Esto es un desastre

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El diputado del PNV Joseba Aguirrechea es quien probablemente mejor ha resumido en las últimas horas la polémica por el espionaje. En la comisión de Defensa y ante Margarita Robles lo explicó así: “Esto es un desastre”. El peneuvista añadió un consejo que llega tarde pero que haría bien el Gobierno en escuchar: “No tapar lo que ya huele muy mal”. 

Robles acudió al Congreso para proclamar la grandeza de España, reprender a los socios por “sembrar dudas” sobre el CNI, no dar explicaciones sobre el uso de Pegasus y comprobar que es la ministra preferida de PP y Ciudadanos. El presidente de la Comisión, el popular José Antonio Bermúdez de Castro, intentó con poco éxito que los partidos no preguntasen por el espionaje, y Edmundo Bal (Ciudadanos) dedicó unas loas a la ministra, a la que tildó como la única con “sensatez y racionalidad” en el Gobierno, que eran para sonrojarse. 

Solo un fallo de la seguridad nacional puede explicar que se haya tardado un año en saber que el teléfono del presidente y de la ministra fueron infectados. No hay que ser muy conspiranoico para sospechar que si se ha investigado ahora y se ha hecho público es porque antes los independentistas habían denunciado que habían sido espiados.

La mayoría de las pistas apuntan a que Marruecos puede estar detrás de los casos de Sánchez y Robles. ¿Qué hará el Gobierno de ser así? Es de suponer que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tuvo en cuenta esta variable antes de salir públicamente en rueda de prensa a reconocer algo que ningún otro de los mandatarios europeos espiados gestionó con tal nivel de espectáculo. 

Muchos de los expertos en ciberespionaje que estos días están siendo entrevistados en los medios pronostican que será muy difícil poder atribuir la autoría de la colocación del 'software' malicioso en los móviles de Sánchez, Robles y no se sabe si más ministros. También es de suponer que cuando Félix Bolaños compareció ante los medios era consciente de esa dificultad para llegar hasta el final. Una vez reconocida la fragilidad de los sistemas de seguridad y a la espera de que la Justicia pueda aclarar algo o nada, hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué pasa con el resto de espiados?

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, a quien el Gobierno ha decidido dejar a los pies de los caballos, acudirá este jueves al Congreso para justificar a puerta cerrada que se espió con autorización judicial a algunos de los 65 dirigentes, activistas y abogados del mundo independentista. Se remitirá a permisos individuales, motivados y con la firma del juez del Tribunal Supremo.

Ahora bien, esas autorizaciones a priori han de sustentarse en una “proporcionalidad” que parece incompatible con un sistema como Pegasus, que no se limita a escuchas telefónicas sino que es extremadamente invasivo, y está limitado a casos de terrorismo o crimen organizado. Así que deberá estar muy bien justificado y de ser así sería como mínimo sorprendente que en Catalunya tengamos a terroristas viviendo tranquilamente en sus casas. Eso en el caso de los que fueron espiados con orden judicial. ¿Y el resto? 

Disculpen la insistencia pero el Gobierno debe preservar las instituciones, todas. La Constitución establece que el presidente de la Generalitat tiene la representación ordinaria del Estado en Catalunya, algo que a menudo unos y otros olvidan. Por eso debería ser obligación del Estado  investigar quién está detrás del espionaje a los últimos cuatro presidents así como a los diputados del Parlament y del Congreso que también han aparecido en la lista de Citizen Lab.

Hasta ahora la Justicia ha demostrado un interés como mínimo discreto para saber quién utilizó Pegasus para controlar a los independentistas. Solo así se explica que el magistrado José Antonio Cruz de Pablo, que instruye la causa de Roger Torrent y Ernest Maragall, los primeros espiados, haya requerido ahora sus teléfonos para practicarles un análisis informático, un año y medio después de que así lo pidiera la Fiscalía.  

Es posible que nunca sepamos quién espió al presidente del Gobierno o quién infectó una parte de los teléfonos de personas del ámbito independentista. Probablemente tampoco tengamos la cifra real de la cantidad de móviles infectados con este sistema. Pero que haya pasado es un desastre que no se resuelve con la destitución de la directora del CNI.

Sánchez tal vez pueda sobrevivir, peor que hasta ahora, porque tiene una bronca entre los ministerios de Defensa y Presidencia, una nueva brecha con Unidas Podemos y sus socios parlamentarios más enfadados que nunca. Y aunque todos saben que la alternativa es ponerle la alfombra a la extrema derecha, fiar siempre el futuro a que viene el lobo es a estas alturas tan temerario como poco serio.

El diputado del PNV Joseba Aguirrechea es quien probablemente mejor ha resumido en las últimas horas la polémica por el espionaje. En la comisión de Defensa y ante Margarita Robles lo explicó así: “Esto es un desastre”. El peneuvista añadió un consejo que llega tarde pero que haría bien el Gobierno en escuchar: “No tapar lo que ya huele muy mal”. 

Robles acudió al Congreso para proclamar la grandeza de España, reprender a los socios por “sembrar dudas” sobre el CNI, no dar explicaciones sobre el uso de Pegasus y comprobar que es la ministra preferida de PP y Ciudadanos. El presidente de la Comisión, el popular José Antonio Bermúdez de Castro, intentó con poco éxito que los partidos no preguntasen por el espionaje, y Edmundo Bal (Ciudadanos) dedicó unas loas a la ministra, a la que tildó como la única con “sensatez y racionalidad” en el Gobierno, que eran para sonrojarse. 

Solo un fallo de la seguridad nacional puede explicar que se haya tardado un año en saber que el teléfono del presidente y de la ministra fueron infectados. No hay que ser muy conspiranoico para sospechar que si se ha investigado ahora y se ha hecho público es porque antes los independentistas habían denunciado que habían sido espiados.

La mayoría de las pistas apuntan a que Marruecos puede estar detrás de los casos de Sánchez y Robles. ¿Qué hará el Gobierno de ser así? Es de suponer que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tuvo en cuenta esta variable antes de salir públicamente en rueda de prensa a reconocer algo que ningún otro de los mandatarios europeos espiados gestionó con tal nivel de espectáculo. 

Muchos de los expertos en ciberespionaje que estos días están siendo entrevistados en los medios pronostican que será muy difícil poder atribuir la autoría de la colocación del 'software' malicioso en los móviles de Sánchez, Robles y no se sabe si más ministros. También es de suponer que cuando Félix Bolaños compareció ante los medios era consciente de esa dificultad para llegar hasta el final. Una vez reconocida la fragilidad de los sistemas de seguridad y a la espera de que la Justicia pueda aclarar algo o nada, hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué pasa con el resto de espiados?

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, a quien el Gobierno ha decidido dejar a los pies de los caballos, acudirá este jueves al Congreso para justificar a puerta cerrada que se espió con autorización judicial a algunos de los 65 dirigentes, activistas y abogados del mundo independentista. Se remitirá a permisos individuales, motivados y con la firma del juez del Tribunal Supremo.

Ahora bien, esas autorizaciones a priori han de sustentarse en una “proporcionalidad” que parece incompatible con un sistema como Pegasus, que no se limita a escuchas telefónicas sino que es extremadamente invasivo, y está limitado a casos de terrorismo o crimen organizado. Así que deberá estar muy bien justificado y de ser así sería como mínimo sorprendente que en Catalunya tengamos a terroristas viviendo tranquilamente en sus casas. Eso en el caso de los que fueron espiados con orden judicial. ¿Y el resto? 

Disculpen la insistencia pero el Gobierno debe preservar las instituciones, todas. La Constitución establece que el presidente de la Generalitat tiene la representación ordinaria del Estado en Catalunya, algo que a menudo unos y otros olvidan. Por eso debería ser obligación del Estado  investigar quién está detrás del espionaje a los últimos cuatro presidents así como a los diputados del Parlament y del Congreso que también han aparecido en la lista de Citizen Lab.

Hasta ahora la Justicia ha demostrado un interés como mínimo discreto para saber quién utilizó Pegasus para controlar a los independentistas. Solo así se explica que el magistrado José Antonio Cruz de Pablo, que instruye la causa de Roger Torrent y Ernest Maragall, los primeros espiados, haya requerido ahora sus teléfonos para practicarles un análisis informático, un año y medio después de que así lo pidiera la Fiscalía.  

Es posible que nunca sepamos quién espió al presidente del Gobierno o quién infectó una parte de los teléfonos de personas del ámbito independentista. Probablemente tampoco tengamos la cifra real de la cantidad de móviles infectados con este sistema. Pero que haya pasado es un desastre que no se resuelve con la destitución de la directora del CNI.

Sánchez tal vez pueda sobrevivir, peor que hasta ahora, porque tiene una bronca entre los ministerios de Defensa y Presidencia, una nueva brecha con Unidas Podemos y sus socios parlamentarios más enfadados que nunca. Y aunque todos saben que la alternativa es ponerle la alfombra a la extrema derecha, fiar siempre el futuro a que viene el lobo es a estas alturas tan temerario como poco serio.

El diputado del PNV Joseba Aguirrechea es quien probablemente mejor ha resumido en las últimas horas la polémica por el espionaje. En la comisión de Defensa y ante Margarita Robles lo explicó así: “Esto es un desastre”. El peneuvista añadió un consejo que llega tarde pero que haría bien el Gobierno en escuchar: “No tapar lo que ya huele muy mal”. 

Robles acudió al Congreso para proclamar la grandeza de España, reprender a los socios por “sembrar dudas” sobre el CNI, no dar explicaciones sobre el uso de Pegasus y comprobar que es la ministra preferida de PP y Ciudadanos. El presidente de la Comisión, el popular José Antonio Bermúdez de Castro, intentó con poco éxito que los partidos no preguntasen por el espionaje, y Edmundo Bal (Ciudadanos) dedicó unas loas a la ministra, a la que tildó como la única con “sensatez y racionalidad” en el Gobierno, que eran para sonrojarse.