política. Trump y Milei representan esa transformación cultural, y ellos no reivindican abiertamente la corrupción, pero sí una concepción del poder en la que el interés privado deja de encontrar límites. La izquierda, por el contrario, solo puede defender lo público si preserva una autoridad moral coherente con ese objetivo. Cuando algunos de sus dirigentes se enriquecen aprovechando las instituciones, también están debilitando la legitimidad del propio proyecto político. Democracia y Estado social nacieron precisamente para someter el poder económico al interés general. Si esa frontera desaparece, tampoco debería sorprendernos que acaben debilitándose las libertades y los derechos que dependían de ella.