Sin su venia, señorías

Si la Justicia en España está politizada es porque sus señorías se dejan. La próxima vez que alguien les venga con la triste historia de ecuánimes magistrados desgarrados por las manos impuras de los políticos, díganselo sin complejos. Si les reclaman ejemplos cuéntenles, sin ir más lejos, el último movimiento del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace dos años y tan teóricamente afligido por su falta de renovación: efectuar nada menos que seis nombramientos clave en el Tribunal Supremo, incluidos tres presidentes de sala.

La decisión de renovar una parte sustantiva del gran tribunal de nuestro sistema judicial ha salido adelante con una amplia mayoría –19 votos– de vocales propuestos a derecha y a izquierda. Las designaciones han recaído en cuatro magistrados de perfil más progresista y dos de perfil más conservador. No parece probable que el Partido Popular, que la propuso en su día y la protege ahora bloqueando su renovación, designara a la mayoría conservadora en el Consejo para situar a magistrados progresistas en puestos relevantes. Tampoco parece probable que los vocales aupados en su día por el PSOE, que han votado ahora los nombramientos, lo hayan hecho siguiendo instrucciones de un Gobierno que movió cuanto pudo para detener estos nombramientos.

El Supremo se ha renovado sin que los taimados políticos hayan tenido arte ni parte. Cuando quiere y le interesa, la Justicia española actúa con una autonomía sin comparación en Europa, donde tampoco se encuentra fácilmente un órgano de gobierno de los jueces que tenga las competencias, los recursos y los poderes que detenta el CGPJ. En Alemania ni existe y al Tribunal Constitucional lo nombran una comisión elegida por el Bundestag entre dos listas, una de la judicatura y otra parlamentaria, y el pleno del Bundesrat a propuesta de una comisión territorial. En Inglaterra solo interviene el poder ejecutivo, que selecciona y nombra con total autonomía. En Portugal, nueve de los 17 miembros del Consejo son elegidos y nombrados por el presidente luso y el Parlamento. En Francia o en Italia, el Consejo lo preside o presidía hasta hace bien poco el propio presidente de la República y lo vicepreside el ministro de Justicia, sin que nadie cuestione la independencia de tales órganos. Los nombramientos italianos se conocen popularmente como “las guerras de las togas” y se refieren a los vocales propuestos por los propios magistrados, no a los promocionados por el Parlamento.

En toda esa UE que proclama observar tan atentamente la hipotética reforma de la Justicia en España, el ejecutivo y el legislativo participan en la selección y nombramiento de la organización del poder judicial porque así debe ser pues, en democracia, la Justicia emana del pueblo; no del rey o de los jueces, que solo la administran. En el ejemplo que nos ocupa del Tribunal Supremo español y las designaciones de un CGPJ caducado, puede decirse que la Justicia ha emanado de sus señorías, pero no del pueblo.

En buena parte de los países de esa Europa vigilante, la intervención de los gobiernos en los nombramientos efectivos de jueces y magistrados nos parecería un escándalo si se produjera en España. Solo nuestros propios complejos explican la incapacidad para defender un sistema donde la mayoría de los vocales sale de las candidaturas propuestas por los propios jueces y todos gozan de la legitimidad democrática de una mayoría parlamentaria cualificada.

La conclusión resulta obvia: sus señorías se dejan politizar para lo que les conviene. El argumento de la politización de la Justicia resulta una de las coartadas más perfectas inventadas nunca para evitar asumir las propias responsabilidades; además de ofrecer una alternativa de promoción profesional menos agotadora que trabajar duro y bien durante décadas. Por supuesto que existen, aquí y en todo el mundo, presiones sobre la Justicia e intentos de politizarla como el indecente bloqueo de los populares. Por supuesto que el sistema de elección del CGPJ español resulta mejorable y la reforma propuesta por PSOE y UP lo mejora poco y ha contribuido a embarrar aún más el lodazal que va engullendo la política española. Pero eso no excusa la responsabilidad de sus señorías togadas en el deterioro de un sistema que solo se politiza cuando les interesa.