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Con la venia, respeten la ley

El juez Marchena presidió el tribunal que juzgó a los líderes independentistas por el 1-O.

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Los hay que otorgan el origen a Aristóteles cuando diferenció entre el soberano, el que legisla y el juez, aunque mayoritariamente la paternidad de la división de poderes se atribuye a Montesquieu y a su obra ‘Del espíritu de las leyes’. La distinción implica límites y respeto y eso afecta a los tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hasta aquí la teoría básica que todos los públicos podemos entender. Ahora vamos al ejemplo práctico: la ley de amnistía. 

De todo lo que han opinado distintos operadores jurídicos, incluso antes de que la norma empezase su tramitación parlamentaria, la voz más sensata ha sido la del vicepresidente de la Unión Progresista de Fiscales, Félix Martín, quien este lunes, en una entrevista en La Vanguardia, señaló que “lo más respetuoso” era no posicionarse sobre un texto que debería borrar los delitos vinculados al procés. 

En línea con lo manifestado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Martín defendía con todo atino que los fiscales no son ni deben ser arquitectos de las leyes, sino solamente “obreros” de ellas. Los arquitectos, en este caso y en cualquier otro, son los diputados. En sus manos está que se apruebe o que decaiga. Y a los jueces les corresponde aplicarla de la manera más precisa y sin dejarse llevar por sus opiniones políticas. Las que sean.

“Yo creo en las leyes y soy un aplicador. Tengo mi visión personal, pero esta no interesa. Tengo gran fe en las leyes, en las leyes que salen de nuestro Parlamento. Eso es lo que puedo decir. Y luego, como catalán de adopción que soy, estoy deseando que salga bien”, argumentaba el vicepresidente de los fiscales progresistas.

Son muchos los catalanes que también desean que salga bien. Según las encuestas, seis de cada 10. Todos tenemos conocidos que están a favor y otros (no pocos) en contra de la amnistía. Y puedo asegurarles que entre estos últimos los hay que confían en que funcione pese a considerar que la ley quebranta el principio de igualdad y estar molestos por partes del texto como el preámbulo o por la actitud bravucona de algunos dirigentes independentistas.

El PP se manifiesta en contra de la amnistía en Alcalá porque si le da algún rédito es allí y no en la Plaza de Catalunya. Aunque los populares hayan subido y mucho en las últimas elecciones catalanas (partían de tres escaños), sus 15 diputados no pasan de ser la cuarta fuerza en el Parlament. Y a cada visita de Feijóo, el candidato popular pierde enteros entre aquellos que anhelaban una derecha centrada. Que en el Cercle d’Economia, termómetro de la opinión de los apellidos que más influyen económicamente pero también a nivel político, se agradeciese a Pedro Sánchez su apaciguamiento del conflicto catalán es un gol a Feijóo de los que se recordarán como un punto de inflexión en Catalunya. El colega Manel Pérez lo ha bautizado con acierto como “el fin de la equidistancia” de la burguesía catalana.

Nadie sabe cuándo ni cómo se aplicará la amnistía porque dependerá de los jueces, empezando por los del Tribunal Supremo. La ley puede estar meses o incluso años en un limbo a la espera de que el Tribunal Constitucional y la Justicia Europea aclaren si es válida y si algunos de los posibles amnistiados quedan o no fuera, entre ellos, Carles Puigdemont. 

Hay jueces, fiscales y políticos que prefieren mirar hacia atrás porque se quedaron encallados en el 2017. Incluso algunos marean a sus votantes ofreciéndoles un viaje al pasado aunque sepan que no solo no es posible sino que los primeros perjudicados serían ellos. Pero estamos en el 2024 y el partido que ha ganado las elecciones en Catalunya y que es el único en disposición de poder formar gobierno (otra cosa es que lo consiga a la primera) es el PSC, que se presentó con la promesa de “pasar página” y abrir una nueva etapa. Una etapa en la que los jueces deberían comportarse como “obreros” que respetan y aplican las leyes incluso cuando no les gustan.

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