Más transparencia “a la inglesa”

Todos los años, a finales de diciembre, en el Reino Unido toca pensar en qué pasó hace dos décadas. También en qué pasó que no sabíamos exactamente. Los archivos nacionales publican la información desclasificada de resúmenes de reuniones del Gobierno, telegramas diplomáticos, notas de gastos y otra información considerada confidencial entonces. La publicación es sistemática y accesible, según una ley de 1958, cuya aplicación se ha ido actualizando con la tecnología. El estándar ahora es la publicación de documentos de 20 años atrás.

Así, en diciembre, pudimos leer sobre las presiones de Tony Blair para que los soldados británicos no fueran juzgados en tribunales civiles por la muerte de un iraquí, sus comentarios sobre sus buenos contactos en 2004 con Vladímir Putin y el convencimiento de que era un “aliado” del Reino Unido en la lucha contra el terrorismo, o el apoyo a la Comisión Europea del conservador José Manuel Durão Barroso por encima de las reticencias de los eurodiputados laboristas.

El sistema no es ni mucho menos perfecto ni tan transparente como se presume. Este diciembre, en el último momento, los Archivos Nacionales retiraron información sobre los gastos de viaje del expríncipe Andrés cuando era enviado de comercio, una posición en el centro de la investigación por la que fue detenido hace unos días. Los periodistas, que tienen acceso a una versión embargada de los cientos de documentos un poco antes de la publicación, sí los habían visto. La monarquía sigue siendo la institución más opaca y cada año trata de limitar la difusión de documentos que la conciernen.

En todo caso, los Archivos Nacionales hacen un esfuerzo de transparencia constante que no sólo consiste en colgar unos PDF. También trabajan para ordenar y explicar sus colecciones, hacen exposiciones y destacan documentos noticiosos. Algunos se pueden descargar de manera digital y otros hay que pedirlos. Sólo el hecho de tener estas reglas obliga a un ejercicio de orden que ayuda a entender el pasado reciente. 

En contraste, tenemos el caos de España, sin una ley de secretos oficiales actualizada en democracia y que depende del gusto de cada gobierno y cada ministerio. El resultado son publicaciones desordenadas y de difícil acceso. Lidiar con la ley de transparencia para solicitar información es una ocupación aparte. Ni este gobierno ni los anteriores han hecho esfuerzos claros por mejorar el acceso, como repite Civio, el medio ejemplar dedicado a la transparencia y que ha conseguido algunos avances de los que nos beneficiamos todos. El anteproyecto de ley de la Administración abierta sigue teniendo muchas lagunas, como explica Civio.  

La publicación de los papeles del 23-F es un ejemplo más de ejercicio loable, pero que se ha quedado a medias y cuya ejecución no ha incluido un esfuerzo para ordenar y explicar mejor la documentación. Como pasa a menudo en España, falla el sistema, faltan reglas claras para no depender del azar de quién esté en el poder y la voluntad del momento.