La palabra de un gobierno

Quien trata y contrata, a cumplir se ata

Anónimo

Andan moscas los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia porque transcurrido el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales, el Gobierno no ha aprobado los decretos que consolidarían el aumento de sueldo pactado con los colectivos durante la huelga de unos y la amenaza de paro indefinido de otros, justo antes de las elecciones municipales. Hay un pacto, firmado con luz y taquígrafos, que ahora muchos sienten peligrar porque, reflexionan, tiempo para haberlo ratificado ha sobrado.

Recuerden las circunstancias, las reuniones maratonianas, las noches en vela por Madrid, como en la canción, y los intentos para conseguir paralizar la huelga anunciada para no llegar el 28 de mayo a las urnas con los jueces y los fiscales de brazos caídos. Se consiguió, no sin notable esfuerzo de seis asociaciones profesionales y del equipo negociador de Justicia. ¿Es posible que esto quede en el limbo? ¿Existe realmente el riesgo de que el gobierno progresista prescinda de lo que suscribió e incumpla no ya su palabra sino su rúbrica?

No las tienen todas consigo los afectados. Máxime tras haberle dirigido los LAJ una carta a Pedro Sánchez reclamándole el cumplimiento de lo pactado y las asociaciones de jueces y fiscales haber reclamado abiertamente que esto se hiciera antes de que el Gobierno entrara en funciones: “Lo contrario obligará a los firmantes no sólo a exigir ante los tribunales el cumplimiento de un acuerdo claramente vinculante, sino a adoptar las medidas de presión que sean necesarias para asegurar que se atienden los compromisos alcanzados para la mejora tanto de las condiciones profesionales de judicatura y fiscalía como de la administración de justicia”. 

En Justicia no parecen excesivamente contentos con la paralización de un acuerdo que les costó dios y ayuda llevar a término, in extremis, para que no afectara a los comicios de mayo. Nadie en San Bernardo parece saber por qué no se ha dejado resuelta una cuestión para la que ya se había comprometido el presupuesto y que llevó a un acuerdo suscrito con foto de grupo incluida. Podría decirse que también están justamente cabreados en el Ministerio, a fin de cuentas los que quedan con el culo al aire después de haberse descornado para conseguir aplacar la rebelión de las togas son ellos. Lo cierto es que insisten en que los acuerdos se cumplirán y que el Gobierno tendrá que hacerlo estando en funciones, calculando que el cumplimiento para la subida de jueces y fiscales será efectiva en octubre con efectos retroactivos de uno de enero de 2023. Lo que no están dispuestos a echarse en las espaldas es la decisión de haberlo dejado para después de los comicios. Debe ser, podemos bromear, que no están esperanzados con el respaldo electoral que puedan tener del colectivo, porque no es la mejor decisión para animarles a meter tu papeleta en la urna. 

Todos los dedos apuntan hacia el Ministerio de Presidencia, que es el encargado de decidir qué va y qué no va a Consejo de Ministros. Presidencia insiste en que los acuerdos se van a cumplir -¡menos mal!- y que se están terminando de cumplir los trámites para poder hacerlo aún estando el Gobierno en funciones. Ciertamente no podemos creer que no haya dado tiempo a cubrir los trámites, más bien parece que ante la urgencia de aprobar cuestiones que un gobierno en funciones no puede llevar a cabo, ésta de la que parecen seguros que sí es legal hacerlo, ha sido preterida para dejar paso a las otras. No en vano, el último Consejo de Ministros antes de las elecciones llevaba una ristra de aprobaciones millonarias que abarcaban desde mejoras dotacionales a la Dependencia, créditos agrarios, partidas para investigación y para proyectos de vehículos de pila de hidrógeno... Una lista larga, como avanzó la propia portavoz a los periodistas al iniciar su comparecencia. De Justicia nada. 

Y dado que están tan convencidos de que lo harán en funciones, también podían habérselo aclarado a los interesados, que no pasa nada por informar, como me lo han aclarado a mí, y así les quitas la cara de bobo que se les queda a los que creen que han cerrado un aumento de sueldo y no ven que éste se plasme en un decreto como debe ser. Probablemente sea la Justicia una de las juntas que le pierden agua al gobierno progresista. No creo que lo hayan gestionado bien. En términos reales, por pandemias y huelgas, los asuntos acumulados en los tribunales de Justicia están a punto de reventar las costuras del sistema. 

La Justicia no le importa a ningún político de ningún partido, excepto para manejarla. Obviamente en el desplegable de buena gestión del gobierno progresista no aparece este apartado. El saldo es desalentador. Descalificaciones de los jueces por parte de los ministros, faltas de consideración e incapacidad para resolver los asuntos más importantes. Tres ministros de Justicia y un erial verdadero. El bloqueo del CGPJ por parte del Partido Popular -eso no ofrece duda- nunca fue bien resuelto desde instancias gubernamentales. La idea de sus fuerzas de apoyo parlamentario de bloquear por ley los nombramientos habrá logrado que no se nombren conservadores -que es lo que se buscaba- pero ha creado una situación imposible en las salas del Tribunal Supremo. Gritar a todo pulmón que los jueces son de derechas para luego putearles vivos no parece el mejor método para lograr que, alguna vez, acojan con esperanza la llegada de la izquierda al gobierno. De hecho el Constitucional tendrá que pronunciarse sobre si era posible esta reforma, una decisión que ya pospuso hasta después de las municipales y que ha vuelto a retrasar hasta que pasen las generales. 

Y menos mal que personas sensatas dentro del Psoe lograron paralizar el intento de alterar mediante ley un contenido constitucional, rebajando la mayoría de 3/5 que el artículo 122 fija para la elección de vocales. De hecho, los socialistas y Podemos llegaron a registrar la proposición de ley para rebajar esa mayoría constitucional, una idea que partió de UP y de algunos de los partidos periféricos que daba soporte en el Congreso al Gobierno. Una aberración que se abortó. 

No, la Justicia no ha sido un campo de triunfos para el gobierno progresista. La degradación del CGPJ es el mayor signo de deterioro institucional que nunca ha tenido la democracia española. La culpa ha sido del PP, no cabe duda, pero el Gobierno no lo gestionó ni lo solucionó todo lo bien que podía haberlo hecho. Tendrían que haber cumplido la ley y haber sometido a los candidatos a votación. Eso se lo acaba de reprochar Estrasburgo y tendrá que resolverlo un Constitucional que dejó sin protección a esos jueces con tres líneas de excusa. 

Sumarle al desastre un incumplimiento de lo firmado sería una locura. 

Mentir es horrible y faltar a la palabra dada si me apuran, aún peor.