Polonia no es Catalunya
Ya que la mayor parte de los lectores están de vacaciones o a punto de irse, voy a llevarles de viaje hoy. No será un tour demasiado agradable pero es sin duda necesario. Y no voy a llevarles a Venezuela porque tenemos problemas más graves, más cercanos y que nos deben inquietar más, aunque cualquiera lo diría a tenor de la inmersión en los asuntos de allende los mares que quieren realizar algunos.
Vamos aquí, más cerquita, a uno de los problemas más peliagudos que se ciernen sobre la Unión Europea y que tiene una peligrosa similitud con algunas de las cuestiones que suceden en nuestro país. A mí esto sí que me preocupa mucho. Vénganse conmigo a Polonia. Polonia no es Catalunya sino un país de nuestro entorno que es la séptima economía de la Eurozona y que, por peso demográfico, es el más similar a España. Quiero explicarles cómo el partido ultraconservador Ley y Justicia -sí, siempre eligen estos nombres tan paradójicos- está llevando a cabo una involución que aleja a Polonia de los estándares democráticos y cómo ha llegado a un punto en el que tanto la ciudadanía, que ha salido en masa a la calle, como la Unión Europea consideran que se rebasa una línea inadmisible. El partido que gobierna Polonia con mayoría absoluta ha aprobado tres leyes que controlan al Poder Judicial sin ningún rebozo. Síganme porque se van a estremecer.
Las leyes que la UE consideran incompatibles con los estándares democráticos consisten en permitir al gobierno polaco designar y destituir al presidente del Tribunal Supremo sin alegar motivos y otra norma que otorga al Parlamento polaco la potestad de nombrar a los miembros del órgano de gobierno judicial. ¿Les suena? Les tiene que sonar tanto que les hagan acúfenos los oídos. “La división de poderes y la independencia de la judicatura han quedado erradicadas en Polonia y estamos mucho más cerca de un estado autoritario”, ha dicho el Defensor del Pueblo en aquel país. La cosa es tan, tan grave que la Unión Europea ha amenazado con retirar su derecho de voto a Polonia y con establecer sanciones contra el país si el gobierno no rectifica.
¿Saben lo que pasa? Que de facto en España pasan cosas muy similares. ¿Quién nombró al presidente del Tribunal Supremo español actual? Yo se lo digo: Mariano Rajoy. La cosa es ya de tan poco disimulo que siempre sabemos a quién va a poner el Ejecutivo al frente del CGPJ antes de que se produzca la votación y debo decirles que el presidente del Consejo es de hecho el presidente del Tribunal Supremo. Así que ya vemos cómo si hacer un cambio radical que permita al Gobierno nombrar al más importante cargo de la pirámide judicial, en España también se hace. También se le puede cesar, aunque con el colchón de los cuatro años. Transcurrido ese periodo todos los cargos judiciales españoles pueden no ser renovados y sustituidos por otros sin motivación, es decir, pueden ser destituidos.
La otra ley que ha escandalizado a Polonia y alertado a la Unión Europea permite al Parlamento polaco nombrar a los miembros del órgano de gobierno de los jueces. ¿Perdona? ¿No les suena de algo? ¿Quién nombra en nuestro país a los vocales del Consejo General del Poder Judicial? ¡Premio! ¡Se llevan la chochona! El Parlamento los nombra, y no los jueces directamente (a 12 de ellos) como marca la Constitución. Sí, esa que no se puede reformar pero se ha podido prostituir a lo largo de los años para favorecer a los que mandaban en cada momento.
¡Vaya, la loca de la Beni está comparando a Polonia con España!, dirán algunos. Me van a perdonar pero no soy yo sino que es la propia Comisión Europea la que lleva años alertando sobre la deriva antidemocrática de nuestro país relativa a la falta de independencia judicial. El Partido Popular se lleva pasando por el forro todos estos toques y no creo que el próximo 31, día en el que vence el plazo dado por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) para presentar las medidas propuestas para arreglar esta cuestión, el gobierno de Rajoy haya conseguido convencerles de que está efectivamente luchando contra esa deriva.
El grupo de control ha reiterado durante años a España que debe modificar el sistema de elección de los miembros del CGPJ para superar esa falta de independencia judicial “tanto en apariencia como en la realidad”. Lo expresan así porque la única diferencia entre Polonia y España consiste en que aquí existe en medio un CGPJ totalmente controlado políticamente que sirve de colchoneta blanqueadora de los nombramientos judiciales, aunque de hecho son los políticos los que están nombrando a los miembros de los principales tribunales y, fundamentalmente, del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Esta peligrosa realidad, que ya ha sacado a los asustados polacos a la calle, se está convirtiendo en una especie de asumida realidad para los españoles. Es una de las principales reivindicaciones que de forma forma conjunta están desplegando todas las asociaciones judiciales españolas. Tanto Rigths International Spain como Jueces para la Democracia se han dirigido también al relator especial de Naciones Unidad para expresarle la “grave situación” de España relativa a la independencia judicial. Recuerden que durante su mayoría absoluta el Partido Popular modificó hasta nueve veces la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin consensuarlo con ningún partido, y todas fue para alterar materias que afectan a la protección del Estado de Derecho.
Según los datos de ese informe de GRECO, el 75% de los jueces españoles consideran que el CGPJ no protege su independencia y el 67% que los criterios de mérito y capacidad importan una higa a la hora de ser nombrado. Ya les he explicado que el 25% restante está formado por los que están haciendo carrera a la sombra de este sistema de sumisión o los que piensan hacerla.
Les dejo ya que hagan las maletas. Si quieren, dejen que les sigan llevando a Venezuela pero no puedo dejar de advertirles que a lo mejor es para que no miren hacia Polonia. ¡Buen viaje!
