O todos o ninguno: paremos la Universidad en octubre
Estamos a punto de conocer oficialmente un nuevo incremento de las tasas universitarias en la Comunidad de Madrid. Tras comunicar la consejera de Educación, Lucía Figar, a los rectores de las universidades madrileñas un recorte de 50 millones de euros en los presupuestos, éstos han manifestado que lo previsible es que se traduzca en una inminente subida de tasas de alrededor del 20%. Como es tradicional, son decisiones que se toman en verano y que ningún limitado “plan de rescate” a proveedores puede atenuar. Sumado al 38% de la subida del curso anterior, y teniendo en cuenta el incremento acumulado, tenemos que los estudiantes madrileños pagarán por sus matrículas este año un 65% más que en 2011.
Este curso ya hemos vivido el drama de los desahucios de las aulas. Más de 30.000 estudiantes se han visto al borde de la expulsión por impago en todo el Estado. Estudiantes sin recursos que, tras haber seguido el curso, se han visto en un aprieto en pleno mes de mayo para hacer frente a sus pagos y que no les anularan la matrícula. En Madrid, tan solo la decidida y solidaria acción de un puñado de estudiantes ocupando el Rectorado de la Universidad Complutense durante 21 días propició una prórroga hasta septiembre. Un parche más, como advirtieron los estudiantes y se comprueba ahora.
Otra de las polémicas del final de curso la ha protagonizado el ministro José Ignacio Wert. Su objetivo, reducir drásticamente las becas. Los argumentos son propios de una mentalidad elitista que nos devuelve, como en tantas otras acciones de este gobierno, a tiempos del franquismo: las clases bajas deben esforzarse mucho más que las altas para estar en la universidad pública. De ahí el debate “meritocrático” sobre las calificaciones.
Otra de las luchas de este año en la Universidad Complutense ha tenido que ver con el personal de limpieza. Este es un servicio que nuestra universidad pública subcontrata a otras empresas. Una de ellas, CLECE, pretendía reducir sueldos que no llegan a mil euros en más de un 20%, a la vez que buscaba incrementar la jornada laboral de 35 a 39 horas semanales. Los trabajadores iniciaron entonces una huelga, acompañada de encierros y contando de nuevo con la ayuda estudiantil. Lograron que no se redujeran sus sueldos, pero vieron aumentadas sus horas de trabajo sin contrapartida alguna. Este mes de septiembre se revisarán de nuevo sus condiciones de trabajo.
Acabamos de saber, mediante una instrucción recién publicada, que la UCM trata de cubrirse las espaldas en futuros casos de personal subcontratado con pésimas condiciones laborales. Su solución consiste en dar carta blanca a las empresas, lavándose las manos sobre lo que decidan estas respecto a sus trabajadores, muchos de los cuales llevan décadas en la institución. Esto provoca lo que ya se ha denominado como apartheid laboral: habría trabajadores con derechos de primera conviviendo con otros con derechos de segunda. Y es que además, según esta instrucción, el personal subcontratado tendrá la obligación de identificarse para distinguirse del que solo depende de la UCM.
Por otra parte, la precariedad del profesorado universitario alcanza sus cotas más altas. Ante las dificultades económicas, de nuevo en la UCM, se han dejado de renovar varios contratos de los más débiles de la cadena, los profesores asociados, a la vez que la amenaza pende también sobre los ayudantes doctores o los interinos: estos últimos son profesores que, cotizando a tiempo parcial sobre un salario de apenas 900 euros al mes, realizan el mismo trabajo que otros docentes funcionarios. Todo ello, como no se le escapará a quien conozca bien la Universidad, en el rígido ambiente plagado de informalidad y jerarquías feudales que la dominan.
En otras universidades se están dando despidos por decenas. Así, el pasado mes de marzo 301 trabajadores del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad Politécnica de Madrid fueron despedidos, y se rebajó un 10% el salario al Personal Docente e Investigador (PDI). Hace apenas unos días, se aprobó el despido de 78 interinos en la Universidad Politécnica de Cataluña. Por no hablar de la situación que estamos conociendo en el CSIC: 1.200 trabajadores menos en 2013, y un agujero estimado de 150 millones que pone en riesgo su propia existencia.
Todo ello en un contexto donde las comunidades autónomas suelen arrastrar importantes deudas con sus universidades: así, la Generalitat Valenciana adeuda 1.200 millones a sus universidades, 750 millones la Junta de Andalucía, y hace algo más de un año el presidente de los rectores madrileños cifraba en 350 millones la deuda de la Comunidad de Madrid con sus centros universitarios.
En definitiva, el endurecimiento de todo este panorama es fruto directo de las políticas del Gobierno, y atenta contra el derecho universal a una educación pública en todos los niveles. Asimismo, se vulneran aspectos esenciales del derecho al trabajo. Otra gran cuestión, que pocos se atreven a plantear, es si la Universidad cumple al menos mínimamente con la transparencia y formalidad que merecen los concursos públicos. Ninguna reforma prevista o en marcha toca adecuadamente este aspecto. Se está así atacando por diferentes vías a lo público por enésima vez: la calidad de la docencia y de la investigación se ve indudablemente resentida.
En cualquier caso nada es nuevo para quienes seguimos la actualidad universitaria desde hace años. El Informe Bricall puso la primera piedra de este desaguisado hace ya más de una década. Marcó la senda que indicaba el Banco Mundial en los noventa, como hicieron otros países europeos voluntariamente, y como ya estaban viéndose forzados —ellos sí, forzados— a hacer en África, América Latina y Asia debido a la condicionalidad de los créditos para el pago de la deuda externa. Nos suena, ¿verdad? Al Bricall le sucedió la LOU, y a esta el llamado proceso de Bolonia que, sin solución de continuidad, daría paso a la pomposamente llamada “Estrategia Universidad 2015” (EU2015). Lo último que tenemos es el informe del grupo de expertos nombrado por Wert para la reforma universitaria.
Hay una serie de grandes líneas que conectan lo precedente con los textos de la EU2015 y el informe Wert. En primer lugar, el diagnóstico del que parten es de sólidas bases neoliberales, incidiendo en que la Educación superior precisa de financiación privada porque debemos reducir el gasto público y, por supuesto, no podemos incrementar progresivamente los impuestos. Son las mismas tesis que nos siguen hundiendo económica y socialmente en esta crisis. Esto permite justificar la entrada de las empresas en la Universidad que, sin duda, podrán influir sobre las investigaciones que financien. Asimismo, este es el argumento que lleva a exigir un mayor esfuerzo monetario a los propios estudiantes por medio de un recorte de becas y de esta subida radical de tasas que estamos padeciendo. Es también lo que abre la puerta a los préstamos renta, gran apuesta del Banco Mundial… y del Banco Santander, entre otros.
La reforma gubernamental que pretende dar la puntilla a este proceso se prevé así para la primavera del año que viene. Veamos qué hace frente a ello un PSOE que ha impulsado como el que más esta estrategia desde hace años. En definitiva, tras más de una década de gestación, estamos ante un cambio brusco del modelo universitario público hacia el elitismo más atroz.
En esta situación, y cuando se han traspasado todas las líneas rojas en materia de subida de tasas, es de celebrar la iniciativa “O todos o ninguno”, que consta de un manifiesto en el que se propone detener indefinidamente la actividad de las Universidades en octubre, y para el que se solicitan adhesiones de todos los miembros de la comunidad universitaria del Estado. Esta campaña se lanza por trabajadores de administración y servicios, profesores, investigadores y estudiantes de la UCM a título individual. Pero surge de una serie de reuniones unitarias mantenidas desde el pasado mes de mayo, y por las que han pasado colectivos de PAS y PDI, asociaciones estudiantiles y hasta algún sindicato. De este conocimiento mutuo ha podido surgir una acción transversal que pretende crecer desde la unión.
Y es que la política educativa extremista del gobierno puede conseguir al fin la deseada unión de la comunidad universitaria. Desde la campaña “O todos o ninguno” se está indicando que, o se da marcha atrás en estas políticas que desahucian de las aulas a los estudiantes con menos recursos, o se deja de atacar las condiciones y la estabilidad de los trabajadores, o ninguno de nosotros comenzará el curso universitario 2013-2014. Ninguno.
La iniciativa ya empieza a contar con apoyos en el resto de universidades madrileñas, y se espera que pueda llegar a alcanzar dimensión estatal. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras despiden, explotan o impiden estudiar a los más vulnerables de la comunidad universitaria.
En septiembre se están planteando así diversas acciones, asambleas unitarias de preparación y hasta unas jornadas estatales para reflexionar sobre los detalles de esa Universidad para todos y todas que queremos. La intención es que desemboque en octubre con una salida voluntaria de las aulas, para no volver hasta que el gobierno dé marcha atrás en sus planes contra la universidad pública.
Así que ministro Wert y compañía, ya lo saben: o todos, o ninguno.
Para adherirte ahora al llamamiento, y para seguir las informaciones a partir de septiembre: http://desobedienciaciviluniversidades.wordpress.com/.http://desobedienciaciviluniversidades.wordpress.com/
