Si quieren defender Ceuta, que ayuden a Ceuta

Ceuta tiene unos 84.000 habitantes y unas capacidades de acogida muy limitadas. Por eso la permanencia prolongada de varios miles de personas sin recursos, y que por lo tanto deambulan de un lado hacia otro buscándose la vida, ha alterado profundamente el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Algunos lo expresan directamente en términos racistas, y parece molestarles sobre todo que la mayoría sean magrebíes y musulmanes, pero el conjunto de la población lo está experimentando como un fenómeno de saturación y congestión. Son dos fenómenos que se mezclan interesadamente, pero que son distintos. Y lo más importante es reconocer que Ceuta no tiene capacidad de absorción suficiente como para que la vida vuelva a la normalidad. Y, sin normalidad, la gente se frustra y se hace más sensible ante los discursos incendiarios.

Por eso, aunque nos disguste y duela, es innegable que el Gobierno ha llegado tarde. Más allá del debate sobre la causa de la entrada de miles de personas por la frontera, aspecto en el que el Gobierno sigue empeñado en proteger a Marruecos, está el debate sobre la gestión de esta saturación y congestión. La falta de soluciones prácticas y la lentitud en desplegar incluso el apoyo más básico, dejando por semanas que los inmigrantes se hacinaran en asentamientos improvisados, ha desconcertado no solo a los ceutíes sino a toda la población.

Eso sí, no existen soluciones mágicas, es decir, rápidas y que al mismo tiempo sean legales y decentes. Porque devolver de manera inmediata a todos los entrantes es tan inhumano como ilegal, aunque entre los discursos de la extrema derecha esta sea la propuesta estrella. Al fin y al cabo, si para ellos, como dijo el diputado de Vox José María Figaredo, el objetivo a perseguir en los primeros compases era cazar inmigrantes, uno tiene que deducir que ahora su objetivo es poco menos que tirarlos al mar. Esos discursos carecen de base legal, y ya han sido denunciados por incitación al odio, pero van calando entre una sociedad que ha comprado el marco de inmigración como amenaza (con la ayuda de un vocabulario muy extendido entre medios convencionales: invasión, ataque, asalto…). De ahí derivamos un problema sociológico y político importante, que nos costará caro, pero no una solución práctica y legal.

En realidad, lo único que puede hacerse al respecto es acelerar los procedimientos que marca la ley para registrar a los inmigrantes y evaluar sus casos individualmente. Este es un proceso que requiere apoyo logístico y personal suplementario para poder realizarse, lo que necesariamente es lento y exige que, mientras tanto, los inmigrantes estén en las mejores condiciones posibles. Hoy, habiendo transcurrido más de un mes desde el inicio de la crisis, todavía hay miles de personas no integradas en este sistema y que, por lo tanto, permanecen varadas en las calles de Ceuta. Pero incluso cuando ya estén todas las personas listadas y bien atendidas, seguirán permaneciendo en la ciudad y alterando la normalidad de los ceutíes. El riesgo es que entonces Ceuta se convierta en Lesbos, es decir, un territorio fronterizo transmutado de facto en sala de espera permanente de un problema que corresponde gestionar al conjunto del Estado y de la Unión Europea.

No sorprenderá a nadie que todo esto sea una bomba de relojería, de esas que se convierten en estupendas oportunidades para el crecimiento de una extrema derecha deseosa de lanzar cualquier cosa a la cara de este gobierno. Habiendo convertido la inmigración en un fenómeno criminalizado y deshumanizado, la extrema derecha, y la derecha tradicional por imitación competitiva, explotan la frustración ciudadana tanto como pueden. Pero cuando se juntan miles de personas, muchas de ellas desesperadas por recibir incluso comida, los altercados pueden producirse. Y solo hace falta un poco de mala suerte para que uno de esos altercados encienda una mecha de consecuencias impredecibles. Ya hemos visto a grupos ultras yendo a quemar los asentamientos de los inmigrantes, expandiendo así el lenguaje práctico de la extrema derecha. Qué no puede pasar si uno de esos hipotéticos altercados se convierte en la simbología que la extrema derecha necesita para darle una falsa ilusión de verosimilitud a sus narrativas xenófobas. Me temo que no estamos tan lejos de un escenario así.

Paradójicamente resulta que desactivar esta bomba de relojería es relativamente fácil, al menos técnicamente. Se trataría de obrar como se ha hecho otras veces, es decir, repartiendo el volumen de inmigrantes por toda la península y, en consecuencia, mostrando una solidaridad efectiva con Ceuta para que no sean ellos los que tengan que absorber en solitario esta función. Además, nada de esto implicaría la permanencia definitiva de los inmigrantes, que deberían seguir adscritos a los protocolos establecidos. El caso más obvio, por el que podría empezarse desde ya, y estaría justificado plenamente por la doble y triple condición de vulnerabilidad, es el de los menores no acompañados y particularmente de las niñas. La estimación de unos 2.500 menores que podrían ser repartidos desde ya dentro de los programas habituales —en el último año, y antes de esta reciente entrada, fueron efectivamente repartidos desde Ceuta más de 600 con total normalidad—. Todo ello abundaría en la protección de los menores inmigrantes, pero también ayudaría a descongestionar Ceuta y a restar presión a la situación.

Sin embargo, las comunidades gobernadas por PP y VOX se niegan. Presas del discurso de la extrema derecha, que ya provocó varias crisis de gobierno en 2021 y desembocó en la ruptura de sus alianzas, estas comunidades se niegan a ayudar a Ceuta. Ya he mencionado que los representantes de extrema derecha exigen cometer la ilegalidad de devolver a todas estas personas a la frontera. El PP, por su lado, se conforma con repetir un mantra abstracto de que quiere soluciones, pero negando la única viable a corto plazo. Y aquí, lo sorprendente, es por qué Pedro Sánchez no ha salido a la ofensiva con esta situación. Podría haber puesto encima de la mesa la hipocresía de quienes hablan de “defender Ceuta” pero luego se niegan a la única medida capaz de reducir rápidamente la presión demográfica sobre Ceuta. Podría ponerles a ambos frente al espejo y denunciar que estas derechas tratan a los seres humanos como meros objetos sin alma, y que su cristianismo es sólo estético y ya, quizás, ni eso. Podría, en definitiva, salir a la ofensiva y ser coherente con el gobierno que acogió al barco Aquarius o que está regularizando a más de medio millón de inmigrantes que ya viven y trabajan en España.

Pero no lo ha hecho. Pedro Sánchez ha decidido seguir aplastado entre el sabotaje del PP y Vox y la presión del discurso ultra, también del que procede de la Unión Europea y que ve con malos ojos que haya inmigrantes en la península —como si no entraran muchos más por avión a través de los principales aeropuertos de Europa—. Incluso en el caso de los menores, Pedro Sánchez sigue negándose a que sean trasladados a otras comunidades autónomas.

Hay quien sostiene que la ofensiva ultra se multiplicaría si el Gobierno aceptara esta única medida viable, y que terminaría cayendo. No es una hipótesis descabellada, y probablemente es lo que explica el comportamiento del presidente. Pero este planteamiento descansa en el supuesto implícito de que esperar es gratis, cosa que está lejos de ser cierta. En primer lugar, la extrema derecha no se ha desmovilizado ni una sola vez a cambio de una cesión en este terreno; ni en 2021, cuando el reparto de menores le sirvió para romper gobiernos autonómicos, ni después, cuando el endurecimiento del discurso migratorio del conjunto del arco parlamentario no le restó un solo voto. Dado que exigen lo imposible —devolver a todos, ya— nunca van a ser satisfechos, y por tanto tampoco desactivados. En segundo lugar, la demora fabrica exactamente el material que la extrema derecha necesita. Cada semana de personas durmiendo en asentamientos improvisados produce más imágenes aprovechables que cualquier autobús saliendo hacia la península: los altercados, los grupos ultras yendo a quemar campamentos, la sensación de descontrol. El Gobierno cree estar evitando un titular y lo que hace es alargar la producción diaria de titulares peores.

Al no plantear siquiera la medida, el Gobierno concede la premisa de que trasladar migrantes a la península es en sí mismo inadmisible. El Gobierno parece hipotecado por las iniciales y rápidas declaraciones de varios ministros diciendo que todos los inmigrantes serían devueltos. La realidad es más compleja que aquellas posiciones, que sonaban a precipitada defensa frente al discurso ultra, y nos obliga a reconocer que no sabemos cuántos inmigrantes serán finalmente devueltos. Lo que sí sabemos es que ese dato lo conoceremos mucho más tarde, y que lo que ahora importa es el mientras tanto en el que crecen las derechas.