No sabemos qué pasó por la cabeza del joven que el pasado domingo denunció que ocho encapuchados lo asaltaron en el portal de su casa causándole graves heridas y que dos días después se ha retractado y ha declarado que las lesiones fueron consentidas. Es de suponer que en ningún momento calculó las consecuencias de inventarse una agresión y no solo las que podía tener para él. Lo menos que se puede decir es que es un irresponsable que con su acción ha perjudicado a todos aquellos colectivos, entre ellos el suyo, que sí son víctimas y cada vez más de delitos de odio.
Porque si eres mujer, perteneces al colectivo LGTBI o eres migrante tienes que mirar atrás muchas veces por miedo a que te sigan, buscar las calles con mejor iluminación, enviar un mensaje para avisar de que has llegado bien a casa o pedirle al taxista que se espere a que entres en el portal. Porque desgraciadamente una falsa agresión en un portal de Malasaña no evitará que en otros sí se produzcan ataques a mujeres, gays o migrantes.
El incremento de delitos de odio nos interpela a todos, también o especialmente a aquellos que si quieren pueden ir cogidos de la mano por la calle con su pareja. Es algo que más de la mitad del colectivo LGTBI no se atreve a hacer, según un estudio de la Agencia para los Derechos Humanos de la UE. Un 38% de las personas encuestadas para elaborar este estudio afirmaba que en el 2020 había sido víctima de algún tipo de acoso. Acosos reales.
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia identifica los grupos que son vulnerables al delito de odio: solicitantes de asilo y refugiadas, las personas migrantes, las personas negras, las comunidades de personas judías y musulmanas, las personas gitanas y otras comunidades religiosas, históricas, étnicas y lingüísticas minoritarias, y las personas LGBTI. La intolerancia, en intervenciones políticas, artículos periodísticos, redes o comentarios en la calle fomentan un discurso del odio que debe ser combatido y no solo desde el punto de vista legal, algo que se da por supuesto.
Cuando Vox utiliza datos falsos y los repite pese a saber que miente sobre el origen extranjero de los autores de agresiones a mujeres está alimentando el odio hacia los migrantes. El partido de Santiago Abascal miente también cuando afirma que 8 de cada 10 denuncias por violencia de género acaban archivadas cuando en realidad son solo el 1,3%, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Aun así, en el programa electoral de la extrema derecha se proponía “la persecución efectiva” de las denuncias falsas. La del joven de Malasaña no ha hecho más que darle un argumento a Vox pero los porcentajes seguirán contradiciéndoles.
Cuando los diputados del PP no condenan o se abstienen en el Parlamento Europeo en una votación para rechazar las leyes homófobas de Víktor Orbán en Hungría, se está colaborando para que el odio contra el colectivo LGTBI se abra camino. Cuando el PP exculpa a Vox y resta importancia a que dirigentes de la extrema derecha hayan vinculado los ataques homófobos al incremento de la violencia y a la migración ilegal, legitima su discurso racista. Pasaba antes de que un joven madrileño se inventase el ataque de un grupo de encapuchados y seguirá pasando después. Solo depende del PP marcar las distancias que la gran mayoría de sus partidos hermanos en Europa han definido respecto a las políticas de Orbán y las de otros dirigentes del mismo pelaje.
Las entidades y abogados que se dedican a denunciar agresiones a colectivos vulnerables reclaman también una mayor concienciación entre los jueces para que asuman que el perfil de los agresores también ha cambiado. Ya no se trata solo de cabezas rapadas o pandilleros. Como argumenta de manera muy ilustrativa la abogada Laia Serra, “los jueces siguen esperando que sea un nazi el que cometa la agresión, pero muchas veces es el vecino del quinto”.