¿Otra vez un congreso (auto)limitado?

Este jueves 17 de agosto se celebrará la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados y, dentro de ella, la trascendental elección de su Presidencia y el resto de la Mesa. Tras ello, dentro de los quince días siguientes, deberá tener lugar la solemne sesión de apertura de la legislatura, tal como lo contempla el Reglamento del Congreso.

Una legislatura a todas luces incierta, hoy por hoy, toda vez que aún no está en absoluto claro que pueda haber investidura de un presidente del Gobierno, con lo que, de no haberla, se producirían los efectos ya conocidos de repetición electoral, tal como ya ocurrió en 2016 y 2019. 

Legislatura que, además, en caso de prosperar una investidura, será en todo caso, tal como todo apunta, y habida cuenta de la composición de las cámaras, complicada e inestable –pongan ustedes el adjetivo que quieran, pero seguro que no se aleja mucho de estos–. Por tanto, un tiempo en el que el papel del Parlamento –del Congreso y del Senado– y de sus Mesas – particularmente la del Congreso– va a ser, como siempre, absolutamente relevante.

Pues bien, comienza ya a atisbarse que en esta legislatura –dure lo que dure– volverá a producirse la misma dinámica que en las anteriores, esto es, una dinámica parlamentaria filtrada y mediatizada por los partidos políticos, al margen de la propia vida parlamentaria. Lo digo, como lo he hecho en ocasiones anteriores, porque, por elemental higiene democrática, los acuerdos más relevantes debieran debatirse y adoptarse en el seno de los grupos parlamentarios, grupos que, es claro, se identifican normalmente con los partidos o coaliciones de referencia en cada caso. Y ello, pese a que es bien evidente, desde un punto de vista estrictamente democrático y también jurídico, que un grupo parlamentario no se corresponde necesariamente con un partido o una coalición o que en un grupo parlamentario puede haber, como de hecho sucede, representantes independientes o sin afiliación partidista cuya voz y voto debieran ser también relevantes, lo que no suele ocurrir. 

Y es que, normalmente, salvo sorpresas y errores más o menos chuscos y extravagantes, poca sustancia se reserva para el debate parlamentario, para que la tan aireada “representación de la soberanía popular” participe seria y eficazmente en las más relevantes decisiones. Ya, ya, ya sé que son el Congreso y el Senado los que deciden, y cada persona con su voto, pero lo cierto es que este acto de pulsar uno u otro botón se ha convertido en algo automático, cuyo contenido está previamente decidido por la cúpula de los partidos –más o menos amplia, según los casos–, sin debate interno real en cada grupo parlamentario.

Llega ahora la elección de la Mesa del Congreso. Cierto es que los grupos parlamentarios aún no están constituidos, pero bien es verdad que alguna participación real, al margen del voto, debieran tener en este primer acto parlamentario quienes van a formarlos, lo que tampoco está ocurriendo, pues son las personas designadas por las direcciones de los partidos quienes están negociando –sin que haya en este tema prácticamente ninguna excepción–.

Y lo mismo ocurre con la designación de quienes actuarán como portavoces de dichos grupos. Lo escribí ya hace tiempo y tengo que reiterarlo al hilo de la “designación” –no sé muy bien cómo denominarlo– de la diputada Marta Lois como portavoz de Sumar en el Congreso, según se lee en su propia cuenta de twitter en la que da las “gracias a Yolanda Díaz y a las fuerzas políticas de Sumar por la confianza”, sin esperar siquiera a que se constituya y reúna su grupo parlamentario. Lo que les decía: no hay ni siquiera esfuerzo alguno por mantener una mínima “estética democrática” que entiendo ha de preservarse necesariamente, so pena de confusión ciudadana, desprestigio institucional y deslegitimación del Parlamento. ¿Tan difícil les resulta a los partidos dejar estas decisiones a los grupos parlamentarios, sin injerencias?

Y lo que ahora digo de Yolanda Díaz y Sumar lo diría de otras similares “designaciones” de portavoces que a poco tardar harán los restantes partidos. No tengo duda alguna de que así será, aunque no lo quisiera. Así ha sido en el reciente pasado, como cuando el secretario general del partido –y presidente del Gobierno–, Pedro Sánchez, decidió que Patxi López sería el portavoz del Grupo parlamentario socialista en el Congreso, o cuando lo fue Cuca Gamarra por el Comité Ejecutivo Nacional del PP, o como el anterior portavoz del Grupo parlamentario de Unidas Podemos – dicho resumidamente–, Pablo Echenique, fue designado por el Consejo de Coordinación de Podemos, o el portavoz del grupo nacionalista vasco, Aitor Esteban, lo fue por el EBB del PNV –todo ello salvo error mío–. 

Cuanto el mal está tan extendido sólo significa que resulta hoy por hoy imposible sustraerse a estas tentaciones de dominación partidista de los órganos de representación ciudadana. Y esto es solo un “mero detalle”, en un mar de desmanes continuos, como el vergonzoso procedimiento para la última y reiteradamente fallida renovación del CGPJ, en el ha quedado en evidencia el más que ridículo papel reservado a las cámaras representativas, pues todas las “negociaciones” –o como se quieran calificar– se llevan a cabo entre líderes de los partidos, reservándose al Parlamento un papel de mero títere de las decisiones que pudieran adoptar las cúpulas de aquellos. Parlamento cuyas Cámaras –sus Presidencias– han sido incapaces en estos casi cinco años de convocar sus Plenos respectivos para proceder a esta designación, siempre a la espera de las negociaciones partidistas, faltando así a su obligación. 

¿Y esto es realmente grave y relevante? ¿Afecta a la ciudadanía? Pues, en mi opinión, mucho más de lo que parece y de lo que se pretende admitir. Habrá quien piense –legítimamente, por supuesto– que a estas alturas del debate político y con los enormes problemas que tienen demasiadas personas, estas cuestiones pueden resultar “menores” o “rebuscadas” o un “lujo”, pero no es así. Porque nada impide –sino al contrario– compatibilizar la forma democrática con el fondo y objetivos del Estado social. Todo ello es imprescindible.

Observo así un Parlamento –Congreso y Senado– limitado, pero ciertamente “autolimitado”, sometidos voluntariamente sus miembros a las direcciones de los partidos y omitiendo e incluso evitando la vida parlamentaria, con lo que renuncian a su papel constitucional, a sus derechos y, sobre todo, a sus deberes con la ciudadanía a la que representan. En términos de la Sentencia del Tribunal Constitucional 69/2021, de 18 de marzo de 2021, “cuando se trata de tales cargos representativos, el derecho enunciado en el artículo 23.2 CE ha de ponerse en conexión con el de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal (art. 23.1 CE), pues son los representantes quienes actualizan aquel derecho de los ciudadanos, al margen ahora la participación directa a la que el propio precepto se refiere”.

Y es que, ciertamente, la descripción que hace el TC del derecho ciudadano a la participación política dista mucho de la realidad. De un lado, porque los grupos parlamentarios del Congreso se constituyen con las personas elegidas en listas cerradas y bloqueadas, decididas en todos sus extremos por los partidos, con más o menos grado de democracia interna, no teniendo la ciudadanía más opción de voto que el “refrendo” de las mismas, con lo que, en el fondo, las personas electas no representan realmente a la ciudadanía votante sino a los partidos, algo que debiera corregirse so pena de vaciar de sentido este derecho constitucional. Debiendo recordarse, además, que, aún siendo cierto que no existe mandato imperativo a los representantes, como expresamente prevé la Constitución –tal como ocurre en prácticamente en todos los países–, también lo es que resulta imprescindible una intervención dinámica, intensa y pública de los grupos parlamentarios y de sus miembros en el ejercicio de sus funciones, al margen de las decisiones formales de los partidos a los que indudablemente están conectados. 

Para que el Parlamento nos represente de verdad, a ustedes y a mí.

Lo cierto es que no tengo ninguna esperanza de que las cosas vayan a mejorar en este aspecto. La realidad es tozuda y vuelve a imponerse. Y bien que lo lamento porque nos va mucho en esto, aunque a veces no lo apreciemos en toda su dimensión.