La guerra como modelo de negocio
No es que haya guerras y, en consecuencia, por desgracia, una industria armamentística. Es al revés: existe una poderosa industria armamentística global y, por tanto, hay guerras que la alimentan. El ataque ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán, presentado como respuesta a un “peligro inminente”, forma parte de la lógica de guerra preventiva que siempre llega a tiempo para probar y vender nuevas armas. Las justificaciones cambian —ayer fueron las armas de destrucción masiva en Irak, hoy es el programa nuclear iraní o los misiles— pero el guion se repite: inflar la amenaza, desestimar los matices diplomáticos y legitimar el bombardeo. La clave no está sólo en la geopolítica, sino en la cuenta de resultados, que viene a ser lo mismo. Cada ataque sobre instalaciones iraníes dispara los beneficios de las empresas militares estadounidenses y de sus socios israelíes y europeos, para quienes las guerras en Oriente Próximo son también una línea de negocio garantizada.
Gaza ha sido el laboratorio de la barbarie donde se ha experimentado la impunidad. La furia militar israelí, ya en su tercer año, ha dejado decenas de miles de palestinos asesinados, muchos de ellos niños y ancianos, mientras crecen las acusaciones de genocidio ante la justicia internacional. Sin embargo, lejos de castigarse al agresor, su maquinaria bélica se convierte en un reclamo comercial: perversas armas battle-tested, probadas sobre una población cercada, ofrecidas como producto de alta eficacia a gobiernos que fingen escándalo ante las masacres que han contribuido a financiar.
Entre 2020 y 2024, Estados Unidos y Alemania fueron los principales proveedores de armamento a Israel, con Italia y Reino Unido como socios discretos pero constantes. La Unión Europea condenaba ante las cámaras -ya no, como, de manera escalofriante, ha escenificado Von der Leyen- mientras firmaba contratos millonarios en los despachos: sólo en 2024 los países de la UE importaron más de cien millones de dólares en armamento israelí, al tiempo que el Tribunal Internacional de Justicia admitía denuncias de genocidio por la devastación de Gaza. Lo que se ha presentado como “seguridad” europea es, en realidad, la compra sistemática de tecnología represiva, que se ha perfeccionado sobre cuerpos palestinos.
Trump encarna de modo absoluto la fusión obscena entre la bravata política y el negocio armamentístico, la amenaza como estrategia comercial. Sus anuncios de “golpear con dureza” a Irán si continúa desarrollando misiles o capacidades nucleares no sólo alimentan la escalada que él mismo ha iniciado sin consultar siquiera al Congreso de los Estados Unidos, sino que garantizan contratos, presupuestos extraordinarios y nuevas rondas de sanciones que reordenan el comercio mundial de energía y armas. En el contexto de la actual guerra contra Irán, Trump ha vuelto a utilizar el lenguaje de la humillación y el castigo ejemplar, advirtiendo de más acciones militares “inmediatas” y con el apoyo explícito o tácito de Israel. No duda, además, en presionar o amenazar a socios europeos que no se alineen del todo con su agenda bélica, como demuestra su reciente amago de embargo contra España por cuestionar el ataque ilegal contra Irán. Trump es el embajador de la extorsión, la diplomacia se sustituye por chantaje, y el chantaje y la extorsión abren nuevos nichos para la industria de “defensa”: más bases, más sistemas antimisiles, más “modernización” de arsenales.
La hipocresía armada de la Unión Europea se vende como proyecto de paz, pero ha decidido blindarse como fortaleza militar mientras externaliza la violencia a otros. Su histeria ante Rusia y su negativa a impulsar una paz real en Ucrania han servido de pretexto para multiplicar los presupuestos de defensa y consolidar una dependencia vergonzosa, casi infantil, de la protección militar estadounidense. En este marco, los gobiernos europeos apenas balbucean críticas a la guerra de Trump contra Irán o al genocidio israelí en Gaza, por miedo a perder el paraguas militar de Washington. Con la única excepción del Gobierno de Sánchez, que se ve obligado, no obstante, a poner fragatas en marcha.
La paradoja es grotesca: mientras se condenan públicamente las matanzas en Gaza, se estrechan acuerdos de cooperación con el complejo militar israelí y se compra su tecnología de vigilancia y represión. Alemania firma la mayor compra del sistema antimisiles Arrow 3, desarrollado junto a Estados Unidos, mientras otros países europeos refuerzan sus compras de drones, munición y sistemas de control fronterizo “probados en combate”. La UE se arrodilla ante Trump por miedo a perder la OTAN y se arrodilla ante Israel porque necesita armamento sofisticado con el que alimentar su propia militarización interior.
La normalización del comercio de armas es incompatible con cualquier proyecto democrático digno de ese nombre. Aceptar que nuestras ciudades, nuestros impuestos y nuestras instituciones se sostengan sobre contratos que dependen de guerras como las de Gaza o Irán es aceptar que la vida humana tiene un precio y que ese precio es negociable en Bruselas, Washington o Tel Aviv.
Washington ha aprobado decenas de miles de millones de dólares en armas, munición y equipo militar para Israel desde octubre de 2023, lo que se traduce en contratos enormes para fabricantes estadounidenses. Estos contratos incluyen bombas de gran potencia, misiles guiados, proyectiles de artillería y aviones de combate utilizados directamente en los bombardeos sobre Gaza. El dinero sale del presupuesto federal (es decir, de los impuestos) y termina en las cuentas de Lockheed Martin, RTX/Raytheon, Boeing, General Dynamics, Northrop Grumman, Caterpillar u Oshkosh.
En dos años, el genocidio en Gaza generó más de 32.000 millones de dólares en ventas de armas estadounidenses a Israel, y un paquete reciente contempló 7.400 millones de dólares en bombas, misiles Hellfire y sistemas asociados, autorizados por el Departamento de Estado para “devastar” Gaza. Lockheed Martin definió los ataques a Gaza como “oportunidad de crecimiento futuro”, y directivos de compañías como RTX o General Dynamics han asegurado en público a sus accionistas que los conflictos en Gaza y otros escenarios garantizarán contratos y beneficios futuros.
En términos políticos, el negocio funciona así: cuanto más larga y destructiva es la guerra en Gaza, cuanto más se extiende a otros territorios, más munición, bombas y sistemas de armas requiere Israel; cuanto mayor es la demanda, más contratos cierran las empresas armamentísticas estadounidenses y más suben sus ingresos, beneficios y cotizaciones bursátiles, todo ello lubricado por las ayudas públicas y por el lobby en Washington.
Frente a esa lógica, no basta con reclamar un alto el fuego puntual ni con exigir una falaz “proporcionalidad” en los ataques. Hay que cuestionar el corazón del sistema: los tratados de comercio de armas, los acuerdos de cooperación militar, las puertas giratorias entre gobiernos y empresas de defensa, la impunidad jurídica de quienes ordenan la destrucción y se lucran con ella. Hay que romper el vínculo entre armas y democracia. Si el negocio de la guerra sigue siendo rentable, habrá nuevos Irán, nuevas Gaza, nuevos pueblos y territorios convertidos en campo de pruebas militares.
Desarmar la industria armamentística —en Estados Unidos, en Israel y en la Unión Europea— no es una ingenua pretensión de pacifismo, sino una condición mínima para que la palabra democracia vuelva a significar algo que no huela a pólvora, polvo, cadáveres y desesperanza.