Un llamamiento urgente ante la reforma fiscal que prepara el Gobierno

Las personas abajo firmantes sentimos la necesidad imperiosa de pronunciarnos como ciudadanas y profesionales informadas y preocupadas por la actual orientación de la política social, y en particular por la reforma fiscal que está preparando el Gobierno. No podemos permanecer impasibles ante la aparente unanimidad, por acción u omisión, de la clase política y de la profesión económica en torno a unos principios, supuestamente inapelables, que responden exclusivamente a intereses neoliberales y patriarcales. Callar nos hace cómplices. Consideramos que la situación de emergencia social que vive nuestro país, y las perspectivas de agravarse sustancialmente con la actual orientación, exige un pacto de todas las personas preocupadas por la deriva antisocial que estamos sufriendo. Un pacto para frenar los recortes de la ya escuálida protección social existente

en España y para potenciar un golpe de timón que nos conduzca a una sociedad equitativa y sostenible, tanto en nuestro país como a escala mundial.

1.- La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español es ilegal, pues su composición (8 hombres y ninguna mujer) vulnera la Ley de Igualdad1. Acusamos al Gobierno de abuso de poder, amparándose en la impunidad que le concede ser responsable de hacer cumplir la norma que él mismo vulnera. No es cierto que no haya expertas, por tanto es injustificable el incumplimiento de la ley.

2.- Las recomendaciones de la Comisión de Expertos, y los anuncios del Gobierno, constituyen un paso más en la vía trazada por el poder hacia el desmantelamiento de nuestro sistema de impuestos, prestaciones y servicios públicos. A lo largo del siglo XX se fue perfilando un consenso social que permitió a algunos países, como España, implantar sistemas de prestaciones e impuestos progresivos a pesar de las resistencias por parte de una minoría muy poderosa. Organismos como el Banco Mundial, el FMI y la Comisión Europea abogan por la privatización y el recorte de servicios públicos y prestaciones sociales, por la desregulación indiscriminada de los mercados laborales, por

rebajar los impuestos y las cotizaciones empresariales, y por reducir la progresividad de los impuestos sobre la renta, incrementado paralelamente los impuestos indirectos como el IVA.

3.- Este camino no nos lleva a ningún sitio nuevo sino a la situación que aún se vive en la mayoría de los países del mundo y que vivíamos en España antes de la reforma fiscal de 1977 (por la que se creó el IRPF como impuesto sobre la renta personal progresivo), de la Ley General de Sanidad de 1986 (por la que se estableció el derecho universal a la asistencia sanitaria pública), de la Ley General de Seguridad Social de 1966 (con vocación de aseguramiento público a todas las personas trabajadoras y ante todas las contingencias que originan pérdida del salario), etc.

Sin sistemas universales de prestaciones y servicios públicos, imposibles de mantener sin un sistema impositivo progresivo y generalizado, tendremos una sociedad en la que una gran parte de la población se encontrará en la economía sumergida y, por tanto, sin protección social, sin pensiones, y sin prestaciones por enfermedad y por desempleo. Una sociedad con un nivel de servicios públicos aún inferior al actual, con una educación y una atención sanitaria pública deficiente, sin sistemas públicos de educación infantil y de atención a la dependencia. En definitiva, una población abandonada a su suerte y sumida en la pobreza, con bajos niveles de cohesión social y altos índices de violencia.

Esta es la situación en todos los países que no han conseguido implantar generalizadamente estos sistemas de impuestos progresivos, prestaciones y servicios públicos de alcance universal, por más que algunos de sus gobiernos proclamen la era del postneoliberalismo. Por encima de declaraciones o propuestas supuestamente imaginativas, es necesario analizar las condiciones en las que vive la mayoría de la población en cada país para observar los efectos de las distintas políticas fiscales. Es cierto que nuestro sistema debe ampliar su ámbito de protección para incluir todas las necesidades aún no cubiertas y a todas las personas que aún siguen excluidas, eliminando los elementos que responden al imaginario de familia compuesta por un hombre ganapán alejado del ámbito familiar y una esposa cuidadora alejada del empleo, sin ingresos y sin

derechos.

Pero sería muy perjudicial tratar de buscar sustitutivos o atajos: la única vía para la justicia social y para un desarrollo económico sostenible es un sistema de bienestar basado en impuestos progresivos generalizados y servicios públicos universales. Esta es la única base posible para construir un modelo que haga realidad el derecho a una vida plena en condiciones de equidad para todas las personas.

4.- La espiral en la que ya estamos, y que tenemos que revertir, se compone de varios elementos complementarios: por un lado, se recorta hasta el extremo el gasto social, con el argumento de que el déficit público es insostenible. Por otro lado, se rebajan tanto como sea posible los impuestos (sobre todo a las empresas y a las rentas altas), con el argumento de que menores impuestos aumentarán la capacidad de consumo de los hogares y animarán a las empresas a crear empleo. En tercer lugar, se recortan los derechos laborales y se bajan los salarios tanto como sea posible, con el mismo argumento de animar a las empresas. Por último, se intenta que la mayoría de las mujeres se

mantengan en la precariedad laboral del tiempo parcial y que abandonen sus empleos cuando las necesidades familiares lo requieran, con el argumento de contener la caída de la fecundidad.

5.- Todos estos argumentos son falaces. Para contrarrestarlos no hace falta apelar a complicados análisis económicos; bastan los argumentos que están en la base de la creación de los estados de bienestar y los principios ampliamente aceptados por los que debe regirse la actuación del sector público en una sociedad democrática, el principal de los cuales es el de ‘a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades’, partiendo del hecho cierto de que la inmensa mayoría de la población no puede afrontar esas necesidades individualmente.

La novedad, hoy, es que la historia nos muestra mucho más claramente los efectos de las diferentes orientaciones políticas, y en particular de la que ahora está imponiéndose. La novedad es también, y a pesar de lo anterior, que la correlación de fuerzas social ha cambiado, con la colaboración imprescindible de profesionales, “expertos” e instituciones que hacen aparecer la doctrina neoliberal como neutra, científica o incluso como la única alternativa viable. Esta orientación es desastrosa para la sociedad pero produce pingües beneficios a los grandes capitales financieros. Desgranemos algunas evidencias básicas que hoy se niegan interesadamente, así como los intereses ocultos que se encuentran detrás de esa negación.

6.- Subir el IVA y bajar el IRPF es pernicioso: el elevado protagonismo de los impuestos sobre el consumo es problemático porque aplican el mismo tipo impositivo a todas las personas, lo que supone gravar proporcionalmente más a quien menos tiene (recordemos que, debido a su menor capacidad de ahorro, las personas pobres consumen una proporción más alta de sus ingresos que las ricas). En cambio, los impuestos sobre la renta progresivos (como el IRPF) tienen una función redistributiva además de la recaudatoria. Por otro lado, una imposición directa débil no proporciona recaudación suficiente para mantener una buena protección social.

En todos los países en los que se ha construido un estado de bienestar sólido, el impuesto sobre la renta progresivo es la fuente de recaudación más importante, lo que contribuye decisivamente al consenso social que permite la implantación generalizada del conjunto de los tributos. Romper estos equilibrios deslegitima el sistema ante la población y, como consecuencia directa, hace que aumente la economía sumergida, sin derechos para las personas trabajadoras y sin posibilidad de control sobre los productos y servicios por parte de la ciudadanía. Los datos disponibles sobre el fraude fiscal en España confirman que en el periodo 2003-2012 ha aumentado. La pérdida de recaudación consiguiente al aumento de la economía sumergida conduce a ulteriores recortes, que profundizan la deslegitimación; y así sucesivamente. Esta es la espiral perversa en la que nos encontramos.

*Leer el manifiesto completo (y lista completa de firmantes)